El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumirá mañana jueves un segundo mandato de seis años con una sombra de ilegitimidad que presagia más aislamiento internacional, y en la peor crisis económica en la historia reciente del país petrolero.
Venezuela está sumida en la peor crisis económica de su historia tras dos décadas de gobiernos socialistas caracterizada por una hiperinflación, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y una profunda recesión.
Maduro, de 56 años, jurará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -y no frente al Congreso, único poder no oficialista-, tras ser reelegido el 20 de mayo en comicios boicoteados por la oposición, que denunció un fraude, y desconocidos por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y 12 países latinoamericanos.
A excepción de México y respaldado por Estados Unidos, días atrás el Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos, instó al mandatario socialista a no posesionarse y transferir el poder al Parlamento, lo que Caracas consideró una incitación a un golpe de Estado.
El nuevo mandato de Maduro coincide con la llegada al poder en Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro, que con el apoyo del gobierno de Donald Trump busca liderar una coalición regional contra la que tilda de “dictadura”.
Al clima internacional adverso se suma la desesperanza y malestar de quienes culpan al mandatario de la ruina del otrora próspero país. Según el FMI, la economía, que se redujo a la mitad durante el gobierno de Maduro, se contraerá 5% en 2019, y la hiperinflación alcanzará 10.000.000%.
En lo que considera la migración más masiva de la historia reciente de América Latina, la ONU calcula que 2,3 millones de venezolanos salieron desde 2015, y estima que esa cifra subirá a 5,3 millones en 2019.
Con el control institucional y militar, y una oposición fracturada, Maduro se dice más fuerte y legítimo que nunca, caminando con pie propio tras heredar el poder de Hugo Chávez (1999-2013), quien hace 20 años fundó la “revolución bolivariana”.
Sus adversarios han hecho casi todo para desplazarlo: protestas que dejaron unos 200 muertos, un intento de referendo revocatorio, diálogos y promovido sanciones internacionales.
Pero hoy están enfrascados en luchas por el liderazgo y con sus principales dirigentes presos, inhabilitados o en el exilio.
Además, el Parlamento fue sustituido en la práctica por la Constituyente -con poderes absolutos-, pues el TSJ lo declaró en desacato y anula sus decisiones.
Pese a ello, el pasado sábado el Legislativo declaró a Maduro “usurpador”, se proclamó como el único poder legítimo y anunció que impulsará un “gobierno de transición” que llame a elecciones.
El presidente venezolano dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Mercedes de Freitas, directora de la organización en Caracas, deduce que se instaló un modelo con los “elementos de una cleptocracia”, en el país. “Hay evidencias de que la crisis económica es consecuencia de la malversación de fondos”, explicó.
El Legislativo hace un cálculo del daño patrimonial generado por corrupción en 19 años de la autodenominada revolución bolivariana. “Sólo en casos de corrupción conocidos puede decirse que las pérdidas ascienden a 450.000 millones de dólares (ocho veces el presupuesto destinado a Venezuela en 2012, el más alto), pero este es la punta del iceberg porque cada vez salen a relucir más escándalos. Es innegable que la corrupción es la causante de la crisis económica”, dijo Freddy Superlano, jefe de la comisión de contraloría del Parlamento.
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