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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Masacres modernas

Por Emilio Zola

Especial para El Litoral

Amanecía en la reducción indígena de Napalpí aquel 19 de julio de 1924, cuando una escuadra de policías, estancieros y civiles blancos regimentados por el poder político de turno barrió a tiros y machetazos a más de 700 originarios pertenecientes a las comunidades qom y mocoví. El horror invadió aquel paraje devenido en infierno, consagrado como estigma indigerible de la historia argentina no sólo por las vidas arrebatadas sino por las razones del sanguinario desatino, que nada tenían que ver con la justicia ni con la ley, sino con la estupidez dirigencial de un puñado de matones que por indolencia centralista administraba el poder en el otrora Territorio Nacional del Chaco.

Mujeres, niños y ancianos en estado de indefensión absoluta, en sus chozas y rodeados por sus algodonales, fueron literalmente arrasados en nombre de una cruzada racial que buscaba eliminar el ADN atávico de los “dueños de la tierra”. La presión ejercida por terratenientes que codiciaban las parcelas fértiles de los nativos dirigidos por el naturalista Enrique Lynch Arribálzaga fue suficiente para que, dádivas mediante, el décimo gobernador del territorio nacional, Fernando Centeno, ordenara la matanza étnica más despiadada y obtusa del siglo XX.

Un siglo después del oprobio, las mentalidades que lo consintieron perduran, vivas y coleantes, en los espacios de decisión de este siglo XXI atravesado por la revolución digital y el home office. Con adelantos tecnológicos que alumbraron el surgimiento del dinero electrónico y las fintech, el mismo gen segregacionista de siempre volvió a condenar al débil por una razón muy simple: no asumir que los pueblos boicotean su propio futuro cuando le pierden el respeto a sus ancestros. 

La indolencia que en 1824 dejó impunes a los asesinos de Napalpí se traduce en la negligencia que hoy permite el amontonamiento de jubilados aferrados a comprensibles tradiciones analógicas según las cuales siempre es más seguro retirar efectivo por ventanilla antes que errarle en las coordenadas del Home Banking. De ellos se trata. Y de la certeza inopinada de que nunca estuvieron tan desamparados como el viernes negro de ayer nomás.

El calvario mensual de las filas torturantes es parte de la condena paradójica a la que son sometidos los que acceden al jubileo de la pasividad en la Argentina, país que nunca desarrolló un programa de adaptación de las normas bancarias para evitar el lastimoso peregrinaje de humanidades artríticas que horas atrás vino a tirar por la borda dos semanas de cuarentena generalizada.

Una frase de cajón en estos tiempos es “imagen dantesca”. Vale decir entonces que en el infierno terrenal del viernes, las tres fauces del Can Cerbero del Tercer Círculo se relamieron al ver tantas almas servidas en una bandeja de burocracia inexplicable.

Mucho se ha dicho y escrito en las últimas horas sobre el mar de abuelos compelidos por la necesidad, apiñados en las aceras, a merced del coronavirus que asola entre los mayores de 60. Pero poco se ha hablado de la cronicidad del problema. La decadencia del debate nacional, más sumido que nunca en la grieta ideológica, repartió sambenitos entre políticos y gremialistas, pero la nube de obviedades pasó por alto el detalle fundamental de que las hileras serpenteantes de viejos a la intemperie son parte del paisaje cotidiano desde hace décadas.

Siempre estuvieron ahí, arrumbados en las orillas de las veredas, esquivados por la multitud, sin que nadie tomara decisiones de fondo al respecto. Hasta que ocurrió lo obvio. Si las sucursales estaban cerradas desde hacía dos semanas, estaba escrito que la primera reacción de esta avanzada de clientes supernumerarios sería acudir en estampida desde el primer minuto. 

Más preocupados por recortarse en el horizonte como los prohombres que decidieron mandar al país entero a un confinamiento compulsivo que dejó en Pampa y la vía a millones de cuentapropistas, los moradores de la Casa Rosada, el Ministerio de Salud, el Banco Central y la Anses se olvidaron olímpicamente de cumplir con lo que predicaban: cuidar a los situados en la franja etaria de riesgo mortal. Los “queridos abuelos”.

El único mérito del Gobierno nacional era haber decidido el encierro obligatorio antes de que la curva viral ascendiera a la estratósfera, una determinación tomada a tiempo que tranquilizó a la ciudadanía con números de contagios y víctimas razonablemente menores que los registrados en Italia, España y Estados Unidos.

 Pero… ¿Tal disposición preventiva fue producto del discernimiento de cerebros concentrados en combatir al covid-19 o una alternativa marquetinera que permitía disimular el recrudecimiento de la debacle económica del país?

Frente a los acontecimientos recientes pareciera lo segundo. 

A medida que se disparan los precios de los productos esenciales y se justifica la pérdida de libertades individuales en nombre de la salud pública, la realidad de los longevos desguarnecidos certifica la ausencia de políticas de Estado para contener a un segmento poblacional cuyo destino sigue siendo la indiferencia.

La excusa del analfabetismo tecnológico para explicar la saturación de los bancos cada vez que se liberan pagos de jubilaciones y pensiones no cuaja. En los países desarrollados también hay miles de ancianos sin Home Banking. Pero el Estado les asigna curadores sociales que velan por sus intereses mediante visitas semanales. En Dinamarca, por ejemplo, no hay pagos en ventanilla para nadie. Pero si el jubilado necesita efectivo, el responsable a cargo irá hasta el cajero electrónico para proveer los billetes.

Argentina pareciera estar a años luz. Pero no tanto. En todo caso hubo dejadez gubernativa frente a un drama que se agigantó con el tiempo. Hace tres o cuatro décadas, algunos bancos estatales tenían cajeros a domicilio que acercaban el sueldo a los jubilados.

¿Por qué no se desarrollaron esas estrategias de extensionismo bancario? El orden de prioridades alterado lo explica. 

No es verdad que el Gobierno y sus efectores sociales sean incapaces de planificar una logística de pago jubilatorio. Ocurre que les importa poco y nada la cotidianidad de los desvalidos. Reparten planes, pensiones y bonos a las muchedumbres como si fueran mendrugos arrojados al cubil de los invisibilizados.

La incapacidad existe, sí, pero en una dimensión más profunda. Quienes ejercen la autoridad emanada de la Constitución han perdido (si es que alguna vez la tuvieron) la virtud de ponerse en la piel del otro y no hay discurso paternalista ni tono amable que pueda reparar esa realidad tan autodescriptiva de las democracias de baja calidad que han gobernado y gobiernan estas latitudes latinoamericanas.

Desde el confort autoindulgente de la centroizquierda se critica a Trump y a Bolsonaro, pero los perfiles autoritarios y promercado de ambos resultan al fin de cuentas menos hipócritas. 

La historia termina repitiéndose sin solución de continuidad, producto del ciclo macabro que reactualiza un pasado purulento cuyas depuraciones raciales regresan maquilladas por una peste que transforma a los ancianos y enfermos en la carne de cañón de la guerra bacteriológica menos pensada, combatida con heroísmo en las trincheras médicas, pero dirigida por abúlicos.

Incomprobables teorías que se resumen en la dislocada idea de “mandar a los viejos al muere” encontraron pasto para sus caballos con el aluvión de gerontes. Y las redes sociales, en sus facetas más cloacales, reflejaron esa mirada plana y cruda de una sociedad que se indigna en el terreno verbal, pero sigue su vida impasible en el plano de los hechos.

Lo más triste es que, ya sea con la deliberada finalidad mortífera de las masacres pasadas o por efecto de la omisión gubernamental del presente, el resultado es el mismo. Así lo describe Lynch Arribálzaga, en su informe al Congreso, después de aquel fatídico 19 de julio de hace 96 años: “La matanza continúa, parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos con tal de no dejar vestigios”.

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