Corrientes se pronuncia sobre las modificaciones a la Ley de Salud Mental: “Una vida encerrada es una vida amputada”

El proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocido como la ley ómnibus, se encuentra bajo debate  en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. La normativa propone, entre sus más de 600 artículos, realizar modificaciones en la Ley N° 26.657 y  reformar aspectos cruciales, como las internaciones involuntarias, la existencia de hospitales especializados y el rol del Órgano de Revisión (OR)

En Corrientes, profesionales de diferentes áreas vinculadas a la salud mental se han manifestado en contra de la propuesta a la cual consideran “innecesaria”. Según sostienen, el punto de discusión no es el contenido de la ley en sí misma, sino su aplicación y por consiguiente desarrollar infraestructura, tanto en cuanto a recursos humanos y edilicios, que son necesarios para lograr resultados satisfactorios. “No se debe modificar la ley, se debe implementar como corresponde”, afirman desde el Colectivo Salud Mental Corrientes. 

Los artículos 5, referido a diagnóstico de salud mental; el 11 que habla sobre responsabilidad de la autoridad de aplicación; el 39 sobre composición del órgano de revisión y el artículo 20 sobre condiciones para la internación, conjuntamente se encuentran entre los ejes más debatidos respecto a las reformas sobre la ley de salud mental. Todos estos apartados refieren, en mayor o menor medida a la internación involuntaria, que en la normativa actual se considera "excepcional". El proyecto enfatiza que el diagnóstico de salud mental "por sí solo" no habilita la presunción de riesgo de daño o incapacidad, eliminando la figura de  “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, expuesto en el artículo 20 de la legislación en vigencia. Además establece la posibilidad de facultar a un juez a adoptar “medidas de atención urgentes”.

La licenciada en Psicología, Mariana Repetto (MP 073) que se desempeña en la sala de personas en situación de crisis del Hospital San Francisco de Asís sostiene que estas modificaciones no son necesarias y podrían facilitar una visión corporativa de la salud en lugar de fortalecer las disposiciones avanzadas de la ley actual.  "Cuando hablamos de internaciones prolongadas hablamos de personas que pasaron sus vidas encerradas sin poder recibir un alta porque había decisiones judiciales que no lo permitían, con lo cual hay una vulneración de derechos muy preocupantes", advirtió la profesional en diálogo con AM 900. 

Otra cuestión que generó rechazo en la comunidad académica, como así también en los mismos usuarios destinatarios de asistencia y atención en salud mental, es la pretensión de reforma sobre la prohibición de creación de nuevos manicomios. 

En este punto es necesario mencionar y recordar que la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en 2010, busca fomentar la inclusión social de los pacientes a través de instituciones dentro de la comunidad, respetando los derechos humanos y eliminando las instituciones psiquiátricas monovalentes, consideradas como centros de encierro especializados únicamente en psiquiatría, también conocidos como “manicomios”.

La normativa prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos, tanto públicos como privados, y establece restricciones a las internaciones, permitiéndose sólo en casos de riesgo cierto o inminente para la persona o terceros y con la designación de un abogado en tales situaciones.

Sin embargo, diversas organizaciones civiles, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hace años señalan varios incumplimientos en la correcta implementación de la ley,  la insuficiente atención de la salud mental en la Atención Primaria de la Salud y la falta de capacitación necesaria en el personal de salud y en los trabajadores de la justicia para llevar a cabo la normativa.

Siendo 2024, desde ACIJ, por ejemplo, sostienen: “La Ley Nacional de Salud Mental obligó al Estado a cerrar los manicomios para el año 2020 y a reemplazarlos por dispositivos que permitan la vida en comunidad. El 2020 llegó a su fin, pero las personas continúan encerradas en hospitales psiquiátricos que violan sus derechos”.

Desde el Colectivo Salud Mental Corrientes también se pronunciaron al respecto, subrayando como slogan que “la vida es en comunidad” y que “una vida encerrada es una vida amputada”. Así mismo, a través de redes sociales y recopilando experiencias y opiniones de trabajadores y pacientes de la salud mental, detallan que “la vida y la salud mental se ponen en juego, ya que ambas son en comunidad, deben darse en contexto comunitario. La vida en los manicomios arrasa lo más propio del ser humano que es la posibilidad de elegir. No nos deja elegir cómo vivir, que comer, con quién vivir, cómo estar. La Ley hoy se está viendo amenazada”. 

El Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental en 2019 evidenció la existencia de 162 instituciones monovalentes públicas y privadas en todo el país, con 12 mil personas internadas y un promedio de tiempo de internación de 8,2 años. Las organizaciones y profesionales de la salud mental denuncian además la persistencia de diversas formas de violencia y discriminación hacia las personas institucionalizadas por motivos de salud mental.

En términos presupuestarios, se remarca también un incumplimiento por parte del Gobierno, ya que la ley de 2010 estipula que el Estado debe destinar el 10% del gasto total de salud al área de salud mental. Sin embargo, el presupuesto, que abarca la actividad de Apoyo y Promoción de la Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, los fondos de dos hospitales nacionales y de la Sedronar, disminuyó al 1,5%-1,7% en 2021.