Descuidismo por mitosis

“Están ahí, pero no los ves. De eso se trata. Están pero no están. Así que cuidá el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuidá los ahorros, cuidá el culo. Porque están ahí, van a estar siempre ahí. Chorros. No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, biromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pesqueros, filos”. Marcos (Ricardo Darín) en “Nueve Reinas” (2000).

Luis Juez se había comprado el traje. Pensó que su asunción como consejero en el Consejo de la Magistratura era solo cuestión de tiempo. Pertenece a la segunda minoría en el Senado, el PRO. A él le corresponde el lugar, según la ley.

Sin embargo, un segundo de distracción le valió que le birlaran el cargo. Una descuidista institucional lo puso a dormir y se quedó con el lugar.

“Descuidista” es alguien que se especializa en birlar objetos sin violencia y en espacios públicos, esperando el momento en que la víctima no presta atención. Si lo hace desde una posición de poder, por analogía podríamos hablar de un “descuidista institucional”.

Valiéndose del manejo de la lapicera y recurriendo a un ardid numérico, desde su sillón de presidenta del Senado ordenó la división del bloque oficialista y de tal modo se quedó con el puesto de Luis Juez

Los 35 senadores del Frente de Todos se convirtieron, por arte matemático, en el bloque Frente de Unidad Nacional y Popular, con 21 integrantes como mayoritario, y en el bloque Unidad Ciudadana, con 14 integrantes como segunda minoría. Fue un procedimiento por mitosis, que es el fenómeno de división celular.

Una magistral jugada de ajedrez, piensan los oficialistas, una burda e ilegal maniobra para apropiarse de lo ajeno, sostiene la oposición. A unos y otros les asiste la razón.

Vayamos por partes. Los opositores cuestionarán judicialmente la designación del senador oficialista Martín Doñate, pero los antecedentes políticos y judiciales ponen interrogantes en el planteo.

En 2015, la vacante en el Consejo dejada por la diputada kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, cuyo bloque reclamaba la designación de su suplente Marcos Cleri para completar su mandato, fue ocupado por el cambiemita Pablo Tonelli.

¿Cómo? Con una jugada similar pero opuesta. Sumaron otros bloques para autoproclamarse “mayoritario” y, así, en un acto de descuidismo por desmosomas (proceso de unión entre células), le arrebataron el lugar al Frente para la Victoria.

El kirchnerismo se lo cobró tres años después, en 2018, donde a través del mismo método, uniéndose con otros bloques, principalmente con el peronismo federal, designó consejeros a los diputados Wado de Pedro y Graciela Camaño.

Todo queda en la aplicación del viejo principio mafioso: “entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera”.

En uno y otro caso las jugarretas políticas presiden la escena, la ley queda a un costado y las maniobras descuidistas permiten violarla y sustraer derechos que no les corresponden a los que manejan la lapicera.

Hoy fue Cristina la descuidista por mitosis, ayer fue Monzó por desmosomas, pero en ambos casos el hilo conductor es la obsesiva pretensión de la política de manejar la justicia.

Obviamente, no todo es de un paralelismo absoluto; lo de Monzó fue una jugarreta para birlar un representante, lo de Cristina una conducta reiterada con un objetivo central: fracturar la República y concentrar el poder.

Ahora, Cristina le agrega un motivo personal, escaparle a la cárcel. Antes, una impronta autoritaria de borrar todo vestigio de república y de división de poderes. Lo hizo con su ley del Consejo de la Magistratura de 2006, y con sus “leyes de democratización de la Justicia” en 2013, que ataba la elección de jueces a las listas de los partidos políticos. Ambas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte.

Ahora bien, ¿vale todo en este juego estratégico de la política parlamentaria? ¿Es todo lo mismo? ¿Rige la ley del más pillo, del más vivo, del más poderoso? Los diques legales que existen para los ciudadanos de a pie, ¿no se aplican en la política?

Creo fervientemente en la ley, en el Estado de derecho, en la regulación de las conductas y fundamentalmente creo en la existencia de una justicia humana que, aunque imperfecta, debe regir los comportamientos en una sociedad, tanto de gobernantes como de gobernados.

Si ello no ocurre, si comenzamos a relajar nuestros procederes en relativización de la ley, si toleramos como práctica continua el manejo inescrupuloso de los poderosos, seguramente seremos una sociedad que va camino a su desintegración. Parece que es eso, lamentablemente, lo que nos sucede a los argentinos.

En el caso que nos ocupa, la designación de un senador oficialista, en lugar del opositor Luis Juez, para integrar el Consejo de la Magistratura, creo nos debe remitir a un análisis más general, que excede la insana pulsión por manejar la justicia.

Tenemos que examinar la decisión de Cristina a la luz de los principios de legalidad, de legitimidad y de eticidad, aplicables para todos los integrantes de una sociedad, pero en especial —muy en especial— para los funcionarios públicos.

El principio de legalidad consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. El artículo 114 de la Constitución que regula el Consejo, habla con claridad de “la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular”. El momento de la elección popular es clave, a él debe remitirse la representación de mayoría y minorías, no a la división posterior, artificial y manipulada.

El principio de legitimidad se configura cuando una decisión es obedecida sin que medie el recurso del monopolio de la ley. Apela al ideal de justicia, es un consenso moral acerca de la validez de una decisión de autoridad. ¿Existe un consenso moral sobre la decisión de la vicepresidenta de dividir el bloque para tener un lugar más en el Consejo”. No y mil veces no.

El principio de eticidad está relacionado con el conjunto de valores que se consideran vigentes en una sociedad y en un momento determinado. La ética define los comportamientos correctos basándose en los principios generales. ¿Es ética la decisión de Cristina? Seguramente que no, se basa en el engaño y la manipulación.

Entonces, debemos decir que su decisión es ilegal, ilegítima y antiética. Los antecedentes jurisprudenciales podrían beneficiar a la vicepresidenta, desde el punto que su jugada institucional pueda considerarse como un acto de poder “no judiciable”.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la presidenta del Senado solo comunica, no designa, es probable que su nota al Consejo pueda ser considerada un acto administrativo pasible de ser cuestionado judicialmente.

De cualquier modo, el fondo del tema en la Argentina de 2022 es que estamos bailando institucionalmente al compás del minué de la impunidad. Luego del “huracán” Cristina, el país quedará devastado axiológica e institucionalmente.

En ese marco, debe inscribirse también la reactualizada pretensión de aumentar los miembros de la Corte, para coparla.

Por Jorge Eduardo Simonetti 

jorgesimonetti.com

Especial para El Litoral