Crece el crimen en la Triple Frontera

Los ingresos de las organizaciones narcocriminales en la Triple Frontera, donde el 70% de las actividades se manejan en efectivo y no pagan ningún tipo de impuesto, rondarían los 43.000 millones de dólares anuales, según cálculos del Instituto Brasileño de Etica Competitiva (Etco). No hay que perder de vista que se trata de un punto estratégico de tránsito de la droga, particularmente de la marihuana producida en Paraguay y de la cocaína que se produce en Bolivia y Perú, y que tienen como destino el territorio brasileño. Esa logística criminal termina con el embarque de la droga en el puerto de Santos, uno de los más activos de América Latina, hasta el cual llega el accionar de las mafias narcocriminales brasileñas, entre las cuales se destaca el Primeiro Comando da Capital (PCC), que obtiene buena parte de sus ingresos con esta actividad.

Los tentáculos de esta organización narcocriminal brasileña también están sacudiendo al vecino Paraguay. 

Más allá de la droga, uno de los negocios más lucrativos es el contrabando de cigarrillos, considerado como “la punta de un iceberg criminal mucho más grande que se encuentra por debajo de la línea de flotación y que tiene un grave impacto en la política gobernanza, seguridad ciudadana y desarrollo económico en la región”, según explican Vanesa Neumann y Stuart Page en su informe “Las numerosas cabezas criminales de la Hidra Dorada”, publicado por Asymmetrica y el Counter Extremism Project. 

“Esto tiene una explicación muy sencilla: la asimetría de los valores entre el producto legal que circula en la República Argentina y en la República Federativa de Brasil y el que tiene en la República del Paraguay”, señaló a DEF el juez federal de Eldorado (Misiones), Miguel Angel Guerrero, que participó hace un par de semanas del lanzamiento del Hemisphere Security Network (HSN).

En Paraguay, sin embargo, el mayor dolor de cabeza es el que plantea el accionar del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una organización surgida en 2008 pero cuyos orígenes se remontan a comienzos de la década pasada, cuando, bajo la cobertura legal del entonces Partido Patria Libre (PPL), dio un golpe de gran repercusión con el secuestro de la esposa del empresario Antonio Debernardi, liberada luego del pago del rescate. 

A esa primera acción, perpetrada en 2002, seguiría el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, en 2004. En la actualidad, tal como explicó a DEF la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, “el grupo sigue practicando secuestros extorsivos, pero no siempre los ciudadanos que son objeto de estos secuestros hacen la denuncia o lo quieren dar a conocer por temor a las represalias”.

La narcocriminalidad, que se nutre también del tráfico de armas, se está convirtiendo en el mayor dolor de cabeza para los gobiernos del Cono Sur, que ven cómo sus territorios corren el riesgo de convertirse en campo fértil de estas mafias transnacionales.