En el Consenso Fiscal, ratificado por el Congreso, las Provincias se comprometieron a establecer los requerimientos de una tarifa diferencial en las boletas de luz. Esto implica, la eliminación de la tarifa social otorgada por Nación. En la región las provincias analizan cómo readecuar el nuevo esquema, en medio de anuncios de aumentos en el mercado eléctrico mayorista.
A través del Consenso Fiscal suscripto el 13 de septiembre de 2018, luego ratificado por Ley N° 27.469, las Provincias acordaron que a partir del 1 de enero de 2019 cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. Con este marco legal, el 27 de diciembre la Secretaría de Energía de la Nación confirmó la derogación de la Resolución N° 1091 de 2017 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica, en la cual se establecían las condiciones de la tarifa social eléctrica que reciben los menores consumos, cuyos titulares acrediten un salario inferior a dos mínimos vital y móvil. También eran beneficiarios los jubilados que percibían el haber mínimo, que en Corrientes son unos 90 mil.
“El mensaje de remisión del proyecto de ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2019 consignó la previsión de que, a partir de 2019, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definan la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales y asuman las erogaciones presupuestarias asociadas a dichas decisiones”, expresa en sus considerandos la Resolución N° 366/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Sin embargo, también se establecieron nuevos aumentos en el mercado mayorista que rondarían un 55 por ciento. Los incrementos están contemplados se apliquen trimestralmente desde 2017. Si bien hubo quejas de algunas Provincias sobre la medida, estas estaban previstas con la firma del pacto fiscal.
En Corrientes mantienen cautela sobre las recientes medidas nacionales y ya estudian un nuevo cuadro tarifario. Según confirmó a El Litoral el interventor de la Dpec, Alfredo Aun, están evaluando “en lo que respecta a la tarifa social”.
En Chaco, el Gobierno intentó avanzar con un acuerdo entre su prestataria, Secheep, y Cammesa por una multimillonaria deuda. En el último día hábil del año pasado, la Cámara de Diputados no acompañó un pedido de empréstito para saldar los pasivos que mantiene la vecina provincia con la compañía mayorista. Desde el oficialismo señalaron que la negativa compromete el servicio en general y medidas como la tarifa social. Desde la oposición, justificaron que se comprometerá parte de la coparticipación porque la rúbrica implica tasas del 50 por ciento.
“A partir del 1 de enero se quitan los subsidios a residenciales, es decir, que la tarifa social quedará a cargo de las Provincias. En el caso de Misiones hay 120 mil usuarios con tarifa social. Si hoy la Provincia se hace cargo deberá aportar entre 70 y 80 millones de pesos”, dijo el ministro de Energía de Misiones, Sergio Lanziani, a Radio Red Ciudadana.
“La boleta de luz se compone de tres cajas. La primera es una caja verde y corresponde a lo que cuesta la energía mayorista que entrega Cammesa. La segunda es la caja roja que corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD) y la tercera es una gris donde están todos los impuestos. El Secretario de Energía de la Nación ya anticipó que desde febrero esa caja verde subirá entre un 25 y un 30 por ciento”, explicó el funcionario de Misiones.
En este contexto, en Corrientes también se analizan los nuevos costos de la energía. Por ello está en marcha la evaluación del próximo cuadro tarifario. En cuanto a la tarifa social, aún no hay definiciones. En la provincia afecta a unos 103 mil beneficiarios.
En Neuquén el Gobierno Provincial anunció que se hará cargo de la tarifa social para más de 44 mil familias. En La Pampa, desde el gobierno manifestaron que analizan un apoyo económico a los usuarios que se quedaron sin este beneficio. Son más de 66 mil personas las afectadas.
En Tucumán, la Legislatura y la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios evalúan el impacto que tendrá en la provincia la eliminación del subsidio nacional, que contemplaba a más de 160 mil familias. Las áreas no descartan avanzar con una medida judicial. En Santa Fe, las cooperativas pidieron ser incorporadas a un régimen social.
