En un extenso comunicado los organismos de Derechos Humanos hacen mención a una violenta represión por parte de fuerzas del servicio penitenciario en la que perdió la vida José María Candia, de 22 años.
Destacan que el ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López Desimoni, reconoció en parte la gravedad del hecho ante los medios de comunicación: “La muerte no se produjo por arma blanca o elemento cortopunzante, lo que marca la autopsia es la muerte por disparos de arma de fuego antitumultos”.
“Además de la muerte de José María, 6 personas fueron llevadas a hospitales con heridas contusas y perdigonazos de goma, uno de ellos con convulsiones. Otros 39 heridos fueron atendidos en el servicio de sanidad de la misma Unidad Penal. Un penitenciario resultó con una herida cortante en un brazo y otros dos con cascotazos en la cabeza.
Desde hace dos días, más de 400 presos se encontraban en huelga de hambre pacífica para obtener respuestas a solicitudes de libertades anticipadas y arrestos domiciliarios, recomendados por la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del covid-19. La medida se precipitó con la presencia de un penitenciario que dio positivo al test de coronavirus, lo que generó alarma en la población, en alerta desde antes del inicio de la cuarentena. Estos pedidos urgentes estaban sin respuesta por la feria judicial, hasta que una presentación del Comité contra la Tortura ante el STJ de Corrientes logró que esta situación se destrabara y se reanudara el funcionamiento del Juzgado de Ejecución de Condena, para analizar cada uno de estos pedidos. Desde los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y partidos políticos, nos solidarizamos con la familia de José María. Exigimos una investigación objetiva y a fondo, garantías para sus compañeros de pabellón y para los testigos. Asimismo, pedimos la preservación de cámaras de seguridad, videos y otros elementos probatorios. Reclamamos el apartamiento de los funcionarios que estuvieron a cargo del operativo y la responsabilidad penal para los responsables de este nuevo crimen.
Este es el resultado de una secuencia de inacciones, incumplimientos de garantías constitucionales, morosidad judicial, hacinamiento, sobrepoblación y abandono, que hoy salen a la luz con la pandemia de covid-19. No fue un motín. No hubo enfrentamiento entre pabellones. A José María Candia lo mató el sistema judicial-penitenciario que lo encarceló hace tres años por robar un celular, aun cuando ya fuera reparada esa acción”, finaliza el comunicado. (NG)
