Aborto: “pro vidas” piden que les informen antes y feministas dicen que fue positivo

En Santo Tomé autorizaron la interrupción del embarazo de una niña con retraso cognitivo, fue el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad del Noreste provincial que permitió el aborto de una menor de 13 años embarazada de 17 semanas producto de un abuso sexual. La progenitora peticionó la medida a la Justicia, la cual se llevó adelante días atrás. En este marco, referentes “pro vida” expusieron a El Litoral la necesidad de una red que informe antes de tomar esta decisión para que les permita acompañar para que la niña continúe con el embarazo y, desde género sostienen que no es un avance, pero sí una medida positiva. 

“Teniendo en cuenta las circunstancias que obstaculizan la interrupción legal del embarazo en el país y las denuncias a médicos que se oponen a realizar un aborto, esto no implica un avance, pero sí lo vemos como positivo. En el año 2012 ya se dijo que no era necesaria la intervención de la Justicia y que sólo se necesitaba la declaración jurada. Vemos como positivo que no se haya obstaculizado y que se haya garantizado este derecho”, dijo a El Litoral la abogada y referente del Colectivo de Mujeres, Sofía Domínguez. 

A la vez, agregó que “la niña obtuvo su derecho, pero al no hacer sólo con declaración jurada y tratar el caso de esta manera, la Justicia está exponiendo a la víctima”. “En los pueblos chicos, como es en este caso, al mencionarse en todos los medios la edad y de que se trata de una niña con retraso cognitivo, se hace público de quién se trata y se revictimiza. Pero, resalto que al tener en cuenta las circunstancias nacionales y sin tener acceso a toda la resolución creo que es una medida positiva”, continuó.

En este sentido, recordó que “para el acceso al aborto no punible en ciertos casos, no se necesita la autorización judicial porque esto lo que hace es dilatar y se trata de una intervención que se requiere en lo inmediato”. Por su parte, Graciela Fernández, presidenta del Foro Permanente del Niño por Nacer y abogada, expresó al respecto: “Hay muchas personas que queremos ayudar y acompañar en estos casos para salvar las dos vidas. Sabemos las condiciones humildes y vulnerables que vive esta niña y queremos ayudarla, también hubiéramos querido ayudar al bebé. 

Por ello pedimos que haya una red para que conozcamos estos casos antes de que tomen esta decisión. Queremos ayudar a que el bebé nazca y si la mamá lo decide hay muchas familias que buscan la adopción”. 

A la vez, adelantó que en los próximo días van a dar a conocer una línea donde puedan comunicarse las niñas, jóvenes y mujeres que padezcan situaciones similares. Cabe recordar que en Corrientes trabaja el grupo Gravida que acompaña a la mamá en situación vulnerable, el mismo funciona en la Catedral. 

“Ante la interrupción del embarazo de una niña abusada, autorizada por la Justicia, me parece muy justa esta decisión. La Justicia actuó a favor de las mujeres que esto es lo que pedimos, que muestren humanidad. Fue una decisión muy justa la que se tomó y desde nuestra organización la apoyamos. Este hecho no es para celebrar ya que hay una niña que fue abusada”, comentó a este diario Mónica Baglieto de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). 

Caso

En respuesta a un pedido de la progenitora de la niña, la titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé, Sara Durand, autorizó el aborto (interrupción del embarazo) de una niña de 13 años con retraso mental madurativo. La madre había ido a consultar al hospital por cambios corporales que presentaba la nena, y se dio intervención al Juzgado al presumir que se trataba de una gestación producto de un abuso sexual. El Ministerio Público Fiscal expresó no tener objeciones a que se practicara a la mayor brevedad posible el aborto solicitado por la madre de la menor incapaz, ya que se daban los supuestos establecidos en el artículo 86 del Código Penal (que prescribe la exención de punición para el procedimiento interruptivo realizado sobre una mujer “demente” cuando el estado de gravidez resulte fruto de “violación o atentado al pudor”. 

Los integrantes del Instituto Médico Forense (IMF); psicólogos y otros profesionales, tras confirmar un diagnóstico de retraso mental moderado, epilepsia, con crisis convulsivas tónico-clónicas, sugirieron que se arbitraran las medidas preventivas necesarias para la anticoncepción por la situaciones de abuso, y debido a la extrema vulnerabilidad tanto en su desarrollo cognitivo, como así también el déficit de cuidados y protección debido al contexto socio-económico familiar en el que se encontraba, según se informó desde el Poder Judicial, a través de su página oficial.