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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

La antipolítica de derechos humanos

Por Fabian Bosoer

Publicado en Clarin 

El Gobierno argentino se autodenunció esta semana ante las Naciones Unidas señalando que en nuestro país no se respetan los derechos humanos, no existe una Justicia independiente y se encuentran condicionados pilares de la democracia como los procesos electorales y la libertad de prensa.

Lo hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, principal organismo internacional encargado de monitorear su respeto y cumplimiento. El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla habló en Ginebra de “pérdida de legitimidad del Poder Judicial, por la práctica del lawfare o guerra jurídica” y señaló que “un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático que 40 años atrás recurría a los golpes militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar los procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”.

Ni los más enconados opositores llegaron a tanto.

La presentación generó perplejidad en otras delegaciones y muchos observadores internacionales. ¿Cómo se suponía que debía responder el Consejo de la ONU? ¿Acoger la denuncia recomendando al gobierno argentino dar respuestas por sus auto-incumplimiento? ¿O hacer lo que finalmente hizo, un llamado a respetar la independencia de la Justicia?

La utilización de los organismos y foros internacionales para la batalla ideológica deriva de una concepción partidista de la política exterior, que proyecta al escenario internacional la política doméstica y parece desconocer que ante la comunidad internacional los gobiernos no representan a una parte de sus sociedades sino a los estados en su conjunto, por encima de las diferencias: a sus instituciones y poderes, a su sociedad civil. Salvo en circunstancias extremas de guerra civil o dictaduras en las que se desconoce o se encuentra cuestionada la legitimidad de sus autoridades. Pretende además darle tipificación jurídica a una categoría política controversial y opinable como el “lawfare”, elevándola al rango de violación grave a los derechos humanos, lo que devalúa la prevalencia de éstos y condena a su transgresión como principio universal de cumplimiento obligatorio.

Hemos visto a gobiernos negacionistas, que ocultan o rechazan los crímenes de Estado cometidos en sus países en el pasado. Hemos visto a gobiernos reconocerlos y pedir perdón. Lo que es más raro de ver es a gobiernos democráticos denunciar ante los foros internacionales a las propias instituciones del Estado y la sociedad a las que debe representar.

Particularmente penoso, en este caso, siendo como lo es nuestro país un ejemplo en materia de juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad, no solo por lo que el gobierno se atribuye de manera excluyente sino precisamente por lo que quiere atropellar: la independencia de los jueces respecto de los gobiernos -que ha permitido juzgar y condenar- y la división de poderes que distingue a una república de otro tipo de regímenes, poco respetuosos de los derechos humanos, por cierto.

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