Cuando el histórico centralismo del puerto mutó en el Estado nacional

Por Dardo Ramírez Braschi

Especial para El Litoral

La Argentina reúne una condición natural hacia el federalismo. Con una dimensión también casi subcontinental, lo que da lugar a una riquísima diversidad en sus condiciones naturales y humanas, todo ello se traduce en enormes extensiones territoriales con necesidades y requisitos tan distintos como lo son ellos mismos entre sí. Con un territorio rico en recursos naturales aprovechables, su territorialidad obliga a una descentralización del Gobierno, con el fin de no perder la diversidad local, y todo ello bajo una unidad central nacional que no hubiese podido existir sin las características diferenciales de cada región, su propia economía, sus costumbres, sus particulares acentos y su propia cultura.

El federalismo argentino se compondrá -como decía Juan Bautista Alberdi- con lo general e indeterminado que pertenece a las provincias y, lo particular y determinado al Gobierno Federal, por lo que: “sería incurrir en un grande y capital error el creer que las provincias se desprenden o enajenan el poder que delegan en el Gobierno Nacional. Agregando más adelante que: “El Gobierno Nacional no es un Gobierno independiente de las provincias; es elegido, creado y costeado por las provincias mismas… Les pertenecen del mismo modo que sus Gobiernos locales… uno y otro son hechuras “del pueblo de la provincia…” (Obras Selectas (1920), tomo 11, p. 31, Buenos Aires). Esta doctrina alberdiana fue mantenida con el transcurrir del tiempo, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina que argumentó que en el federalismo los Poderes provinciales inherentes a su propia autonomía y soberanía histórica, son preexistentes, anteriores a la Constitución Nacional y, por lo mismo, al poder del Gobierno Central; la Constitución es, así, una concesión de poderes al Gobierno Federal, que no puede válidamente ensanchar bajo pretexto alguno. (Csjn, 9-. 384).

El periodo preconstitucional argentino se caracterizó por la hegemonía de la provincia de Buenos Aires, que con su puerto controlaba el destino económico de las restantes provincias. A partir de la década de 1860, estando ya el Estado nacional constituido, fue éste manejando los ribetes políticos y económicos de las provincias, transformándose en el nuevo rector de las economías locales. A partir de la batalla de Pavón (1861) se produjo una mutación en la figura representativa del poder político-económico y se afianza en el Estado nacional que con el transcurrir de las décadas adquirirá poderes desmesurados y desproporcionados, al extremo de lograr actualmente un Estado nacional rico en recursos y provincias pobres o empobrecidas.  Se produjo un desfasaje en donde las provincias fundadoras creadoras del Estado nacional a través de la Constitución de 1853, hoy conforman en meras administraciones que han delegado sus más preciados intereses autonómicos con el objeto de sobrevivir en la distribución financiera controlada por el Estado nacional.

Pereciera ser, de acuerdo a la experiencia histórica, que las antiguas acciones de Buenos Aires, ha convertido y mutado en Estado Nacional, estando destinadas a absorber hasta las fibras más íntimas de las provincias fundadoras. Desde los orígenes de nuestra república, la “ciudad tentacular” al decir de Manuel Gálvez o “la cabeza de Goliat” de Exequiel Martínez Estrada, ha seducido a propio y extraños, incluyendo provincianos que en representación de sus provincias se sumergen en lo vahos de la ciudad puerto, olvidándose de sus ideas primeras. 

Parafraseando a Gálvez, en los tiempos actuales, atento a la debilidad acrecentada del federalismo, los tentáculos de hoy pertenecen al Estado Nacional que succiona de la misma manera que el antiguo puerto. Hoy no es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien desestima los intereses y derechos provinciales, sino el Estado nacional. Paradoja de la historia: las provincias fundadoras que dieron identidad al estado nacional, hoy padecen dependencia de aquel.   

Que distante están los planteos del correntino Pedro Ferré que en 1830 describía claramente a los intereses del puerto, manifestando que es imposible la construcción de un estado político federal sin una clara aplicabilidad de un federalismo económico real. En aquellos años donde todo estaba por hacerse y transcurrían momentos de invención, Ferré fue el gran innovador que con las propuestas de proteccionismo económico y la distribución de la renta aduanera, propuso que eran los motores propulsores para la viabilidad existencial de las provincias. El diagnostico de Ferré fue el correcto, en cambio su propuesta no fue considerada en la primogénita etapa de pactos y acuerdos preexistentes.

Pero hay una maniobra política definitiva que terminará por imponer el proyecto hegemónico del Estado nacional sobre la miseria de las provincias: la reforma constitucional del año 1866. En aquella reforma, que duró tan solo tres días, se modificaron los originarios artículos 4 y 67 inc. 1 que facultaban provisoriamente, desde la reforma de 1860, al Estado nacional a percibir los derechos de exportación  tan solo hasta el año 1866. La reforma suprimió el párrafo de ambos artículos que establecían el año tope de 1866, quedándose el tesoro nacional con la recaudación  de impuestos tanto de importación como exportación. Con esta maniobra las provincias perdieron definitivamente la posibilidad de participar en la recaudación por los derechos de exportación y con ello se diluyo toda posibilidad de que manejen directamente sus recursos sin la administración del Estado nacional. Esta reforma exigida entonces por el Estado nacional, se impuso tan solo por tres votos de diferencia -22 a 19-, teniendo en cuenta que los electores de la provincia de Corrientes no asistieron, cuyo gobierno a cargo de Evaristo López estaba en contra de la reforma. A partir de entonces la tragedia argentina se agiganta adquiriendo dimensiones gigantescas, muchas veces casi incomprensible. Ese fue el inicio, luego en el siglo XX la situación se pronunciaría hasta converger en la administración y distribución de los recursos económicos a través de una coparticipación federal de recursos. Al no poder sincronizar desde los primeros intentos constitucionales la coexistencia simultanea del federalismo político con el federalismo económico, se gestó un sistema que nunca pudo desarrollarse plenamente ya que el distanciamiento del federalismo económico del político sumergieron a las provincia argentinas en un destino trágico del que históricamente nunca pudieron emerger, y después de casi doscientos años de discusiones al respecto, a dos siglo del inicio de nuestra identidad como estado, el federalismo se halla tan debilitado hasta que dudamos de su existencia real. 

*Profesor e investigador de la Unne. Miembro de la Academia Nacional de la Historia.