La tortuosa causa judicial en la que se sustancia el litigio, entre miembros de la familia Romero, por la propiedad del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 835 donde funciona el diario Epoca sumó ahora un nuevo elemento escabroso: el presunto espionaje a una de las juezas que entiende en el caso.
Según señaló la doctora Silvia Garicoche, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11, sus teléfonos, tanto los de sus despachos en sede judicial como los de su domicilio, habrían sido intervenidos. No descarta incluso que el operativo de espionaje haya llegado hasta su computadora en el Juzgado. La denuncia, por ahora de carácter público constituye una preocupante señal de inseguridad, que en este caso afecta ni más ni menos que a una integrante del Poder Judicial.
Ayer en declaraciones a Radio Dos la jueza Silvia Garicoche dejó entrever que se sentía espiada. Si bien no vinculó el hecho puntualmente a la causa del diario Epoca, la magistrada deslizó sus sospechas sobre el presunto espionaje al hablar del caso que estalló la semana pasada y que la tuvo como una de las protagonistas principales.
El conflicto por la propiedad del edificio de Yrigoyen 835 -donde tiene su sede el diario Epoca- viene desde hace tiempo y se reactualizó en los últimos días a raíz de una orden de Silvia Garicoche para que Julio Romero (uno de los litigantes) pueda acceder a los pisos superiores del edificio. La presencia de Julio Romero en el lugar puso en alerta a los actuales responsables del matutino (propiedad de Editora Correntina) que rápido salieron a denunciar a Garicoche y accionaron en la Justicia para frenar la “visita” indeseada.
Luego de varios días de tironeo, con piquetes en la puerta del edificio y amenazas de detención para el interventor judicial Agustín Zacarías y el ministro de Gobierno Jorge Barrionuevo, el Superior Tribunal de Justicia terció en el asunto y dejó sin efecto el mandamiento de Garicoche, pero sin resolver la cuestión de fondo.
Julio Romero y su hijo Humberto (el ex ministro de Defensa de Carlos Menem) discuten por la propiedad del edificio de cinco plantas de Hipólito Yrigoyen 835. Julio dice que le pertenece a su propiedad denominada El Cambacito. Humberto -que habla por boca del interventor Zacarías- sostiene que el edificio es parte de Editora Correntina.
Tras el chisporroteo que se generó la semana pasada, ahora la causa está a revisión del Superior Tribunal porque hay dos juezas que intervienen en el expediente.
Ayer Silvia Garicoche -la espiada- salió a hablar del tema por Radio Dos. “La decisión del STJ es clara: comunicar a los titulares de ambos Juzgados la decisión de clausurar los pisos 1, 2, 3 y 4 del inmueble de calle Yrigoyen 835. Pero aclara que es sin establecer el abocamiento, es decir que no va a resolver nada sobre las causas, no obstante nos da 72 horas para que enviemos las causas 'ad efectum vivendi', que significa, al solo efecto de verlas, tenerlas a la vista”, explicó la magistrada.
“Entre otras cosas (el Superior Tribunal) dice es que se suspende la ejecución de las distintas ordenes judiciales, pero como ya lo aclaré reiteradas veces, no hubo otras ordenes judiciales, excepto la mía. Además suspende la vieja resolución del 2002, por la que se designaba a Zacarías, así que supuestamente Zacarías mas allá de que yo haya ordenado la detención, ya no es interventor tampoco”, aclaró la doctora Garicoche.
Al momento de hablar por radio, la Jueza aún no había remitido el expediente solicitado por el Superior Tribunal, “nos dieron 72 horas”, argumentó para agregar que es probable que el STJ espere a que pasen las elecciones (para resolver), aunque “todo se puede en esta vida, si quieren lo pueden resolver en 24 horas”.
WATERGATE
Sin embargo lo más sustancioso y también lo más preocupante de las declaraciones de Garicoche llegaría al final. La magistrada dijo tener sospechas de sus teléfonos habían sido “pinchados”.
No identificó a los presuntos autores del espionaje, pero detalló que tanto los teléfonos de su oficina en el Juzgado como el de su casa habían sido intervenidos. Garicoche no lo dijo abiertamente, pero deslizó que sería víctima de escuchas clandestinas.
En Corrientes ya hay antecedentes de ese delito, en 2002 las conversaciones privadas de legisladores y dirigentes políticos de la oposición fueron grabadas clandestinamente y luego difundidas por programas radiales que sostienen con la publicidad del Gobierno. Las escuchas clandestinas nunca fueron investigadas. Ahora una Jueza se siente espiada.
Garicoche dijo que dio aviso a la Gendarmería Nacional para que se haga cargo de la pesquiza. No descartó que también se hayan introducido en su computadora para revisar las causas que maneja.
La Jueza denunció el tema con un ejemplo gráfico: “esto podría ser un Watergate”, dijo paragonando el caso de espionaje que en Estados Unidos hizo caer al presidente Richar Nixon. Sin embargo, la sustancial diferencia es que en el país del Norte los mecanismos de Justicia funcionan aun contra elmáximo poder político.
Según señaló la doctora Silvia Garicoche, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11, sus teléfonos, tanto los de sus despachos en sede judicial como los de su domicilio, habrían sido intervenidos. No descarta incluso que el operativo de espionaje haya llegado hasta su computadora en el Juzgado. La denuncia, por ahora de carácter público constituye una preocupante señal de inseguridad, que en este caso afecta ni más ni menos que a una integrante del Poder Judicial.
Ayer en declaraciones a Radio Dos la jueza Silvia Garicoche dejó entrever que se sentía espiada. Si bien no vinculó el hecho puntualmente a la causa del diario Epoca, la magistrada deslizó sus sospechas sobre el presunto espionaje al hablar del caso que estalló la semana pasada y que la tuvo como una de las protagonistas principales.
El conflicto por la propiedad del edificio de Yrigoyen 835 -donde tiene su sede el diario Epoca- viene desde hace tiempo y se reactualizó en los últimos días a raíz de una orden de Silvia Garicoche para que Julio Romero (uno de los litigantes) pueda acceder a los pisos superiores del edificio. La presencia de Julio Romero en el lugar puso en alerta a los actuales responsables del matutino (propiedad de Editora Correntina) que rápido salieron a denunciar a Garicoche y accionaron en la Justicia para frenar la “visita” indeseada.
Luego de varios días de tironeo, con piquetes en la puerta del edificio y amenazas de detención para el interventor judicial Agustín Zacarías y el ministro de Gobierno Jorge Barrionuevo, el Superior Tribunal de Justicia terció en el asunto y dejó sin efecto el mandamiento de Garicoche, pero sin resolver la cuestión de fondo.
Julio Romero y su hijo Humberto (el ex ministro de Defensa de Carlos Menem) discuten por la propiedad del edificio de cinco plantas de Hipólito Yrigoyen 835. Julio dice que le pertenece a su propiedad denominada El Cambacito. Humberto -que habla por boca del interventor Zacarías- sostiene que el edificio es parte de Editora Correntina.
Tras el chisporroteo que se generó la semana pasada, ahora la causa está a revisión del Superior Tribunal porque hay dos juezas que intervienen en el expediente.
Ayer Silvia Garicoche -la espiada- salió a hablar del tema por Radio Dos. “La decisión del STJ es clara: comunicar a los titulares de ambos Juzgados la decisión de clausurar los pisos 1, 2, 3 y 4 del inmueble de calle Yrigoyen 835. Pero aclara que es sin establecer el abocamiento, es decir que no va a resolver nada sobre las causas, no obstante nos da 72 horas para que enviemos las causas 'ad efectum vivendi', que significa, al solo efecto de verlas, tenerlas a la vista”, explicó la magistrada.
“Entre otras cosas (el Superior Tribunal) dice es que se suspende la ejecución de las distintas ordenes judiciales, pero como ya lo aclaré reiteradas veces, no hubo otras ordenes judiciales, excepto la mía. Además suspende la vieja resolución del 2002, por la que se designaba a Zacarías, así que supuestamente Zacarías mas allá de que yo haya ordenado la detención, ya no es interventor tampoco”, aclaró la doctora Garicoche.
Al momento de hablar por radio, la Jueza aún no había remitido el expediente solicitado por el Superior Tribunal, “nos dieron 72 horas”, argumentó para agregar que es probable que el STJ espere a que pasen las elecciones (para resolver), aunque “todo se puede en esta vida, si quieren lo pueden resolver en 24 horas”.
WATERGATE
Sin embargo lo más sustancioso y también lo más preocupante de las declaraciones de Garicoche llegaría al final. La magistrada dijo tener sospechas de sus teléfonos habían sido “pinchados”.
No identificó a los presuntos autores del espionaje, pero detalló que tanto los teléfonos de su oficina en el Juzgado como el de su casa habían sido intervenidos. Garicoche no lo dijo abiertamente, pero deslizó que sería víctima de escuchas clandestinas.
En Corrientes ya hay antecedentes de ese delito, en 2002 las conversaciones privadas de legisladores y dirigentes políticos de la oposición fueron grabadas clandestinamente y luego difundidas por programas radiales que sostienen con la publicidad del Gobierno. Las escuchas clandestinas nunca fueron investigadas. Ahora una Jueza se siente espiada.
Garicoche dijo que dio aviso a la Gendarmería Nacional para que se haga cargo de la pesquiza. No descartó que también se hayan introducido en su computadora para revisar las causas que maneja.
La Jueza denunció el tema con un ejemplo gráfico: “esto podría ser un Watergate”, dijo paragonando el caso de espionaje que en Estados Unidos hizo caer al presidente Richar Nixon. Sin embargo, la sustancial diferencia es que en el país del Norte los mecanismos de Justicia funcionan aun contra elmáximo poder político.
