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La Comuna clausuró y denunció a una planta asfáltica que ahora logró un amparo judicial para volver a funcionar

Ante un nuevo reclamo de pobladores para que cumpla con la norma aprobada por el Concejo que ordenaba la reubicación de la planta asfáltica, sumado a que la empresa no presentó documentaciones requeridas desde la Comuna, el intendente Ramón Castellanos clausuró las instalaciones y realizó una denuncia penal. Esto se registró hace poco más de un mes.
Sin embargo, las instalaciones de la citada firma comercial comenzaría a funcionar nuevamente. “La empresa presentó un recurso de amparo en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá y ayer (miércoles) lamentablemente le dieron lugar”, indicaron desde el cuerpo deliberativo a El Litoral. Al mismo tiempo agregaron que “supuestamente justificaron el pedido en que se perderían fuentes laborales porque en teoría tienen que cumplir con una serie de obras públicas”.
Con respecto a esto aclararon que “nunca se buscó perjudicar a los trabajadores ni eliminar fuentes laborales. Acá lo único que se quiere es que se reubique la planta a un lugar alejado de la población. Su funcionamiento está afectando la salud de muchos vecinos y esto no puede seguir. Averiguamos y no presentaron estudios de impacto ambiental ni otras documentaciones que se requieren para este tipo de empresas.”

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La Comuna clausuró y denunció a una planta asfáltica que ahora logró un amparo judicial para volver a funcionar

Ante un nuevo reclamo de pobladores para que cumpla con la norma aprobada por el Concejo que ordenaba la reubicación de la planta asfáltica, sumado a que la empresa no presentó documentaciones requeridas desde la Comuna, el intendente Ramón Castellanos clausuró las instalaciones y realizó una denuncia penal. Esto se registró hace poco más de un mes.
Sin embargo, las instalaciones de la citada firma comercial comenzaría a funcionar nuevamente. “La empresa presentó un recurso de amparo en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá y ayer (miércoles) lamentablemente le dieron lugar”, indicaron desde el cuerpo deliberativo a El Litoral. Al mismo tiempo agregaron que “supuestamente justificaron el pedido en que se perderían fuentes laborales porque en teoría tienen que cumplir con una serie de obras públicas”.
Con respecto a esto aclararon que “nunca se buscó perjudicar a los trabajadores ni eliminar fuentes laborales. Acá lo único que se quiere es que se reubique la planta a un lugar alejado de la población. Su funcionamiento está afectando la salud de muchos vecinos y esto no puede seguir. Averiguamos y no presentaron estudios de impacto ambiental ni otras documentaciones que se requieren para este tipo de empresas.”