El Instituto Rincón de Sueños se pronunció este martes en contra del veto presidencial nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Los integrantes realizaron una manifestación pacífica en la plaza 25 de Mayo de la capital correntina.
Débora, una de las manifestantes presentes, compartió su preocupación ante la decisión del Gobierno nacional y el impacto que esta podría tener en miles de familias. "Le pedimos, por favor, a los legisladores del Congreso que acompañen y aprueben esta ley. Toda la Argentina se está movilizando. En Corrientes, caminamos desde el puente hasta esta plaza para hacernos escuchar", sostuvo.
Además, remarcó la importancia de mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad:
"Queremos garantizar un salario digno para las maestras, terapeutas, psicólogos y todos los profesionales que son esenciales en la vida de nuestros hijos."
En relación con la inclusión educativa, Débora hizo hincapié en la necesidad de incorporar equipos técnicos en las instituciones escolares:
"Es urgente que se sumen gabinetes interdisciplinarios en las escuelas. Son fundamentales para garantizar una educación verdaderamente inclusiva."
También se refirió a la situación de las obras sociales:
"Desde el año pasado vienen aplicando recortes. Los aranceles son muy bajos y eso afecta directamente la atención que reciben nuestros hijos."
Respecto del veto presidencial, manifestó:
"Decimos no al veto que, lamentablemente, aplicó Javier Milei. Este veto duele y deja desprotegidas a miles de personas con discapacidad."
Débora también destacó que, en el marco de la protesta, muchos niños dejaron de asistir a la escuela para acompañar el reclamo:
"Y no debería ser así. Deberían estar en clase, no luchando por derechos que ya deberían estar garantizados."
Finalmente, anunció que las manifestaciones continuarán:
"Vamos a seguir concentrándonos todos los martes, a las 20 horas, en la Plaza 25 de Mayo. No vamos a bajar los brazos."
El reclamo surgió tras la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso, que establecía lineamientos para actualizar el marco legal en relación con los derechos, accesos y apoyos para personas con discapacidad.
La concentración incluyó carteles, mensajes de concientización y el pedido de un debate amplio que contemple las necesidades reales de las personas con discapacidad y de las instituciones que las acompañan.
Manifestación a nivel Nacional
Este lunes se conoció, a través del Boletín Oficial, que el Ejecutivo aplicó el veto a la iniciativa que contaba con la aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. En ese sentido, se decidió aplicar esta medida contra el proyecto mencionado anteriormente, como también a las leyes que aumentaban las jubilaciones.
Justamente, el Congreso buscó que la emergencia nacional en discapacidad sea hasta 2026. Así, se proponía crear una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecer actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores.
Desde la Casa Rosada estimaron que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
En este marco, diversas agrupaciones que representan a personas con discapacidad anunciaron la convocatoria para este martes a las 11:30 en la Plaza de los Dos Congresos, con réplicas previstas en plazas centrales de todo el país. En simultáneo, comunicaron la suspensión de las actividades vinculadas al área de discapacidad, argumentando la “gravedad de la crisis” que afecta actualmente al sector. Los organizadores difundieron el llamado a través de redes sociales y comunicados, invitando a la sociedad a sumarse a la protesta.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente el veto presidencial. Desde la entidad preguntaron:
“Presidente, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesario? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?”
El documento sostiene:
“Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.
Según el Foro, la emergencia en el área de discapacidad afecta a una diversidad de realidades. Describen que hay personas empleadas en talleres protegidos que actualmente perciben 28.000 pesos mensuales como ingreso. A su vez, resaltan que muchas personas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos básicos y apoyos que les permitan condiciones de vida dignas. El comunicado advierte que también están en riesgo los servicios de acompañamiento integral y que numerosos prestadores enfrentan dificultades económicas que podrían llevarlos al cierre, dado que los aranceles no cubren costos esenciales de funcionamiento.
Además, representantes de diferentes organizaciones remarcaron que la situación de precariedad y desfinanciamiento incrementa la vulnerabilidad del colectivo, señalando que la emergencia abarca ámbitos laborales, sociales y sanitarios. Insisten en que la ausencia de respuestas estatales profundas agudiza las dificultades cotidianas para miles de familias en todo el país.
La decisión del Gobierno de vetar tres leyes
El presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793) que habían sido sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones, una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.
“Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había dicho Milei ante la Bolsa de Comercio semanas atrás, después de la contundente votación a favor del incremento en el Senado.
La decisión del mandatario no se limita a un simple acto de gobierno, sino que se inscribe en un contexto de intensas conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores para sostener el veto con el apoyo de una parte de Diputados, de modo que necesita evitar que haya dos tercios de la cámara presentes que voten a favor de rechazarlo.
En el oficialismo, el clima es de “altísimo entusiasmo” ante la perspectiva de que la oposición no logre los votos necesarios para revertir los vetos. El bloque de La Libertad Avanza contaría con aliados suficientes para alcanzar el tercio de los presentes requerido para ratificar la decisión presidencial.
El número de diputados que votaría en contra de la insistencia sobre los proyectos aún no está definido, ya que depende de la asistencia y las abstenciones en la sesión. No obstante, el oficialismo estima superar los 80 votos negativos, cifra similar a la obtenida en sesiones previas sobre vetos presidenciales, como las de septiembre y octubre del año pasado, cuando se registraron 87 y 84 votos negativos, respectivamente.
La sesión prevista para el miércoles incluirá una amplia agenda, entre la que figuran el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y del Sistema Nacional de Ciencia, y el tratamiento de decretos desreguladores que afectan organismos como el INTI, INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad. También se debatirán proyectos de los gobernadores para eliminar fondos fiduciarios, coparticipar el impuesto a los combustibles y modificar el esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Con información de Infobae.
