Finalmente y con retraso, el Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias para abordar en el Congreso 18 proyectos de su autoría en apenas 19 días hábiles que comenzaron a correr el martes.
Si bien el Poder Ejecutivo pretende recuperar la iniciativa política luego de la derrota electoral y con una pelea interna partidaria cada vez más complicada, los pronósticos vislumbran que no se conseguiría realizar más de una sesión por Cámara, durante todo el corriente mes.
Una de las principales cuestiones por abordar será seguramente la nueva composición del Consejo de la Magistratura —hay tiempo hasta abril— luego de que, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley de 2006 al considerar que no respetaba el equilibrio de los sectores que tienen a su cargo el nombramiento, la sanción y la remoción de magistrados.
Con anterioridad a ese contundente fallo, el Gobierno había presentado un proyecto que contemplaba aumentar de 13 a 17 el número de miembros del Consejo, pero no es la única iniciativa en danza. La oposición cuenta con otras a las que pretende aunar de modo de poder exhibir una posición sólida durante el debate con el oficialismo, por lo que no sería ni sencillo ni rápido contar con la nueva ley.
Otro de los temas claves para ser tratados en extraordinarias es el Consenso Fiscal 2022, acordado recientemente con las 23 provincias, sin el apoyo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuyo objetivo primordial es subir impuestos y autorizar topes de gastos a las jurisdicciones.
Fuera de esta agenda quedó el plan plurianual que el presidente anunció a mediados de noviembre, confirmando una inconsistente deriva en materia económica. Como si el tiempo sobrara, habrá que esperar el comienzo de las sesiones ordinarias, el primero de marzo, cuando, de no surgir nuevas excusas, la ciudadanía podría llegar a enterarse de si hay algo diferente al “no plan” económico del que insólitamente viene haciendo gala el presidente desde hace dos años.
Dentro del paquete industrial y productivo figuran la ley de desarrollo agroindustrial, la de electromovilidad —que el kirchnerismo rechaza—, la de industria automotriz, los cambios en la ley de “compre argentino”, el régimen de incentivo a la construcción federal y otra iniciativa referida a producción de cannabis y cáñamo. Se suman la ley de respuesta integral al VIH, la de promoción de la formación y desarrollo de la enfermería, la creación de dos universidades —una de ellas, la del Delta, que ilusiona particularmente a Sergio Massa— y de varios parques y reservas en provincias.
Un Poder Ejecutivo oscilante, un Congreso moroso y carente de reflejos para atender las demandas ciudadanas y un Poder Judicial asediado de manera inconcebible desde la política configuran un peligroso escenario en el que se juega nuestro futuro. Dirigentes opositores destacan que no vislumbran un rumbo estratégico que haga foco en los temas medulares, ni una voluntad dialoguista cuando no hay otra vía que la de los consensos con números ajustados en ambas cámaras.
No debería sorprendernos que el indispensable tratamiento de los proyectos de ficha limpia y boleta única de papel quedaran una vez más fuera de la consideración de quienes encuentran en estas herramientas límites a su accionar. Tampoco lograron franquear las resistencias proyectos largamente demorados como los de extinción de dominio, juicio en ausencia, la derogación definitiva de las jubilaciones de privilegio y la anulación de los fueros parlamentarios por delitos económicos dirigidos a poner fin a los abusos y a la corrupción política. Con no poca preocupación, miles y miles de ciudadanos ven también cómo se sigue demorando el tratamiento de otra iniciativa fundamental como la de la ley de alquileres, cuya reforma no debería postergarse más habida cuenta de los gravísimos problemas en el mercado inmobiliario que introdujeron sus últimos cambios.
Los ciudadanos debemos entender que solo en un marco de justicia, transparencia y activa participación en la que proyectos como los mencionados sean una realidad podremos entonces pensar en mejorar la calidad de nuestra democracia. Mientras así no lo entendamos ni lo exijamos, quienes llegaron a sus puestos gracias a nuestro voto continuarán incumpliendo el mandato popular.
