Por José Miguel Bonet
Especial para El Litoral
Un 23 de julio, como hoy, pero de 1964, se sanciona la Ley de Medicamento en Argentina durante la presidencia del doctor don Arturo Umberto Illia. La Ley Nº 16.463 siendo ministro de Salud el doctor Oñativia, establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963 y fijaba límites para los gastos de publicidad e imponía topes a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos.
La ley fue una de las causales del golpe militar de 1966, bendecido por las multinacionales farmacéuticas. Es obvio mencionar que esa ley fue anulada apenas el dictador Onganía ingresó a la Casa Rosada. Pero lo importante es ver que el sistema de las grandes cadenas de laboratorios farmacéuticos han tenido un rol especial en el siglo XX y aún en el siglo XXI lo siguen teniendo. Ranking de las 5 cadenas más importantes: Pfizer (44,2 billones de dólares anuales), GlaxoSmithKline (43,0), Sanofi-Aventis (38,7), Novartis (36, 0) y AstraZeneca (31, 6).
Este es un ranking del 2008 realizado por Pharm Exec (revista de noticias de la industria farmacéuticas). En un estudio realizado por el licenciado en Geografía Económica e investigador Manuel Collazo Herrera sobre el poder de mercado de las industrias farmacéuticas, publicado en la página www.bvs.sld.cu (Biblioteca virtual en Salud de Cuba), se puede determinar que: “Con ventas de 170.000 millones de dólares en el orbe, el sector farmacéutico se encuentra en continuo crecimiento, caracterizado por una competencia oligopólica basada en la dependencia de los productos; 25 empresas controlan cerca del 50 % del mercado mundial”. Y además, según la investigación realizada por Correa MC Industria Farmacéutica y Biotecnología, y citada por Collazo Herrera desde la revista Comercio Exterior de México: “Su fuerza competitiva se basa en la investigación y el desarrollo (I-D) —a la que se destinan alrededor del 12 % de los ingresos de la industria—, en la apropiación de las rentas mediante el sistema de patentes y en las cadenas de comercialización”.
Las características básicas de las empresas farmacéuticas coinciden con las de la generalidad de las EMN, al ser una industria altamente oligopolista y muy extendida en la que un número de empresas relativamente enormes, pertenecientes a un grupo reducido de países dominan la casi totalidad de la producción, investigación y comercialización de los fármacos en el mundo. Esta característica en la estructura internacional de la industria farmacéutica trae como consecuencia un poder comercial de las empresas para dominar un mercado y obtener beneficios mayores que los que obtendrían en una situación competitiva. De esta forma, se afirman que las EMN farmacéuticas tienen un poder de mercado para la comercialización de los productos. Ya teniendo un panorama de cómo es el panorama mundial de la industria farmacéutica podemos volver a retomar la Ley Oñativia de medicamentos. La ley por él impulsada garantizaba el acceso de la población a los medicamentos y vale decir que esto se hizo aún contra las presiones de las multinacionales, cuyos intereses heridos fueron de rol protagónico en el posterior derrocamiento del gobierno de Arturo Illia.
Este proyecto de ley había sido elaborado merced al estudio de dos comisiones. Una formada por médicos, bioquímicos, y especialistas en farmacología, era presidida por un profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Otra formada por contadores y economistas, se centró en el estudio de los costos de los medicamentos. La comisión integrada por especialistas en ciencias de la salud, trabajó sobre una muestra de más de veinte mil medicamentos: descubrió que muchos de ellos, una parte relevante carecía de las drogas e ingredientes que decían contener, o bien no las tenían en las proporciones explicitadas en sus prospectos. La comisión de contadores pudo constatar que los grandes laboratorios poseían un doble juego de libros de contabilidad que les facilitaba exagerar los costos para maximizar sus ganancias.
A tenor de estas circunstancias, la ley 16.462 impulsada por el ministro de salud doctor Arturo Oñativia, que congeló el precio de los remedios, definía a estos como “bienes sociales”. Al concebir al medicamento como bien de mercado, es imposible no pensar en el derecho a la propiedad intelectual-patente farmacéutica, aquella que protege al descubridor-inventor-creador de algo; pero ese algo en este caso es en realidad aquel bien social que defendía el doctor Oñativia, y al definirlo como social, esta propiedad intelectual indefectiblemente se opone al derecho a la salud: si la emergencia supera a la demanda de medicamentos, esa patente farmacéutica ya no tiene razón de ser.
Ante el clamor de los laboratorios la mayor parte europeos, sobre todo suizos quienes sostuvieron que sólo ellos poseían expertos con la pericia necesaria para realizar esos estudios, el gobierno les dio seis meses para presentar una declaración jurada relativa al costo y la calidad de los medicamentos, al tiempo que mantuvo la congelación de los precios. Ninguno de ellos presentó la declaración jurada. “Los señores tuvieron otra entrevista conmigo, volvieron a decir que la ley era arbitraria, que atentaba contra la libre empresa, yo les reiteré que me expusieran cuales eran sus objeciones y me dijeron: en pocos días le contestamos.
A los diez días me derrocaron...”, Asimismo, fue de importancia estratégica la Ley de Medicamentos —la 16.462 y 16.463— conocida como Ley Oñativia que le daba al medicamento un carácter de “bien Social” al servicio de la salud pública y de la sociedad.
Esta ley, promulgada en 1966, reglamentaba un estricto control técnico de las drogas sujetas a la experimentación humana, además del control de precios, según la demanda de las mismas. En el 2002 la Ley de Prescripción de Genéricos sancionada por el Congreso, a instancias del ministro Ginés González García fue el único avance que se hizo en esta materia. Para hacernos una idea, algunos medicamentos en Argentina llegan a las farmacias con una diferencia de 33 mil por ciento con relación al costo de la materia prima, cuando ingresa al puerto de Buenos Aires, según un informe que difundió el año 2009 la Asociación de Agentes de Propaganda Médica.
La ley dice: “Toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración. La receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades”.
Pero como siempre esta medida fue sorteada por los cuatro grandes de la distribución de los medicamentos Disprofarma (Elea y Bagó, básicamente), Rofina (Roemmers) Farmanet (Gador y Casasco) y Global (Temis Lostaló y algunas multis) mediante un acuerdo. Este acuerdo de los laboratorios nacionales más poderosos crea un control de la distribución y de las droguerías.
Así se forma un cartel que determina los precios e impide la negociación. Entonces la producción de genéricos de 2002 quedó prácticamente sin funciones y no se pudo volver a solucionar el precio excesivo de los medicamentos. Un ejemplo esclarecedor es la tasa de rentabilidad del Losec (omeprazol) de AstraZeneca que asciende a 33.130 por ciento, ya que el costo de la droga es de $0,10 por unidad pero se vende en las farmacias a $36,60.
El avance más completo que se ha realizado es el proyecto de ley del año 2006 presentado al Senado teniendo como referencia la Ley Oñativia. Una nota muy interesante que apareció en www.lavoz.com.ar sobre los medicamentos titulada “Desafío al sistema”, fue realizada al sanitarista, farmacólogo y filósofo italiano Gianni Tognoni. Compara a los laboratorios con los bancos. Dice que se recetan remedios que no curan enfermedades. Esa frase me hizo recordar un poco lo que le pasa a los países de tercer mundo con los organismos como el FMI. Nos dan curas para problemas monetarios que no tenemos y si los tenemos, no nos curan, nos matan. Lo mismo con los laboratorios. No recetan y crean “curas para enfermedades que no tenemos y si las tenemos, no son esas las soluciones”.
