La Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a una de las mujeres detenidas por los asesinatos de Sergio “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre, Julio “Milton” Canteros, de 64, ocurridos el 6 de agosto del año pasado durante una disputa por puestos de venta en el santuario del Gaucho Gil de la ciudad de Mercedes. La causa ya se encuentra en el Tribunal Oral Penal de Mercedes y se espera que a principios de agosto inicie el juicio.
Diana Canteros, hermana e hija de las víctimas, se mostró confiada en que se hará justicia. Sin embargo, dijo estar indignada por la prisión domiciliaria que le otorgaron a Magdalena Astarloa.
“Obtuvo el beneficio porque se encuentra embarazada de siete meses. Lo hizo a propósito. Se embarazó en la cárcel para poder estar en su casa. Me explicaron que el niño por nacer tiene ese derecho, pero me pregunto dónde están los derechos para los hijos de mi hermano. Mis sobrinos tienen 2 y 10 años y ya no pueden tener a su papá. Es muy injusto todo”, dijo Canteros en diálogo con El Litoral.
“Los delincuentes y asesinos tienen más derechos que los ciudadanos comunes. Mi padre y mi hermano eran trabajadores, gente de bien, y fueron asesinados por matones y lacras”.
“Astarloa tiene que ser condenada. Ella era quien lo pateaba en la cabeza a mi papá cuanto estaba tirado en el suelo inconsciente; mi mamá le pedía por favor que lo dejara”.
“De la investigación surge que las mujeres fueron los que les entregaron los cuchillos a los hombres. Una de ellas fue Astarloa. Incluso ella fue quien también apuñaló al cuñado de mi hermano. Es una asesina”, afirmó Canteros.
“Nuestra familia lucha contra toda una mafia. Pero hay videos y audios que son pruebas contundentes para acreditar que los detenidos son los asesinos. Esto fue una matanza perfectamente planificada. Pero aun así se podría haber evitado, porque la viuda de Sergio se cansó de llamar y avisar a la Policía que la estaban amenazando”.
En la causa hay varias pruebas para sostener la imputación a los acusados, como el informe del cotejo de las muestras de manchas de sangre halladas en las prendas de vestir de algunos de los acusados con sus respectivos ADN; como así también los videos.
Son filmaciones realizadas con celulares en el momento del violento ataque, en los que se individualiza con claridad quiénes eran los que apuñalaron a las víctimas.
Cabe recordar que el doble crimen que conmocionó a Corrientes sucedió el 6 de agosto, cuando, de acuerdo con la investigación, un grupo de personas vinculadas con la anterior administradora del santuario, Ramona Villalba, irrumpió en terrenos donde se domicilia la familia Canteros con el fin de tomar posesión de un predio pretendido como lugar de instalación de puestos de venta, ubicado frente al santuario.
Como consecuencia de los ataques con armas blancas, Sergio Canteros murió esa misma noche y su padre falleció el lunes 9 de agosto, cuando permanecía internado en el Hospital Las Mercedes.
El expediente está caratulado de oficio por supuesto homicidio agravado por ensañamiento y en concurso real y homicidio en grado de tentativa, una vez reiterado, agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Tras los salvajes crímenes, en diciembre del año pasado una cuadrilla de la Dirección Nacional de Vialidad destruyó todos los locales ubicados alrededor del santuario con una retroexcavadora.
Así se dio cumplimiento a la orden del juez federal de la ciudad de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda.
(NG)
