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Las noticias falsas como delito

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2020 a las 01:01

El 19 de marzo último, la fiscal federal Alejandra Mangano, por entonces en turno junto con el juez Luis Rodríguez, envió un oficio al área de Ciberdelincuencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el que detallaba un posible delito de acción pública: una cadena de Whatsapp. 
“Gobierno decreta crisis nacional por cuarentena, no se podrá circular después de las 15 horas por coronavirus, decía su primera línea. El mensaje no solo anunciaba el toque de queda, sino el traslado compulsivo a centros de salud a cualquiera que tuviese un mínimo de 38 y medio de temperatura. Era, en sí, el escenario del desastre en la Argentina. Y era todo falso”, publicó ayer el sitio Infobae.
Según describe el medio, la cadena era acompañada por un link al Boletín Oficial, además de un número de teléfono.
Se rastreó ese teléfono y las autoridades llegaron hasta una casa en Haedo, donde encontraron a un joven y a su padre. El link, que también era falso, generó un tráfico que causó problemas en el sitio del Boletín Oficial, por lo cual debió intervenir un área de la Procuración contra delitos informáticos y online a cargo del fiscal Horacio Azzolin. Así, la causa se convertía en un combo doble: fake new y ciberataque. Se secuestraron teléfonos y computadoras, que todavía son analizadas. El joven y su padre todavía no fueron indagados: se espera el relevo de los aparatos para más pruebas.
Uno de los delitos en la calificación en su contra es el artículo 211 del Código Penal, de tres a seis años de cárcel, el delito de intimidación pública.
Otros funcionarios lo hacen a lo largo del país. En el Juzgado Federal N° 3 de Morón, el juez federal Néstor Barral decidió aplicarlo para pedir el allanamiento y detención de Santiago Rubén Aciar, el youtuber y empleado de una empresa de seguridad acusado de crear un falso viral en Youtube donde una mujer relataba que había pacientes con coronavirus ocultos en el Hospital Posadas, otra mentira, tres pisos llenos de infectados fuera de las estadísticas nacionales. En Resistencia, capital de Chaco, Rubén Escobar terminó con una causa penal por inventar en un video como al menos 30 presos se fugaron de la Unidad N° 7, el penal federal de la zona.
Escobar luego se retractó en otro video, pero la causa quedó bajo el delito, también, de intimidación pública.
El análisis es obvio: en tiempos de cuarentena, donde un funcionario como el subsecretario de Salud habla de “infodemia” para definir la chatarra y la desinformación que circula por los smartphones de la Argentina y toma por asalto las conversaciones en grupos para luego volcarse en redes, jueces y fiscales a lo largo del país aplican una figura penal que convierte a esas fake news en delitos contra el orden público.
En un contexto como el nuestro, un mundo de pantallas manipuladas de forma hegemónica, su núcleo decisorio no puede decirse inocente. 
La lista de infectados por el coronavirus o una situación extraordinaria acarreada por esta, como relato, es el agente portador de la fake y habilita la infodemia. Opera en la narración histórica dejando al individuo reducido a un etcétera. 
“Es la sociedad del espectáculo de la que hablaba Debord donde irrumpe Donald Trump y nos envuelve en un cúmulo de cifras que disuelve miles entre millones ‘No es nada, una gripecita’, enuncia, como sesuda reflexión de estadista. ¿Esto no es infodemia estatal? La presunta inocencia administrativa de la cual se autoproclamaba A. Eichmann de quien Arendt dice que hizo lo que hizo actuando como un burócrata, como un simple agente eficiente del Estado, solo guiado por la pulsión de cumplir con su deber en forma eficaz, en un ajustado y perfecto ejercicio contable. La actitud de Trump es análoga a la decisión política del genocida. Por definición, una forma organizada de matanza de un conjunto de personas con el objetivo explícito de ponerle fin a su existencia colectiva. Si el control de la comunicación se considera estratégico: ¿no es lo mismo?”, se planteaba el magister en diseño comunicacional Luis Campos en un artículo de opinión publicado por El Litoral. El tráfico de la información no puede ser simplemente una acción entre las tinieblas del espectro digital o una irresponsabilidad sin consecuencias y muestra de ese salto al sentido común como criterio es aplaudible en la Justicia.

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