La Ley Nacional Nº26.877 o de Centros de Estudiantes, como es conocida, está vigente desde agosto. En Corrientes, el 70% de los institutos de nivel superior tienen representación del alumnado y están en la confección de una norma provincial. En las escuelas secundarias también se fomenta la actividad.
La normativa nacional, sancionada en julio pasado por el Congreso de la Nación, rige para “instituciones educativas públicas de nivel secundario, los institutos de educación superior e instituciones de modalidad de adultos incluyendo formación profesional de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social”, según establece en su artículo 1º.
La norma estipula que todas las autoridades educativas deben arbitrar los mecanismos necesarios para la conformación del órgano de representación estudiantil. Estos deben surgir, no obstante, como iniciativa de los alumnos.
Algunos de los principios generales de los centros de estudiantes, de acuerdo con lo que establece la norma, consisten en “fomentar la formación de los estudiantes en los principios y prácticas democráticas, republicanas y federales, así como en el conocimiento y la defensa de los derechos humanos”. También contempla “afianzar el derecho de todos los estudiantes a la libre expresión de sus ideas dentro del pluralismo que garantizan la Constitución Nacional y las leyes”.
Los centros, además, deberán contar con un espacio físico en cada institución. Sus integrantes, a su vez, elaborarán su propio estatuto. Estos pueden nuclearse en federaciones jurisdiccionales, regionales y nacionales.
En ese sentido, Corrientes cuenta con un antecedente con la conformación de una federación por parte de alumnos del nivel secundario. Mientras tanto, los estudiantes del nivel superior sugirieron una propuesta similar.
Otro de los puntos que plantea la ley nacional es que “en aquellos casos en que las disposiciones de esta ley se vieran incumplidas, los estudiantes y sus órganos de conducción podrán elevar su reclamo a la autoridad jurisdiccional o nacional, según corresponda”.
Cabe señalar que anterior a la norma cada centro no tenía instancia de apelación en el sentido de que no intervenía una autoridad que medie con los directivos.
En paralelo, la cartera educativa provincial está confeccionando un estatuto marco jurisdiccional para regular la actividad, con disposiciones similares a la ley nacional. En este momento se encuentra en etapa de consulta con estudiantes y autoridades.
