El Preámbulo de nuestra Constitución, entre las grandes metas que persigue, contempla “afianzar la justicia”, la única de tipo institucional, ubicada entre un abanico de objetivos que tienen que ver con la paz, el bienestar general, la libertad, la defensa.
Creemos que el constituyente fue sumamente previsor al elegirla, ya que con preocupación consideraba la dificultad de construir un Poder Judicial independiente, a la luz de los antecedentes que arrastraba nuestro país desde la colonia, escribió ayer Daniel Sabsay en La Nación.
Transcurrido más de un siglo y medio, las dificultades continúan. Pareciera que no se tomara real conciencia de que la independencia de la Justicia es una de las columnas fundamentales del Estado de Derecho, sin la cual es imposible lograr su concreción. No olvidemos que este modelo de organización del poder aspira a anteponer el derecho a la voluntad de los gobernantes, creando instituciones cuyos titulares son meros huéspedes, en tanto deben acomodar sus decisiones y comportamientos a lo que establecen la Constitución y las leyes de la república.
La necesidad de reformar nuestro Poder Judicial es reconocida por todos los que aspiran a lograr una república con mayúsculas. Frecuentemente aparecen propuestas que van en ese sentido. Ahora bien, esto no quiere decir que la solución consista en su lisa y llana supresión. Con sorpresa, si no con estupor, hemos escuchado tamaño despropósito de boca de un “intelectual”, quien estuvo acompañado previamente por declaraciones de un intendente de la misma tendencia que expresó que en la Corte Suprema “hay que designar jueces militantes”. Por último, le hemos oído decir a la flamante candidata a vicepresidenta por Unidad Ciudadana que ni la separación de poderes ni las libertades públicas y privadas están al servicio de los intereses del pueblo. También nos espantamos con las amenazas del candidato a presidente Alberto Fernández, proferidas contra los jueces que están juzgando la conducta de su “jefa”. La amputación del Judicial de la tríada de poderes que integran el gobierno es algo que no puede hacérsele a una Constitución democrática. Semejante reforma la hiere de muerte, pues impide el desarrollo del Estado de Derecho. El citado orate agregó entre sus propósitos de orden institucional que el Poder Judicial debería ser suplantado por un servicio de justicia, ubicado dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. La sinceridad de la declaración nos exime de la necesidad de esclarecer el objetivo escondido detrás de tanta hojarasca, que no es otro que la transformación de nuestra débil democracia en un sistema de corte autoritario, por no decir autocrático.
Cabe señalar que los servicios públicos son los encargados de satisfacer necesidades de orden general de la sociedad, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, de gas, de agua potable, etcétera; su prestación se encuentra a cargo de entes descentralizados u otro tipo de organización administrativa. Por lo tanto, la Justicia quedaría dentro de la órbita del Ejecutivo, pues ese tipo de entes, si bien son descentralizados, forman parte de la administración pública, en este caso, descentralizada.
Así las cosas, el verdadero objetivo no es la mejor satisfacción de los “intereses del pueblo”, sino la captura de un poder por parte de otro. Si observamos el mapa de las democracias, podremos comprobar que no las hay sin Poder Judicial independiente, cuando así sucede en todos los regímenes de corte autoritario. En algunos, esta característica se la esconde bajo el manto de una Constitución que contempla un poder encargado de “hacer justicia”, pero en los hechos esto no sucede.
