La guerra dejó como saldo 649 muertos argentinos, pero de regreso al continente más de 1.500 veteranos incluidos en el sistema de pensiones del Estado fallecieron, muchos debido a enfermedades o porque se quitaron la vida.
En la nómina de caídos durante la guerra también figuran 17 bajas de soldados nacionales registradas en el litoral marítimo patagónico, donde unos 8.000 ex conscriptos cumplían tareas de logística y de defensa de las bases aéreas desde las que se atacaba a la flota enemiga.
Esos muchachos, que en 1982 se desempeñaron bajo el mando de los mismos jefes militares que lideraban las operaciones en las Islas Malvinas, integran en la actualidad un segundo grupo de ex conscriptos que aún pugnan por reconocimiento formal de parte del Estado como Vetera-nos de Guerra. Estos ex soldados demandan honores y beneficios, y desde hace más de cuatro años acampan en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, como parte de un reclamo que cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones de derechos humanos. Los integrantes del campamento Toas (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), que días atrás realizaron una protesta en la Torre de los Ingleses, en Retiro, denuncian que en la década de 1990 un pacto “político-militar” los excluyó del universo de ex veteranos reconocidos.
Este grupo, en el que conviven paracaidistas que no llegaron a saltar en Malvinas por motivos climáticos con ex conscriptos que dicen haberse tiroteado con soldados británicos en la base área de Comodoro Rivadavia, pide el cumplimiento de las leyes 23.118 y 23.848 (en su texto original) y que el Estado reconozca que todos ellos figuran en los padrones de ex combatientes que elaboraron las Fuerzas Armadas.
“Hasta el Informe Rattenbach nos da la razón”, afirmó Tulio Fraboschi, uno de los líderes del Campamento Toas.
Allí también las charlas de los ex soldados se transforman en la excusa perfecta para la catarsis, pese a que las cicatrices de la guerra permanecen lacerantes, 30 años después de que las tropas de elite británica celebraran el triunfo a más de 1.800 kilómetros de la Plaza de Mayo.
Finalmente, un tercer grupo de ex conscriptos que no viajaron al sur y sólo permanecieron acuartelados durante el conflicto bélico también reclama asistencia por parte del Estado, a modo de “compensación” por el presunto “daño psicológico” producido durante aquellos meses de tensión.
Se trata de los ex soldados que lograron que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, los atendiera tras una serie de manifestaciones y cortes en la avenida 9 de Julio, sumados a un mediático disturbio producido en marzo de 2011 después de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.
Este grupo consiguió que el Gobierno kirchnerista les otorgara planes sociales, esgrimiendo que -al igual que el vasto universo de ex combatientes- padecían enormes dificultades para insertarse en el mercado laboral.
No obstante, un presunto incumplimiento del acuerdo alcanzado con las autoridades nacionales -según denunciaron los ex “cuarteleros”, como se hacen llamar- generó que volvieran a tomar las calles recientemente e incluso provocaran incidentes en el centro porteño con la Policía Federal. Para todos ellos, la lucha continúa.
En la nómina de caídos durante la guerra también figuran 17 bajas de soldados nacionales registradas en el litoral marítimo patagónico, donde unos 8.000 ex conscriptos cumplían tareas de logística y de defensa de las bases aéreas desde las que se atacaba a la flota enemiga.
Esos muchachos, que en 1982 se desempeñaron bajo el mando de los mismos jefes militares que lideraban las operaciones en las Islas Malvinas, integran en la actualidad un segundo grupo de ex conscriptos que aún pugnan por reconocimiento formal de parte del Estado como Vetera-nos de Guerra. Estos ex soldados demandan honores y beneficios, y desde hace más de cuatro años acampan en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, como parte de un reclamo que cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones de derechos humanos. Los integrantes del campamento Toas (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), que días atrás realizaron una protesta en la Torre de los Ingleses, en Retiro, denuncian que en la década de 1990 un pacto “político-militar” los excluyó del universo de ex veteranos reconocidos.
Este grupo, en el que conviven paracaidistas que no llegaron a saltar en Malvinas por motivos climáticos con ex conscriptos que dicen haberse tiroteado con soldados británicos en la base área de Comodoro Rivadavia, pide el cumplimiento de las leyes 23.118 y 23.848 (en su texto original) y que el Estado reconozca que todos ellos figuran en los padrones de ex combatientes que elaboraron las Fuerzas Armadas.
“Hasta el Informe Rattenbach nos da la razón”, afirmó Tulio Fraboschi, uno de los líderes del Campamento Toas.
Allí también las charlas de los ex soldados se transforman en la excusa perfecta para la catarsis, pese a que las cicatrices de la guerra permanecen lacerantes, 30 años después de que las tropas de elite británica celebraran el triunfo a más de 1.800 kilómetros de la Plaza de Mayo.
Finalmente, un tercer grupo de ex conscriptos que no viajaron al sur y sólo permanecieron acuartelados durante el conflicto bélico también reclama asistencia por parte del Estado, a modo de “compensación” por el presunto “daño psicológico” producido durante aquellos meses de tensión.
Se trata de los ex soldados que lograron que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, los atendiera tras una serie de manifestaciones y cortes en la avenida 9 de Julio, sumados a un mediático disturbio producido en marzo de 2011 después de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.
Este grupo consiguió que el Gobierno kirchnerista les otorgara planes sociales, esgrimiendo que -al igual que el vasto universo de ex combatientes- padecían enormes dificultades para insertarse en el mercado laboral.
No obstante, un presunto incumplimiento del acuerdo alcanzado con las autoridades nacionales -según denunciaron los ex “cuarteleros”, como se hacen llamar- generó que volvieran a tomar las calles recientemente e incluso provocaran incidentes en el centro porteño con la Policía Federal. Para todos ellos, la lucha continúa.
