Defender la soberanía desde las bases

Al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2015, la entonces presidenta Cristina Kirchner reflexionó que si la República Popular China iba camino de ser la principal potencia económica del mundo en cinco años, “¿por qué debemos tener miedo de los chinos?” En mayo, el Congreso aprobó el “Acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la provincia del Neuquén en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna”. Un permiso para explorar el espacio por 50 años en un emplazamiento de 200 hectáreas, concluido en 2017. El tipo de instalación admite rastreo de satélites de uso civil y pacífico, así como también para usos militares y de espionaje, tal como la interceptación de comunicaciones sensibles de otros países y el envío de mensajes encriptados, habiendo los Estados Unidos manifestado preocupación ante este último uso. Dos acuerdos preliminares entre las agencias espaciales de los dos países ya habían sido firmados en 2012.

A pesar de aquellas predicciones presidenciales, China no solo no se ha convertido en la primera potencia económica mundial, sino que ha sumado dudas crecientes acerca de la estabilidad de su régimen.

La referida base no es la única demostración del notable y creciente interés del régimen chino en la Patagonia argentina. La pesca ilegal que ese país realiza desde 2001 en nuestra zona económica exclusiva (ZEE), atacando incluso a fuerzas de seguridad nacionales, vuelve sumamente controvertidos y desventajosos los acuerdos de cooperación en materia de pesca que persigue Pekín. Sumemos también los deseos explícitos de construir represas sobre el río Santa Cruz y establecer un puerto en Tierra del Fuego.

Como señalamos días atrás, ceder la operación y el manejo de algunos puertos patagónicos con la anuencia gubernamental a la potencia china para reabastecimiento de buques pesqueros, puerta de ingreso a la Antártida también, constituiría otro peligroso antecedente. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, desmintió recientemente por “disparatada” la versión sobre una base naval china en Río Grande, aunque sí reconoció un millonario acuerdo para la posible construcción de un polo petroquímico. El exsenador Federico Pinedo y el diputado Fernando Iglesias (Pro-Ciudad de Buenos Aires) exigieron la intervención de la Cancillería para “suspender” la “instalación del puerto”.

La diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica-Ciudad de Buenos Aires) adelantó que su partido denunciará a los responsables “de esta claudicación histórica en la soberanía de los argentinos a la que nos está sometiendo el kirchnerismo, merced a un relacionamiento internacional parcial, no consensuado, falsamente ideologizado y hasta pueril”. Precisamente, la cuestión en sí no pasaría de la normal apetencia de cualquier potencia mundial, aunque en este caso se agrave por tratarse de un país que castiga el disenso y limita los derechos humanos, en peligrosa connivencia con un gobierno como el nuestro.

El Tratado con China no prevé monitoreo de autoridades nacionales o internacionales ante discrepancias; deberá ser el gobierno argentino el obligado a proponer las alternativas y, en caso de que no las hubiera, el único recurso previsto son las negociaciones diplomáticas, francamente desfavorables para nuestro país per se, además de debilitado con contratos de swap vigentes para reforzar las escasas reservas de nuestro Banco Central.

Un detalle no menor es que las agencias gubernamentales chinas involucradas, más allá de los propósitos científicos que dicen perseguir, dependen directamente del Ejército Popular Chino, por lo que la hipótesis de un posible uso militar de las bases no sería descabellada. Menos aún cuando el acuerdo fija que, en lugar de que sean nuestros huéspedes chinos quienes tengan prohibido interferir o interrumpir las actividades regulares desarrolladas en la región, será la Argentina la que deba sufrir restricciones al libre ejercicio de su soberanía sobre su propio territorio. Esto así al punto de obligar a nuestro país a limitar sus atribuciones para dictar medidas “que puedan interferir con las actividades de China”. 

Considerar nuevas y mayores facilidades a China para establecer instalaciones estratégicas en nuestro país impone tomar conciencia de las graves consecuencias que ello pueda aparejar y que hipotecan nuestra soberanía.