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/Ellitoral.com.ar/ Actualidad

El debate por la emergencia alimentaria generó réplicas en instituciones locales

El Congreso dio media sanción a la ley nacional. “Ojalá, la ayuda llegue a quienes lo necesiten”, expresó la legisladora nacional Regidor. En la provincia, el pedido saltó de la calle, a través de la movilización de organizaciones sociales, al ámbito parlamentario. La Provincia sostiene 350 mil raciones en las escuelas. 

La semana pasada la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Emergencia Alimentaria que prevé reforzar partidas destinadas a políticas públicas de alimentación y nutrición. El debate generó su réplica en Corrientes. En la Cámara baja provincial, diputados de la oposición presentaron  una iniciativa similar. Sin embargo, desde el Gobierno informaron que se financian más de 300 mil raciones en los comedores escolares.

Con 222 votos a favor y una abstención, Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que causó un amplio debate y el acampe de movimientos sociales en Buenos Aires. Ahora, resta que el expediente sea analizado en el Senado de la Nación y, por el momento, establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional, dispuesto por Decreto 108/2002.

El expediente propone un refuerzo de partidas. De esta manera, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Estado nacional deberá destinar unos 10.489 millones de pesos, de aplicarse la normativa. Establece un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento  de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

“Sabíamos que era una cuestión política, pero debíamos estar a la altura de las circunstancias”, dijo la diputada nacional Estela Regidor, sobre el proyecto, impulsado por la oposición, que tuvo media sanción de la Cámara baja nacional con respaldo del oficialismo. “Incrementar en un 50 por ciento el presupuesto y sumar 200 mil planes sociales es parte de la ley, pero no sabemos de dónde saldrá el presupuesto”, señaló a Radio Dos la legisladora nacional. “Ojalá, la ayuda alimentaria llegue a los que necesiten y no a los punteros”, añadió.

En Corrientes, sin embargo, hubo repercusiones. Semanas atrás, los movimientos sociales marcharon para solicitar refuerzos para comedores que no reciben ayuda estatal. “Estamos atendiendo 20 comedores en los barrios. Nos sostenemos por la solidaridad, por los aportes voluntarios, con lo que logramos de las luchas nacionales”, indicó a El Litoral la dirigente de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), Silvana Romero.

Respecto de la movilización que realizaron organizaciones sociales de Corrientes semanas atrás, indicó que presentaron varios proyectos al Ministerio de Desarrollo Social. Estos consisten en pedidos de financiamiento de comedores a través de alimentos y becas para mujeres que trabajan allí.

El trabajo es otro de los ejes. Solicitan al Gobierno provincial que destine partidas a cooperativas de trabajo para realizar obras públicas, a los fines de dar “soluciones a infraestructura básica y generar trabajo para las cooperativas haciendo obras en los barrios”.

De la calle al parlamento

El pedido de refuerzo de partidas para comedores de las calles pasó al ámbito legislativo. La semana pasada tomó estado parlamentario un proyecto de ley que declara la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia de Corrientes. 

La iniciativa es impulsada por la integrante del bloque Justicialista, Alicia Locatelli, y cuenta con el acompañamiento de Martín Barrionuevo y Marcos Bassi. Una propuesta similar presentó la edil peronista de Capital, Soledad Pérez, en el Concejo Deliberante, según indicó a El Litoral (ver nota).

El pedido, cuyo trámite parlamentario inició la semana pasada en Capital, en el interior se había promovido en dos municipios. El Frente de Todos impulsa en Curuzú Cuatiá. De igual modo, un concejal presentó el proyecto en Sauce, según publicó días atrás El Litoral. En la Cámara de Diputados el expediente establece declarar la “emergencia alimentaria y nutricional en los sectores sociales vulnerables y de ingresos inferiores al costo de la canasta básica, en la Provincia de Corrientes, por el término de ciento ochenta días de publicada la presente, prorrogable por otro término igual por decreto del Poder Ejecutivo, en el caso de que permanezcan las causas que la motivaron”.

La iniciativa, además, prevé crear “un ámbito de coordinación interinstitucional alimentaria y nutricional, en los términos de los artículos 8 de la Ley Provincial  N° 6.042 y 7 de la Ley Nacional N° 25.724, integrada por la totalidad de los municipios de la provincia de Corrientes; representantes del Poder Ejecutivo y de ambas Cámaras Legislativas; con el objetivo de diagnosticar, planificar y coordinar las acciones necesarias, urgentes e indispensables para afrontar la crisis alimentaria y nutricional en la población vulnerable”. También,  faculta al Poder Ejecutivo provincial a reasignar partidas presupuestarias.

Presencia del Estado

Sin embargo, desde el Estado provincial manifestaron que ofrecen una fuerte asistencia en materia nutricional. En un informe remitido a la prensa, el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, señala que Corrientes destina por año más de 3.400 millones de pesos al Plan Alimentario. Su cartera ejecuta unos 760 millones de pesos y las demás asignaciones se distribuyen a Salud y Educación.

Así, unos 2.500 millones de pesos se ejecutan por el Ministerio de Educación a través de las 350 mil raciones diarias con el Programa Alimentario Escolar, y otros 72 millones de pesos por parte del Ministerio de Salud Pública con Mamá Mbareté, que benefician a unas 4.800 familias.

Desarrollo Social sostiene las tarjetas Vale y Sapucay, que contemplan a unos 60 mil beneficiarios; partidas alimenticias para comedores comunitarios e instituciones de la niñez, como centros de desarrollo infantil y hogares.

En lo que respecta a los programas por parte del Ministerio de Desarrollo Social, se vuelcan anualmente 635 millones de pesos, mediante 17.300 millones de raciones de alimentos frescos, deshidratados y copa de leche para los comedores comunitarios e instituciones de resguardo de la niñez.

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