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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

El apriete calificado

De qué está hecha la media sanción que el Senado le dio al plan del Gobierno para reformar al Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Al decir del propio oficialismo y  —algunos de— sus gobernadores, se trata de una intención por federalizar el cuerpo, por darle la magnitud que tiene en países de Europa como Suiza, Alemania, entre otros, así como de dotarlo de una paridad de género nula en la actualidad.

Pero, como se vio, al final no era tan medular justamente el núcleo del cambio principal: a última hora pasaron de 25 a 15 los integrantes del máximo tribunal según la iniciativa del Frente de Todos.

Como sea, el plan oficial no va a prosperar en la Cámara de Diputados, salvo que obre un acontecimiento de magnitud meridiana entre la realidad y lo místico. Lo confirma la matemática en el recuento de voluntades que suma una y otra postura alrededor del proyecto.

Entonces, ¿para qué asume semejante gasto político y esfuerzo el oficialismo?

La andanada de amenazas que profirió el peronismo a los fiscales, comenzando por el ignoto sindicalista correntino que dijo que iba a acomodar la dentadura al fiscal Luciani, hasta las que profirieron dirigentes de la primera línea del Gobierno, como —nada menos— que el ministro de Justicia Martín Soria y su altisonante “deberían estar preocupados”. Pues bien, se trató nada menos que de una demostración de fuerza, pulida en los hangares de un PJ al acecho de tiempos de guerra política que tendrán como batalla principal la elección presidencial de 2023.

Con esta votación de 36 a 33, el kirchnerismo le mostró a los fiscales de la causa Vialidad que por esa suma es que saldría una eventual disposición de remoción en juicio político.

Y Cristina anunció que los llevará ante los tribunales, al señalarlos por prevaricato. Mientras, la idea de agrandar la Corte se subsume a un clima de impunidad buscada.

Ya fue marcado que el reemplazo de la vacante que se había producido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación era una oportunidad que debía aprovecharse para promover una designación responsable que recayera en una candidata ejemplar, y no para la picardía de designar jueces afines al gobierno de turno. Precisamente esto último es lo que el oficialismo demostró que tiene como único objetivo al impulsar, y lograr, la aprobación en la Cámara de Senadores de un proyecto de ley para aumentar el número de jueces del tribunal. De manera algo incoherente con la exigencia de las mayorías agravadas que las normas exigen para otras decisiones, esta puede aprobarse con las mayorías que se requieren para cualquier ley. Paradójicamente, en momentos en que nuestro país procura dar señales de confianza a los inversores y organismos de financiamiento internacionales de que habrá de cumplir con sus compromisos, se persigue sancionar una ley que ciertamente pondrá en jaque la independencia de la máxima instancia del sistema judicial argentino, cuya función es justamente la de dar previsibilidad y garantías de que las normas y los acuerdos serán cumplidos. La seguridad jurídica es un requisito imprescindible para poder contar con inversiones genuinas que permitan generar el crecimiento que tanto necesitamos.

La iniciativa en debate en el Congreso es desesperada y grotesca, pero también el síntoma de un problema muy grave. La ciudadanía debe tomar conciencia de que la decisión no pasa por definir tal o cual número de jueces.

De tal manera, se trata de una decisión, de las más cruciales, de la que dependerá que la Argentina sea o no un país donde las reglas se ubiquen por encima de los intereses de cualquier facción y donde no sea manoseada la Constitución. Los dirigentes no son tan ignorantes, y por eso su responsabilidad es mayor: saben que muchos de los reales problemas que hoy tienen los argentinos, incluidas la inseguridad, la falta de empleo de calidad por insuficiente inversión y el éxodo de jóvenes calificados, dependen en buena medida de que el país parece dispuesto a seguir viviendo, para usar la expresión del recordado jurista Carlos Nino, “al margen de la ley”.

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