Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de que no desea para los españoles un “populismo fiscal como el de los peronistas, que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado, quitándole a la gente para repartirlo en pagas, ayudas y subsidios”, provocaron en importantes dirigentes kirchneristas reacciones esperables: ninguna autocrítica, agotadoras victimizaciones, falaces analogías, peligrosas chicanas y la ya constante necesidad de reversionar la historia a gusto del relato que intentan imponer desde hace años, aunque cada vez con menos réditos.
No son nuevas las críticas de la alcaldesa de Madrid al actual gobierno argentino y al peronismo en general. Durante la pandemia por coronavirus, defendió la apertura de comercios y de escuelas. “Apostamos a ir contra el virus, no quedarnos de brazos cruzados y optar por el cierre masivo, que a lo único que lleva es a la ruina de muchas familias y no soluciona el problema de los contagios”, había dicho respecto de los países que obraran de forma contraria. La realidad le dio la razón.
Más recientemente, al criticar la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de crear el impuesto de “solidaridad” para las grandes fortunas, Díaz Ayuso dijo que se negaba a que “el peronismo arruine el motor económico de España” y que no le resultaba una casualidad que más argentinos se estén yendo a Madrid “a vivir en paz, sin ver cómo casi todo lo que han conseguido es pisoteado por la máquina de la subvención”, al tiempo que describía a la Argentina como uno de los países que fueron ricos y que ahora “lleva décadas estancada por políticas intervencionistas al servicio del poder político: gasto público desbocado, inflación que supera el 50%, desánimo, desincentivo”.
Más allá de que ha dicho una suma de duras verdades, varios dirigentes del kirchnerismo le han respondido atacados por una sobreactuada ofensa que los ha llevado incluso a la advertencia y a la agresión, como si la señora Díaz Ayuso no tuviera siquiera permitido el derecho de ser libre para expresarse.
“Demonizar a una fuerza política nacional y popular, que actúa en democracia y representa los intereses de las mayorías, siempre termina mal, y quienes sufren las consecuencias son los más débiles”, se pronunció públicamente el Partido Justicialista respecto de lo que consideraron un “insulto” de la dirigente española, en una mezcla de rancia victimización y velada amenaza.
No menos impresentable ha sido la reacción de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, al utilizar una de sus improductivas peroratas para responderle que mejor se fijara en que “está siendo investigada por la Fiscalía europea porque, durante lo peor de la pandemia, el negocio de las mascarillas [tapabocas] lo llevó adelante su hermano” y agregar que “tal vez eso de dejar todo para los ricos y quedarse los negocios del Estado para las familias es algo que tienen en común la señora Ayuso y el señor Macri”. Más allá de que Díaz Ayuso ya ha hablado del tema de su hermano y de que deja que avance la Justicia para determinar responsabilidades, resulta entre alarmante y grotesco que se exprese en esos términos la portavoz de un gobierno cuya vicepresidenta –entre otros muchos funcionarios y exfuncionarios– está acusada de corrupción y de gravísimos delitos contra el Estado.
Victimización, datos amañados, groseras tergiversaciones y teatrales indignaciones. Echar la culpa de todos los males a poderosas conspiraciones internacionales –aunque provengan de la opinión de una alcaldesa madrileña– ya no le alcanza al Gobierno para intentar desviar la atención y rehuir responsabilidades. Como ha dicho con acierto Díaz Ayuso, “está muy bien ayudar a quien lo necesita, pero lo que quieren esas personas es salir adelante”.
