El 24 de febrero de 1946, un hito histórico en la vida política de la Nación

Hacia el mes de junio del año 1957 -trascurrido escasamente un año y siete meses del golpe cívico-militar de la tristemente célebre Revolución Libertadora-, el Cnel. Domingo A. Mercante (quien había sido presidente de la Convención Constituyente de 1949) suscribía desde su exilio en Montevideo un documento público, cuyo texto se ha atribuido al Dr. Arturo Enrique Sampay. En dicho texto, el autor intelectual de la reforma constitucional de 1949 hacía referencia a tres hechos históricos que, constituyen el basamento de la Revolución Justicialista: “La reforma de 1949 -decía la declaración- tuvo por esencial finalidad la de consolidar jurídicamente los frutos de la revolución popular del 17 de octubre de 1945, ratificada electoralmente en los comicios libérrimos del 24 de febrero de 1946, cuyos contenidos -se refiere a la Constitución Justicialista de 1949- consistían en hacer de la Argentina hasta entonces dependiente del imperio expoliador, una Nación económicamente libre y políticamente soberana; y de una masa popular misérrima en vastas regiones del país, un pueblo que participara directamente en el manejo de la cosa pública, de modo que por este medio se diera un régimen económico que también hace participar en el goce de todos los bienes materiales y espirituales que ofrece la civilización”.

El texto trascripto tiene la genialidad de hacer referencia a los tres hechos fundamentales que constituyen la impronta política e ideológica del peronismo, de tanta trascendencia que su omisión ha contribuido a desvirtuar con el olvido la esencia y la razón de ser del peronismo. En efecto, sin la movilización popular del 17 de octubre de 1945, no se hubiera producido la liberación del entonces coronel Perón (preso en la Isla Martín García) y con su libertad, el giro político que se produjo en el seno de los mandos de las Fuerzas Armadas (entonces en el poder), fuertemente presionada por la oligarquía a través de la partidocracia liberal de la época y del imperialismo, encarnado y presente en la figura consular del tristemente célebre Spruille Braden.

Ese 17 de octubre hizo visible la simbiosis política del entonces Cnel. Perón con el naciente proletariado industrial, simbiosis que nació en la Secretaría de Trabajo y Previsión y que, a través del sindicalismo, se constituyó en el basamento político del triunfo electoral del 24 de febrero de 1946, cuando el pueblo -“el subsuelo de la Patria sublevado”, al decir de Scalabrini Ortíz- con su voto masivo, no sólo ratificó electoralmente las banderas del 17 de octubre, sino que sepultó la Argentina colonial, aquella del Pacto Roca-Runciman, del Banco Central según el modelo de Sir Oto Niemeyer, de la ley de Coordinación de Transporte y de los oscuros negociados con la Cade y la Ciade, y por fin, la Argentina del fraude y de los oscuros contubernios, como aquel que hacia fines de la década del 40 se aprestaba a institucionalizar el continuismo oligárquico a través de la candidatura presidencial del rico terrateniente norteño Robustiano Patrón Costa.

Aquel 24 de febrero -al igual que lo que ocurre en nuestros días-, el pueblo -del cual somos parte indisoluble- tuvo que enfrentar esa contradicción dialéctica que viene desde el fondo de la historia y que algunos sospechosamente pretenden ocultar. En efecto, aquel día memorable, la fórmula Perón-Quijano con una coalición electoral construida de apuro (Partido Laborista, UCR Junta Renovadora, etc.) tuvo que enfrentar nada más y nada menos que a la totalidad de la decadente partidocracia liberal de la época nucleada en la Unión Democrática, apoyada por Estados Unidos a través de su embajador Spruille Braden, por la oligarquía tradicional y los monopolios extranjeros nucleados en la SRA y en la UIA, por la prensa venal de La Nación de los Mitre y La Prensa de los Gainza Paz, y por fin, por la prédica denostativa de la intelligentzia nucleada en aquellos años en el grupo SUR (Victoria y Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, etc.).

Pudo más la fuerza arrolladora de la irrupción política de una nueva clase social: el naciente proletariado industrial emergente del interior provinciano y su simbiosis política con un hombre que, amén de haber sido tocado por el “óleo sagrado de Samuel” (atributo exclusivo de los líderes de masa), tuvo la virtud de interpretar y de dar respuestas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión a los justos y postergados reclamos de la clase trabajadora.

Allí donde tuvo su origen el fuero laboral; la Ley de Asociaciones Sindicales; el Estatuto del Peón Rural; el Salario Mínimo, Vital y Móvil; el aguinaldo; las vacaciones pagas; los convenios colectivos de trabajo y las Obras Sociales Sindicales y por fin, donde el Dr. Eduardo Stafforini concibió la palabra justicialismo para identificar a la doctrina justicialista, sustancia y guía rectora del ideal peronista de la Patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

El 24 de febrero de 1946, el binomio del naciente peronismo: Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano triunfaba sobre la fórmula Tamborini-Mosca de la Unión Democrática (UCR, Partido Conservador, Partido Demócrata Progresista y Partido Socialista) y de esa forma, se legitimaba electoralmente el proceso de liberación nacional y de justicia social que había parido con el pueblo el 17 de octubre y cuyo objetivo de la Patria justa, libre y soberana se plasmó con jerarquía constitucional en oportunidad de la Convención Constituyente de 1949, con la única reforma constitucional que a lo largo de la historia sepultó el contenido liberal-individualista de la vieja Constitución de 1853, reforma que no accidentalmente fue abrogada por un bando militar en abril de 1956 y que paradójicamente ha sido borrada de la enseñanza universitaria y lo más insólito, ni siquiera fue citada como antecedente en oportunidad de la Convención Constituyente de 1994, aquella producto del Pacto de Olivos de Carlos Saúl Menem y Ricardo Alfonsín.

Las lecciones de la historia son fundamentales e imprescindibles, no sólo para comprender el momento histórico que vive nuestra Patria, sino también, para no incurrir en los graves errores del pasado que nos han llevado a la dispersión suicida, y por fin, para comprender de una vez por todas que no existe posibilidad alguna de conciliar la democracia liberal-burguesa y la economía agroexportadora de libre mercado, con la democracia popular y el sistema económico industrialista que, habiendo tenido por impronta la justicia social, supo privilegiar la dignidad de los desposeídos y hacer de la soberanía nacional un atributo supremo que dignificó a nuestra Patria en el concierto de las naciones del continente.