Humedales: Corrientes pide debate amplio y que no se sancionen leyes coyunturales

La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes se adhirió al comunicado de las entidades productivas de Corrientes (CEP) que expresaron su preocupación por las consecuencias que podrá tener la eventual sanción de la ley nacional sobre “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección, y Uso Racional y Sostenible de los Humedales” tras el ingreso de siete proyectos al Congreso. “No sirve seguir apilando leyes cuando después no se cumplen”, aseguraron. 

Sobre la declaración, El Litoral dialogó con el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Pablo Sánchez, quien indicó que “este es un problema transversal al país y que particularmente por las características de nuestra provincia es tal vez la más afectada de todas. Queremos que haya un debate en profundidad y que no se saque una ley a las apuradas, por una cuestión coyuntural”.

“Nadie se opone a la protección al contrario, somos los primeros custodios del ambiente. Toda nuestra actividad depende de que seamos responsables a la hora de producir de manera sustentable y en el tiempo”, agregó.

“Va a haber un pronunciamiento a nivel nacional. Todo el arco productivo está movilizado con esto, porque vemos con preocupación que la reacción de los legisladores sea sancionar más leyes cuando hoy hay un marco legal para dar protección y que depende del propio Estado su aplicación”, aseguró.

“No sirve seguir apilando leyes cuando después no se cumplen”, insistió.

Declaración

La CEP cuestionó que no está claro cuál es el aporte normativo o qué problemas concretos pretenden proteger y regular; aseguran que no existe evidencia de daño provisorio o irreparable sobre los Humedales de Corrientes que justifiquen una legislación restrictiva; que se inmiscuye en asuntos de jurisdicción provincial; que no consideran el criterio de desarrollo sostenible; que la iniciativa posee una mirada sesgada sobre el ambiente; que no hacen referencia al “Documento Diagnóstico sobre Humedales” y que se adopta una definición amplia de humedales.

También señalan que limitan las obras de infraestructura pública y privada; no promueven criterios de obras y acciones para la regulación de crecientes; y la posibilidad de poder restituirlos a su situación original. Aseguran que el proyecto no solo apunta a regular el medioambiente “sino también a una regulación económica. Creemos que es inoportuno, conflictivo e inconveniente, aprobar algún proyecto de ley con tales características, objeto y definición. Pero para el caso  solicitamos un debate amplio, que se respeten las autonomías y jurisdicciones; y el principio de razonabilidad (...) y que sean girados también a las comisiones parlamentarias de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Asuntos Constitucionales; y las demás que resulten pertinentes”, finaliza el comunicado.