Imputabilidad en menores: reiteran la necesidad de una ley integral

Luego de casi un año en el que no se tocó el tema, el Gobierno nacional anunció el lunes pasado que girará al Congreso el proyecto de ley para modificar el régimen penal juvenil, cuyo punto más polémico es el de bajar la edad de imputabilidad a 15 años para casos de delitos graves. La propuesta había sido lanzada en enero de 2017 y estuvo consensuada por varios sectores del oficialismo y la oposición, pero por tiempos políticos no fue presentada en el ámbito legislativo durante todo este periodo. Además, en principio la edad mínima iba a ser menor, pero se acordó que quede en 15.

Entre varios conceptos (ver recuadro), la iniciativa sostiene que apunta a “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social”. “Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo”, destaca.

Sin embargo, tal y como lo hicieron hace dos años, varias organizaciones del sector se pronunciaron en contra del proyecto, considerándolo estigmatizante para los jóvenes, además de que aseguran que no será una solución efectiva para el problema de la inseguridad. Una de estas entidades es la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf), que mediante un comunicado sentenció que la reforma del sistema penal juvenil “no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y adolescencia en Argentina”.

El representante en Corrientes de la Ajunaf, Aldo Fernández, opinó en diálogo con El Litoral que la propuesta es “una respuesta del Gobierno para los medios que difunden casos de chicos en conflicto con la ley penal como si fuese el problema principal, pero en realidad las estadísticas reflejan que el porcentaje de delitos de niños y adolescentes es ínfimo”. “No es una cuestión de seguridad, es algo mediático”, agregó.

Con respecto a la provincia, Fernández aseguró que no solamente la cantidad de delitos efectuados por menores de edad es mínima, comparada con la de los adultos, sino que existe una deuda en materia de legislación integral de la niñez o un trabajo coordinado como se realiza en otras jurisdicciones. “Sin una protección integral para los menores, todas las herramientas que se apliquen serán aisladas y a modo de ensayo, se puede tratar la cuestión pero no hay una política seria como podría ser una ley. Hay elementos, pero tienen que estar dentro de un sistema”, indicó.

En ese sentido, recordó que desde Ajunaf y otras entidades pidieron una audiencia con el Gobierno provincial en febrero de 2017, de manera de colaborar con este objetivo, sea con el aporte de estadísticas propias o herramientas que se necesiten. Sin embargo, afirmó que “nunca nos recibieron”.