La noticia no podía ser peor para el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, que desde el 7 de febrero pasea cabizbajo con un brazalete electrónico en el tobillo para estar siempre localizable por la justicia. La Fiscalía Nacional Financiera solicitó este jueves una pena de siete años de prisión y una multa de 300.000 euros contra el ex jefe de Estado, acusado de recibir financiación del régimen libio para su campaña presidencial de 2007. El ministerio público solicitó la condena del exmandatario por “corrupción”, “encubrimiento de malversación de fondos públicos”, “financiación ilegal de campaña” y “asociación ilícita”. Los fiscales describieron a Sarkozy como el “verdadero artífice” e “instigador” de un pacto de corrupción “inconcebible, inaudito e indecente” con el exdictador libio Muamar el Gadafi.
Sarkozy, que dejó el poder en 2012 y estos días se refugia en su casa, atraviesa el quinto proceso en cinco años. A pesar de la maraña judicial en la que vive inmerso y la última condena, el antiguo inquilino del Elíseo, de 69 años, mantiene una importante influencia política y económica en el país (en los últimos tiempos ha sido uno de los consejeros oficiosos de Macron, aunque no siempre le haya escuchado). Este juicio, sin embargo, es el que más le compromete. También será determinante para entender algunos elementos opacos de la reciente historia diplomática y militar de Francia. El inicio del proceso llega tras más de 10 años de investigación de los jueces de instrucción. Los indicios del caso están recogidos en 73 tomos y en un sumario de 557 páginas.
