Con el correr de las horas transcurridas desde el lunes y hasta, por lo menos, el próximo miércoles, un debate mantiene altos los decibeles políticos en la ciudad correntina de Goya ante la posibilidad de que sea expulsado del Concejo Deliberante el edil del justicialismo Guillermo Córdoba, condenado a 13 años de prisión en suspenso por abusos sexuales.
Los movimientos políticos para remover al concejal, al que se lo vincula ahora con el ala del justicialismo asociado a la UCR goyana, comenzaron a tomar forma este miércoles al conocerse la opinión de aliados que se muestran incómodos con su presencia en el cuerpo.
Según lo determinó el lunes último el tribunal de los jueces Jorge Carbone, Julio Duarte y Ricardo Carbajal, tres mujeres fueron víctimas de Guillermo Américo Córdoba al cometer los delitos de abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado y abuso sexual simple en concurso real.
Todo, en un contexto de militancia dentro del mismo espacio político, el Movimiento Evita.
En declaraciones al programa Cristina 12PM de la AM LT7 de Corrientes, el concejal del Partido Liberal Marcelo Frattini, anunció que en la próxima sesión del miércoles venidero se formalizará la propuesta de suspensión con el fin de someter a Córdoba a un juicio político para echarlo del cuerpo deliberativo municipal de Goya.
En un fallo dividido, los jueces que condenaron a Córdoba decidieron que permanezca en libertad pese a decretarle 13 años de prisión.
Será, dijo en su charla con la conductora Cristina Vicentín, "sin goce de haberes". "Lo voy a proponer, veremos si hay acompañamiento", sostuvo Frattini.
En la misma línea se expresó el peronista Lalo Monti, otro integrante del cuerpo legislativo goyano en un reportaje con la FM Sudamericana.
Sin embargo, es la bancada oficialista la que se encuentra en una disyuntiva que supera la dimensión de este caso.
Es que abrir el debate por la condena de Córdoba, obligará a que se discuta también la sentencia que pesa sobre otro integrante del oficialismo de Goya, el peronista aliado a ECO Juan Domingo González.
El justicialista, que formó parte de la gestión del PJ cuando gobernó la comuna Gerardo Bassi, desde hace exactamente dos años está condenado en una causa por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Y no fue sometido al desafuero hasta tanto la condena no esté firme. Pero la de Córdoba tampoco lo está.
¿Se atreverán el radicalismo goyano y sus aliados a sostener esa discusión? El recuento de votos y los posicionamientos a favor y en contra de la expulsión dentro del cuerpo es por estas horas la espuma que flota sobre una hirviente controversia.
En las últimas horas una presentación realizada por la concejal peronista de Paso de los Libres Alejandra Rojas ante la interventora María Teresa García, solicitó formalmente la desafiliación de Córdoba del PJ, encuadrando el caso en un artículo de la Carta Orgánica partidaria.
Mientras tanto, hasta el Partido Justicialista de la provincia de modo orgánico le soltó la mano a Córdoba con un comunicado difundido este miércoles, en el que expresa su acompañamiento a las víctimas y sentenció: "Creemos que es necesario el apartamiento inmediato del cargo al que accedió por el voto popular".
De ser expulsado, el reemplazo de Córdoba saldrá del corrimiento de lista con la que logró la banca hace menos de dos años y el cumplimiento del mandato recaería en Oscar Ferrero, del Frente Renovador, considerado de mejor disciplina partidaria que el concejal condenado.
