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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Segundo puente y obras de circunvalación

Por León Horacio Gutnisky*

Especial para El Litoral

En la edición del día jueves 14 del diario El Litoral, se destaca en la página 2 las declaraciones del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien habla de una licitación de “primera etapa de la circunvalación del puente Chaco-Corrientes”.

Es decir, como se señala en la página 4, de obras de acceso para el segundo puente, y en esa misma hoja 4, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, señaló que la idea central es licitar eso (la circunvalación o acceso al segundo puente).

O sea, de obras terrestres, no del puente, y debemos hacer notar que las obras de circunvalación del puente están previstas en aproximadamente 30 kilómetros, que van desde cerca de Puerto Vilelas, da una vuelta enorme de saneamiento del Gran Resistencia y eso sería lo que se licitaría, aparentemente con fondos nacionales.

Mientras tanto en Corrientes no está claro el llamado acceso al elemental segundo puente, y el gobernador de la Provincia y su ministro de Obras Públicas han manifestado su disconformidad con el trazado en Corrientes de ese llamado acceso al segundo puente, y que sumarían un total de aproximadamente 15 kilómetros en una zona no aprobada por el Gobierno provincial, de lo que hay que deducir que lo que se está por licitar, obras terrestres en el Chaco, con el pretexto de acceso a un ilusorio segundo puente, que no tiene ficha técnica aprobada y cuya financiación se ignora.

Como correntinos, lo que nos interesa es el segundo puente, cuya obra dentro de un complejo fue aprobado por ley, tanto por la Legislatura del Chaco y un decreto ley de la intervención federal Mestre, y como ley de  ambas provincias no pueden ser derogados si no es por otra ley y nunca por un simple acta-acuerdo firmado por el entonces gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, el vicegobernador del Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff,  junto con el jefe del Gabinete de Ministros de la Nación de ese entonces, Jorge Capitanich y el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, el ingeniero Nelson Periotti, acta-acuerdo que para colmo deja en blanco la ciudad en que se firma, el día y el mes, consignando solo el año 2014, reitero, el año 2014, y estamos en 2022 con las manos vacías.

Ese acta-acuerdo establece, a pesar de su ilegalidad, que la DNV se comprometía (año 2014) a elaborar los términos de referencia para el llamado a concurso de consultoría para la elevación del proyecto de la nueva conexión física entre las ciudades de Resistencia, Provincia de Chaco, y ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, sobre el río Paraná en un plazo de 4 meses (arts. 1 y 2). Imposible determinar desde qué mes se trata, porque el acta acuerdo no tiene mes de firma.

Es así que las dos provincias delegaron en la Dirección Nacional de Vialidad sus funciones establecidas por ley en un acta-acuerdo que en el artículo sexto establece la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En nuestro programa “Las provincias también existen”, hemos hecho sucesivas referencias a este acta-acuerdo inválido, sin lograr eco alguno, y ahora nos anuncia el ministro de Obras Públicas de la Nación y el gobernador del Chaco que la obra se dividirá en tres partes: accesos en el Chaco, accesos en Corrientes y, por último, el puente que tanto anhelamos.

Los correntinos “queremos saber de qué se trata” y no saberlo únicamente por trascendidos periodísticos o declaraciones parciales, más de 50 anuncios, siempre de la Nación o del gobernador del Chaco. Corresponde que el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Corrientes o el señor gobernador convoquen a una gran asamblea pública para saber de qué se trata y por qué una ley fue derogada por un acta-acuerdo anormal, acuerdo responsable de la situación en que nos encontramos.

* Abogado y exlegislador.

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