La oposición avanzó en la noche de este martes en Diputados con el proyecto de ley de una nueva fórmula jubilatoria que reemplace el DNU 274/2024 de Javier Milei, que ya amenazó con vetar el cambio. La UCR, Unión por la Patria y los bloques federales negociaban contrarreloj para acordar un plan conjunto.
La oposición dialoguista y el kirchnerismo se pusieron de acuerdo durante el debate en comisiones para que en el corazón del proyecto haya acuerdo. Por eso, ambos proyectos plantean actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora- y una recomposición extra de 8 puntos.
Ese número no fue elegido al azar. Es la diferencia entre la recomposición de 12,5% que otorgó el Gobierno, y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta. Es un mínimo, dijeron, para que los jubilados recuperen lo perdido.
Pero la novedad, es que además de inflación le incorporan otro índice: fijan una actualización anual -en marzo de cada año- en base al incremento de salarios. Será del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el año calendario anterior. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.
La sesión consiguió quórum con 140 diputados presentes, entre la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, la Izquierda, Innovación Federal, Unión por la Patria y otros bloques provinciales.
¿Qué impide el acuerdo entonces? Dos puntos. El piso sobre el que quedarán fijados los haberes y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El proyecto de la UCR y Hacemos Coalición Federal plantea que sea de piso de haber regido por la canasta básica total por adulto, que ronda los $ 250.286. Mientras UP fijó que el piso sea del 1.2 de esa canasta, lo que equivaldría, aseguran, a la mínima actual con el bono de $ 70 mil incluido.
La forma de saldar esta diferencia, mínima, es terminar fijándolo en un punto intermedio.
Pero el principal punto de discordia tiene que ver con que el dictamen de los dialoguistas plantean el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el pago de deudas de cajas provinciales y sentencias adeudadas. El kirchnerismo eso no lo acepta.
"El pago de las deudas es un reclamo legítimo, pero no estamos dispuestos dejar abierta la posibilidad de liquidación del FGS, algo que el actual oficialismo ya tuvo intención de hacer. Eso es un paso para el retorno al sistema de las AFJP y no vamos a permitir que ocurra", planteó de entrada Itai Hagman (UP).
Los principales defensores de ese punto son los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal. A ellos están buscando convencer con alguna fórmula alternativa.
