Un verdadero ejemplo de traspolación a la desvergüenza lo vienen dando las defensas de los principales acusados en la causa conocida como Vialidad, en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del pseudoempresario Lázaro Báez. Es sabido que los abogados harán todo lo posible por intentar demostrar la invocada inocencia de sus representados, pero, muchas veces, a la falta de pruebas contundentes se la reemplaza con declaraciones altisonantes, más cercanas a juegos dialécticos que a evidencias irrebatibles.
Según la defensa del ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner, se busca condenar a su defendido por portación de apellido, ya que es primo del expresidente Néstor Kirchner. En su alegato ante el tribunal oral que lo juzga, los abogados Enrique Arce y Nicolás Guzmán pidieron su absolución al considerar que no incumplió los deberes de funcionario público durante los 12 años que ocupó el mismo puesto en la secretaría que manejaba José López. Para la fiscalía, en tanto, Carlos Kirchner no cumplió con ninguno de los deberes asignados a su cargo, permitiendo de forma deliberada que se cometieran los delitos.
“José López fue parte de un proyecto político y se dedicó tiempo completo a gestionar y contribuir al bien común”, afirmó el defensor oficial Santiago Finn, al negar que su cliente hubiera beneficiado al grupo Austral. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola lo acusan de formar parte de la organización ilícita que permitió el direccionamiento de obra pública. López ya fue condenado por enriquecimiento ilícito en otra causa derivada del hallazgo de bolsos con nueve millones de dólares que intentaba ocultar en un convento de General Rodríguez.
Tampoco llega a sonrojarse el abogado de Lázaro Báez cuando asegura que todo lo hecho por su cliente “fue lícito”, que lo único que ha hecho ha sido “apostar por el país”. Esas afirmaciones de Juan Villanueva chocan con la acusación del Ministerio Público Fiscal, según la cual sin Báez “no se hubiera concretado el plan criminal para desviar fondos del Estado” en favor de Austral Construcciones. Báez está acusado de haber sido el organizador de una asociación ilícita dirigida primero por Néstor Kirchner y luego por la actual vicepresidenta para beneficiarlo –y beneficiarse– con 51 contratos de obra pública por 46.000 millones de pesos.
Ver conspiraciones políticas, judiciales y mediáticas donde no las hay es otro de los tan forzados como lamentables artilugios a los que recurren quienes amiantan sus facciones para sostener lo insostenible. Basta con prestar atención a las declaraciones de Cristina Kirchner cuando agita el fantasma de un lawfare inexistente o a las del juez federal con competencia electoral Walter Bento, acusado de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios a presos por graves delitos como narcotráfico, lavado y contrabando. Bento, quien cuenta ya con varios procesamientos por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y cohecho, falsedad ideológica y prevaricato en distintas causas, se defendió ante el Consejo de la Magistratura diciendo que es víctima de una persecución infame de los medios, la política y la Justicia.
La lista de ejemplos es larga e incluye el harto conocido forum shopping, al que suelen acudir quienes buscan beneficiarse con fallos de juzgados que presumen más amigables para imponer sus intereses. Ocurrió, por ejemplo, con la empresa Electroingeniería SA, la que, como parte de la unión transitoria de empresas (UTE) que construye las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, sufrió un revés en la Justicia al no lograr que una causa que había iniciado contra el Estado nacional en el juzgado federal de Río Gallegos avanzara a su favor. Esa causa fue unificada con otros expedientes en los que la Justicia Federal en Buenos Aires analiza la validez y seriedad del estudio de impacto ambiental presentado en 2017 sobre las condiciones sísmicas en los terrenos que presentan grietas potencialmente atribuibles al impacto negativo de la obra.
Está clara la posición de quienes prefieren el juego dialéctico a la provisión de pruebas, demorar los procesos con el fin de extinguirlos sin consecuencias anteponiendo el beneficio propio al bien común. Sin embargo, y afortunadamente, la sociedad está aprendiendo a distinguir cada vez con mayor claridad entre los blindajes de amianto y la implacable verdad.
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