Días atrás, el diputado Mario Negri presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de modificación de la ley de procedimientos tributarios, tendiente a establecer una nómina de 29 tópicos que hacen a los derechos y garantías del contribuyente.
De esta manera, se contempla un núcleo de normas para garantizar y fortalecer la protección procesal tributaria de los derechos y garantías fundamentales del ciudadano contribuyente en la aplicación de los tributos, las sanciones y las vías recursivas administrativas y judiciales.
Más allá de que nuestra Constitución nacional contempla los principios básicos de contenido tributario, se reconoce que el estatuto del contribuyente es un cuerpo normativo destinado a establecer el equilibrio de la regulación jurídica tributaria, que especifica detalladamente los derechos del contribuyente y de sus asesores, reconocidos por nuestra Constitución, por los tratados Internacionales de derechos humanos y en las demás normas jurídicas.
El Estatuto del contribuyente, en el derecho comparado, tiene rango legal en España (Ley General Tributaria, de 2003), Italia (Estatuto de Derechos del Contribuyente, de 2000) y México (Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, de 2005). En otros países, no tiene rango legal, como el caso de Francia (La Charte de Contribuabre, de 2005), Estados Unidos (Taxpayer Bill of Rights, de 1986), Canadá (Taxpayer Bill of Rights, de 2007) y Australia (Taxpayers Charts, de 2007).
A su vez, la Ocde confeccionó un cuestionario sobre distintos aspectos relacionados con la situación jurídica de los contribuyentes, en 1987, a partir del cual se elaboró un informe aprobado por el Consejo del Organismo el 27 de abril de 1990, y del que se desprende una serie de derechos básicos.
Referirnos a un estatuto del contribuyente implica pensar en el límite del ejercicio de las potestades tributarias del Estado en sus diferentes niveles de gobierno nacional, provincial y municipal.
Si bien los principios básicos forman parte del ordenamiento jurídico, recogidos por la jurisprudencia y por la doctrina, muchos autores sostienen la conveniencia de contar con un cuerpo legal concreto para comprender de forma más adecuada el derecho que asiste a los contribuyentes.
La defensa de estos derechos no solamente se lleva a cabo en sede judicial, sino también en la administrativa, para lo cual se impone el establecimiento de límites a las amplias facultades fiscales, ante los requerimientos de los organismos de fiscalización y los excesos que pueden avizorarse en la práctica diaria.
Más allá de que tal postulación no implicará una solución de fondo para el problema en análisis, resultará de gran utilidad para los contribuyentes, como un esquema concreto, para conocer y aplicar sus derechos.
Este tema se inscribe en un movimiento internacional del derecho tributario que, en cada país, ha tenido manifestaciones diversas. Así, el estatuto del contribuyente, como proyección del estatuto del ciudadano en materia tributaria, es llamado a tener un efecto didáctico.
