Evitaron el desplazamiento de un juez en el proceso sobre el Juzgado Federal

En el juicio que se abrió a fines de junio por supuestos sobornos del narcotráfico en el Juzgado Federal 1 de Corrientes, el tribunal decidió hoy sostener al juez Rubén Quiñónes, quien había sido recusado por los fiscales federales, informaron fuentes judiciales.

En la primera audiencia de debate, Quiñónes manifestó su coincidencia con los fundamentos de la abogada defensora del exsecretario judicial Pablo Molina, Valeria Corbacho, quien planteó la recusación de todos los fiscales. 

El Ministerio Público conformado por Carlos Schaefer, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, así como Mariano Uriona y Tamara Pourcel, avanzó entonces con una recusación que fue rechazada ayer por los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel Alberto Moreyra y Eduardo Ariel Belforte.

También los fiscales plantearon que el juez Quiñónes contribuyó a que se incumpliera con la lectura íntegra de la elevación a juicio y de las acusaciones a los imputados. En ese sentido, el magistrado fue explícito al señalar que se hubieran tardado “seis horas”.

Sobre el primer punto, los jueces que fallaron ayer a favor de Quiñónes, indicaron que la manifestación de coincidencia con Corbacho “ha sido el producto de la locuacidad frecuente del Juez, quienes lo conocen saben que forma parte de su modo de ser, interactivo y comunicativo”, indica la resolución 

El juez Quiñónes interviene en el juicio por videoconferencia pues se desempeña como magistrado natural de Formosa.

Al respecto, los jueces federales que rechazaron ayer la recusación indicaron que “en cuanto a los gestos y actitudes que también se le reprochan, hay que destacar que quienes intervienen en teleconferencia lo hacen desde un sitio doméstico y a distancia dentro de un entorno familiar, lo cual alienta un comportamiento diferente de quienes se encuentran presencialmente”.

En tanto que sobre la no lectura completa de la pieza acusatoria, plantearon que está basado en “principios de celeridad, economía procesal” y que no hacerlo “no implican prejuzgamiento alguno tanto en los acuerdos como en los desacuerdos”.

Ahora, los fiscales cuentan con 10 días hábiles para recurrir en queja a la Cámara Federal de Casación con el objetivo de intentar revertir la decisión de los jueces de sostener al magistrado formoseño y aunque hasta el momento no se tomó una decisión al respecto, en la audiencia preliminar a la resolución de este miércoles los funcionarios del Ministerio Público hicieron reserva de acudir a Comodoro Py.

El abogado que asesora a la defensa, Juan Francisco Soto Dávila, indicó hoy al El Litoral que “se trata de magistrados no se dejan disciplinar por los fiscales federales”.

“Hoy día tienen más estabilidad o inamovilidad (casi indestituibles), los fiscales federales que los jueces federales”, opinó. Y completó: “La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal es 100% vertical en lo que se refiere a inicio de mecanismo de remoción: depende de la decisión discrecional de la máxima autoridad, dar curso a una denuncia de juicio político. O sea, hoy dependen de que el Procurador General (Eduardo) Casal quiera o no destituirlos; en cambio la ley del Consejo de la Magistratura, no tiene ese escollo inicial”.

El exjuez federal Carlos Soto Dávila es juzgado junto a sus exsecretarios penales Molina y Federico Grau, así como a los abogados Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Gregorio Giménez, y el exintendente de Empedrado, Juan Faraone.