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/Ellitoral.com.ar/ Sociedad

Prestadores de discapacidad denuncian deudas de 60 días en el pago de servicios

Reclaman que las obras sociales no abonaron los pagos de agosto. A pesar de las promesas de la Superintendencia de Servicios de Salud, aún no percibieron sus haberes.  

El sector de prestadores de discapacidad reitera el reclamo por el pago de sus servicios, que registran al menos 60 días de retraso. En algunos casos, las deudas se extienden desde enero y marzo. 

Desde el mes de agosto prestadores de servicios terapéuticos y educativos para población con discapacidad buscan visibilizar el reclamo que afecta a profesionales de todo el país.

El septiembre, la Agencia Nacional de Discapacidad había garantizado que esta semana se iba a generar la normalización de los estipendios, pero todavía no impactó en el bolsillo de prestadores de servicios locales. La correntina Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos, remarcó la responsabilidad de la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación en su rol de control sobre los pagos de las obras sociales. Se trata de una realidad que atraviesa a educadores, terapeutas, transportistas, psicólogos, kinesiólogos, entre otros profesionales; que se desempeñan tanto en consultorios como en instituciones.

“Desde la Superintendencia dijeron que habían girado el dinero la semana pasada, pero el tema es que las obras sociales no pagan. No podemos estar sin hacer nada cuando no tenés plata para llevar a tu casa y pagar las cuentas”, señaló en diálogo con Radio Sudamericana.

Hoy miércoles a las 10 habrá una movilización a Casa de Gobierno en Capital Federal bajo la consigna “Discapacidad en Crisis”. Se trata de la segunda acción que realizan, luego de un acampe que duró 10 días. 

“Se debe el mes de agosto porque ningún prestador cobró, ni en la provincia ni a nivel nacional”, indicó y denunció que “hay obras sociales que todavía deben enero, marzo del 2022; mientras que otras tienen deudas del 2021”.

Kriskovich manifestó que, si bien las atenciones educativas y de salud a personas con discapacidad están garantizadas, para las y los trabajadores del rubro “se hace difícil de sostener, en un contexto de total incertidumbre e inflación”.

“Cuando tenés deudas históricas, y hoy como está el país, decimos que peligran las prestaciones porque no podemos estar cobrando a más de 60 días una prestación que la brindaste meses atrás”, alertó Kriskovich. En este sentido, sostuvo que este atraso es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la encargada de realizar el pago de las prestaciones básicas para este sector de la población. 

A su vez, las obras sociales deben remitir a este ente las facturas de las prestaciones efectuadas. De esta forma, Superintendencia informa a la Afip los pagos que debe realizar a las obras sociales. “Más allá de que la Superintendencia gire el dinero a las obras sociales, es  también quien debe regular y controlar que se le pague a los prestadores. Esa es su función, por eso también es un reclamo ante el Estado. El Directorio no está solo para subir los aranceles, sino para velar por los derechos de las personas con discapacidad”, finalizó.

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