Consecuencias de las filtraciones de la AFI

Por Miguel Ángel Toma y

Vicente Ventura Barreiro

Publicado en Clarín.

La exposición de la identidad de los agentes de inteligencia, que operan tanto dentro como fuera del país, es el último eslabón de una cadena de irresponsabilidades institucionales.

La remisión a la Justicia de actas de naturaleza estrictamente confidencial, sin observar las medidas que deben aplicarse cuando se produce la desclasificación de este tipo de documentos, constituye, en primer lugar, un acto de ineficiencia - en el caso de que no haya habido mala intención- sin precedentes. 

Y en segundo lugar, una conducta tipificada penalmente y sancionable por lo establecido en la Ley 25.520 y en la 27.126. Independientemente de ello, constituye una afectación directa contra la seguridad nacional que pone en riesgo intereses estratégicos de la Nación, tanto en lo referente a la defensa nacional, como a la seguridad interior y las relaciones exteriores de nuestro país, lo que lo hace, además, muy grave desde el punto de vista político. No contemplar este hecho supone la falta de una mirada integral para comprender el daño institucional que la filtración conlleva.

Expone, por otra parte, a los funcionarios, a los que se los identifica con su nombre real y su documento de identidad, a un riesgo personal y de sus familias significativo y los invalida, en el caso de que sigan en funciones, en la continuidad de sus tareas. El sistema de inteligencia se verá forzado a un cambio, aunque difícilmente la administración que es responsable de esta filtración pueda establecer los mecanismos para que no vuelva a repetirse.

En el plano de las relaciones con los servicios colaterales, esta filtración genera una enorme desconfianza que va a afectar el necesario intercambio de información sensible y reservada en orden a la lucha contra amenazas de naturaleza transnacional tales como terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, trata de personas, entre otras. Argentina tiene agentes desplegados alrededor del mundo, inclusive en zonas de alta conflictividad, donde el resguardo de la identidad es sinónimo de supervivencia.

Dado que la confianza institucional es clave en las relaciones entre las agencias, llevará un tiempo considerable reconstituirla.

La información que ha trascendido expone públicamente el organigrama de funcionamiento interno del servicio y el Plan Nacional de Inteligencia, toda vez que dicha organización surge del cumplimiento de los objetivos definidos en el mencionado plan. Ello no solo revela los movimientos internos, sino que, además, visibiliza el nivel de prioridades que se da en lo referente al relacionamiento con terceras potencias.

Lamentablemente nuestro país ya tiene antecedentes de conductas similares en la materia. Basta recordar la filtración del nombre y la foto de un agente extranjero acreditado en nuestro país a principios de siglo y que fuera publicado por un matutino porteño, o bien la exhibición de la foto y el nombre de un alto oficial del servicio, pocos años después, por parte de un funcionario del Poder Ejecutivo en un programa de televisión.

Más allá de la urgente y necesaria investigación judicial para establecer responsabilidades y las consecuentes sanciones penales, corresponde al Poder Ejecutivo -que es quien nombra y remueve a sus funcionarios- adoptar las decisiones que un hecho de esta naturaleza requiere. Ante la magnitud del daño autoinfligido no cabe la indiferencia ni la tibieza.

Finalmente, debe tomar inmediata intervención el Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral pertinente, para investigar el hecho y proponer medidas para evitar la repetición de situaciones semejantes de cara al futuro.