El 30 de septiembre pero de 2016 se realizaron allanamientos en varios inmuebles de Perugorría, entre ellos la Municipalidad. Adquirió así estado público una investigación iniciada tiempo atrás en base a una denuncia anónima en la Oficina Anticorrupción sobre presuntas anomalías en el manejo de fondos que Nación había enviado a la Comuna para ejecutar obras. Luego, se desarrolló una serie de acontecimientos, con varias particularidades, que derivaron en la detención de cinco ex funcionarios municipales.
Ayer, la actual fiscal del caso, Alejandra Talamona, solicitó al juez de Instrucción y Correccional de Curuzú que eleve la causa a juicio oral. Ahora, será el magistrado quien definirá si da a curso y en base a ello, los defensores de los procesados apelarán o no su dictamen.
Si bien no es el único caso que está siendo objeto de investigación, “este es el central en el cual aparecen irregularidades en la administración de recursos que Nación otorgó al Municipio para solventar la ejecución de proyectos que constan en doce convenios”, expresó Talamona al ser consultada por El Litoral. En este contexto, explicó que en esta causa que tiene 26 cuerpos y 5.000 fojas están bajo la lupa el destino de más de $56 millones que fueron enviados para, entre otros objetivos, la construcción de 40 viviendas, el Paseo del Bicentenario, una planta industrial, la remodelación del balneario, un complejo polideportivo, una ciclovía y un puente peatonal.
Esos y otros proyectos investigados tienen en común “que ninguno fue finalizado. Algunos fueron ejecutados por ejemplo en un 40%, en un 16%, un 3%, pero ninguno se terminó”, indicó la fiscal, quien acotó: “Inclusive uno de ellos directamente no se inició pese a que recibieron dinero”.
Estos datos, aseveró, que “constan en la causa y están probados a través de auditorías y hasta una pericia contable que la realizaron profesionales del Superior Tribunal de Justicia”. Y es en base a las pruebas recolectadas durante la investigación que Talamona solicitó que se eleve a juicio oral a cinco personas que cumplieron diferentes funciones en la Municipalidad: Jorge Corona y Angelina Lesieux (intendentes); Ernesto Moray Mussio (auditor); Patricia Vera (tesorera) y Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno).
La acusación contra ellos contemplaría tres delitos: presunta asociación ilícita, malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado y fraude en perjuicio de la administración pública.
Prisión preventiva
Los citados ex funcionarios están con prisión preventiva y si bien hubo varios planteos de excarcelación, estos fueron denegados en distintas instancias.
Decisión que desde el ámbito judicial en diferentes oportunidades argumentó que existen elementos que indicarían que, por ejemplo, podrían entorpecer la investigación o evadir a la Justicia.
En este contexto, recordaron que el 19 de diciembre del 2017 fueron detenidas Vera y Lammens. Horas después, ya en la madrugada del día 20, también arrestaron a Moray Mussio.
Mientras que si bien Corona y Lesieux eran buscados por la misma causa, recién lograron ser aprendidos en febrero de 2018. Desde aquella vez, ambos permanecen detenidos en la Alcaidía de Curuzú Cuatiá. En la misma situación se encuentra el ex auditor municipal.
Mientras que Vera estuvo por cuestiones familiares con prisión domiciliaria. Pero ese beneficio fue revocado semanas atrás porque presuntamente habría incumplido con algunos requisitos para poder continuar detenida en su hogar. Solamente Lammens, continuaría con prisión domiciliaria.
“El pedido de elevación a juicio es sólo por una causa y aunque es la de mayor envergadura se prosigue investigación varios casos más en los que aparecen involucrados los ex funcionarios y otras personas”, señaló Talamona, quien destacó que “en esta investigación, siempre con el apoyo del Ministerio Público Fiscal, trabajamos varias personas, porque si bien ahora soy fiscal en esta causa, en el inicio estuvo el doctor Esper y las doctoras Gómez y Sonia Meza”.
Con respecto a los pasos a seguir, comentó que la defensa de los procesados tiene cinco días para, de así considerarlo, exponer su oposición al pedido de elevación a juicio oral.
Luego, el juez de la causa podría adoptar alguna de estas medidas: dictar el sobreseimiento de los ex funcionarios, solicitar que se extienda la etapa de instrucción o dar lugar al pedido para elevar el caso a juicio oral.
