El Preámbulo de la Constitución argentina sostiene, en su parte más contundente y aclaratoria: “…en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
En este se basó Raúl Alfonsín en su campaña para ganar la Presidencia y sirvió para que muchos argentinos supieran del contenido y los objetivos del Preámbulo.
Lamentablemente muchos de los extranjeros que vinieron a nuestro país optaron por desconocer una parte del Preámbulo y proceder de manera ilegal, algo así como burlarse de la buena voluntad de una Argentina que los recibe con los brazos abiertos y les permite forjarse un futuro mejor.
Esto sirve para comentar un caso lamentable que tuvo como protagonista a un ladrón colombiano que ingresó al país sin papeles hace tres meses y se le comprobó un delito en el momento, pero quedó en libertad, sólo 48 horas después de ser detenido
El martes de la semana pasada, una joven de 18 años fue asaltada por un motochorro que le robó su teléfono celular cuando esperaba para cruzar el semáforo en avenida La Plata al 100, en Almagro. Efectivos de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad, que se encontraban recorriendo el barrio, fueron alertados por la víctima y otros testigos del robo e iniciaron una persecución que duró poco: a las pocas cuadras, el conductor de la moto hizo una mala maniobra y chocó contra un auto; al inspeccionarlo, los policías encontraron el celular robado entre su ropa.
El ladrón fue identificado como Jair Stevens Jurado Mora, de 24 años. Es de nacionalidad colombiana, llegó al país hace tres meses, aún no tramitó su residencia y cuenta con antecedentes penales: fue condenado en 2011 por “hurto calificado agravado”; en 2016 le abrieron una causa por violencia intrafamiliar y en 2017 lo sentenciaron por tráfico de armas en su país.
Por orden de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 54, a cargo de Dora Olivieri, fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Vecinal 5A e imputado por “tentativa de robo arrebato modalidad motochorro”.
Lo llamativo e insólito de esto es que al día siguiente, el Juzgado Nacional en lo Criminal en lo Correccional N° 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut, inició la causa contra Jurado Mora por “robo en grado de tentativa” y le concedió una probation tras el pago de $700.
Jurado Mora recuperó su libertad 48 horas después. La Justicia le impuso cumplir como condición “abstenerse de consumir estupefacientes y/o abusar de bebidas alcohólicas”, regularizar su situación en Migraciones y aceptar ese pago de $700 en concepto de “reparación del daño” a la víctima.
A decir verdad, esto no sorprende, porque entre otras causas, la jueza Guichandut tuvo a su cargo el desalojo del asentamiento en el circuito KDT, y encabezó el tribunal unipersonal en el juicio contra Luis D’Elía por el delito de “lesiones en riña” contra el ruralista e integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú Alejandro Gahan, en marzo de 2008. El dirigente social fue condenado a cuatro días de prisión, pero en esa oportunidad no fue a la cárcel.
Muy a menudo se suele asegurar que los jueces sólo hablan por sus sentencias. En este caso, lo de la jueza Guichandut y de la fiscal Dora Nancy Olivieri se puede calificar de insólita y escandalosa.
Por todo ello no hay que sorprenderse en que no sean pocos los que sostienen en que hay que usar la mano dura y echarlo del país.
