Desde comienzos de 2020, Fundación Libertad insiste en que se comprimió un problema grave, multidimensional y dinámico, la pandemia de covid-19, a solo dos variables: contagios y muertes. De este modo, en palabras de Alejandro Bongiovanni, uno de los directores de la entidad, “se generó una cancelación total de toda discusión, análisis y observación de variables económicas, educativas, legales y constitucionales, entre tantas otras. Lo único importante durante un año entero fue evitar la mayor cantidad de muertes posibles por coronavirus, a cualquier costo”.
En este sentido, la entidad rosarina creó el Observatorio Provincial de salud + economía + libertad (SEL), que midió durante el año pasado las variables de salud, pero relacionadas con economía y, sobre todo, respeto a libertades y derechos constitucionales.
A un año de la creación del Observatorio, la Fundación Libertad presentó un reporte con la información recabada.
El confinamiento estricto abarcó inicialmente a todo el territorio del país durante 46 días y luego cambió para establecer medidas de distanciamiento social, con excepción de algunas áreas urbanas como el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Debe señalarse que dichas fases se explicitaron con mayor precisión en la segunda parte del año, siendo una suerte de vacío legal y de ambigüedad jurídica durante la primera parte del 2020.
Ha de destacarse que Argentina presentó una serie de medidas extremadamente draconianas al comienzo de la pandemia, que no mostraban un correlato con la situación actual del avance del coronavirus en el país. Argentina se cerró y se aisló al mundo al mismo tiempo en que lo hacían Europa y América del Norte, con la salvedad de que por esas latitudes estaban transitando los picos de la pandemia mientras que Argentina no presentaba casos de contagios oficiales confirmados de relevancia. Al 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, en el país se registraban 373 contagios y 3 fallecidos.
En tal sentido, Argentina mantuvo medidas de aislamiento que duraron en su formato más extremo en todo el territorio del país al menos hasta fines de mayo o mediados de junio, según los indicadores que se tomen en cuenta de los establecidos por el Estado nacional. Indicadores que fueron, en gran medida, elaborados retroactivamente y sin claridad sanitaria y/o administrativa, ya que Argentina comenzó su cuarentena estricta sin normativa publicada en ninguno de sus boletines oficiales, siendo publicada la misma con posterioridad y de fragmentos que se actualizaban progresivamente y en ocasiones se contradecían entre sí o con los anteriores.
El resultado de ello, no obstante, es que, al 31 de enero de 2021, Argentina se encuentra entre los 12 países con más casos diagnosticados oficialmente, solo superado por Brasil y Colombia en Latinoamérica.
En cuanto a fallecidos en relación a la población, Argentina ocupa el segundo puesto detrás de Perú en Sudamérica y el puesto número 24 en el mundo, con 1.061 muertos por millón de habitantes.
Entre los 12 países con más casos detectados, Argentina es el séptimo con la tasa de mortalidad más alta -fallecidos por millón-, detrás de Reino Unido, Italia, Estados Unidos, España, México y Francia.
Respecto de la economía, destrozada a causa de las restricciones por la pandemia, el informe observa que todas las provincias, a excepción de Río Negro, han visto mermada la población que integra al mercado laboral: Buenos Aires, con la mayor caída (-1.957.290), es seguida por Caba (-313.670) y Santa Fe (-182.161).
La mayor variación porcentual en la tasa de desocupación se observó en la provincia de Misiones (241,5%) al pasar del 2,4% a 8,2%; le siguieron las provincias de Neuquén (106,9%) y Corrientes (98,8%). Sin embargo, el desempeño entre las jurisdicciones no fue homogéneo: en San Luis (-5,8%), Río Negro (-11,1%), Jujuy (-14,1%), Santa Cruz (-17,5%), Tucumán (-20,3%), La Pampa (-22,7%), Chaco (-37,4%), Chubut (-59,6%) y Santiago del Estero (-73,8%), la desocupación cayó.
Si bien el Indec sostiene que la tasa de desocupación creció del 10,4% al 13,1% (siendo el guarismo más alto observado desde el 2004), este es un dato al menos controversial, ya que subestima el cuadro de destrucción laboral ocurrido durante la fase más dura del Aspo. Lo que significa que la caída en la Población Económicamente Activa (PEA) ha contribuido en que el crecimiento en la desocupación sea significativamente menor.
El cierre masivo de locales fue una de las consecuencias graves que dejó la cuarentena en las pymes. Los primeros números reflejan ese impacto: el 15,6% de los locales comerciales del país cerraron, sin registro de que se hayan mudado a zonas más económicas: la tasa de mudanza registrada apenas llega al 0,3%. Es decir, la crisis fue tan profunda que los comercios ni siquiera pudieron compensar mudándose a zonas más baratas, como suele suceder en períodos recesivos.
La libertad quizá ha sido uno de los aspectos que más ha sufrido los embates de la pandemia y de las decisiones gubernamentales durante la evolución del covid-19, y probablemente uno de los más complejos para mensurar por, entre otros motivos, la ausencia de datos públicos, la falta de confiabilidad en los datos que sí se encuentran disponibles, y la necesidad de haber definido oportunamente indicadores que fuera factible darles seguimiento en el tiempo. A la fecha, y de acuerdo con Government Stringency Index, la respuesta política de Argentina a la crisis sanitaria es más estricta que la de países como Chile, Brasil, México, Uruguay y Bolivia en Latinoamérica, e incluso más estricta que en Italia y España, países con los que frecuentemente nos hemos comparado desde la irrupción de los casos en Europa.
En el caso de la Argentina, los campos más vulnerados por el gobierno son la libertad de circulación, la integridad y seguridad personal. Todo eso puede apreciarse en los datos duros de este reporte de Fundación Libertad.
No es un detalle menor que el Estado nacional, dado que normativamente no podía crear nuevos delitos por ser esa una potestad exclusiva del Congreso nacional, rápidamente interpretó polémicamente que el Código Penal ya incluía dos delitos que podían vincularse al no cumplimiento de las medidas sanitarias: propagar intencionalmente una enfermedad peligrosa y contagiosa (art. 202, prisión de tres a quince años) e incumplir medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia (art. 205, prisión de seis meses a dos años). De cualquier forma, los casos de incumplimiento al aislamiento solo se sucedieron en los primeros meses del aislamiento, dándose luego una no persecución penal ni preventiva por parte de las autoridades correspondientes.
Debe dedicarse un apartado al caso de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, la cual fue motivo de denuncia internacional por Amnesty International y por Human Rights Watch, por múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los residentes formoseños, quienes durante toda la pandemia se vieron cercenados en sus libertades individuales según las denuncias efectuadas, por ejemplo, imposibilitándose su libre movimiento, su egreso o ingreso a la provincia, o deteniéndoseles en denominados “centros de aislamiento”, los cuales no contaban con condiciones dignas de vivienda.
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