El gobernador Gustavo Valdés concluye su primer año de gestión sin mayores inconvenientes y con un camino trazado que le permitirían concretar en 2019 parte de los anuncios que realizó ante la Asamblea Legislativa, el primero de marzo.
Con economía local al menos encauzada, Valdés logró concretar este año uno de sus primeros anhelos: la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) Corrientes “Telecomunicaciones”.
La compañía creada tendrá por objetivo proveer de internet a las escuelas e instituciones públicas y avanzar con el desarrollo de fibra óptica.
La empresa funciona dentro del organigrama del Ministerio de Planificación y Coordinación. El Litoral pudo saber que ya se iniciaron gestiones para acceder a programas de organismos internacionales que apoyan y financian la denominada modernización estatal.
“En 2019 todas las escuelas rurales estarán conectadas a internet”, prometió Valdés en los últimos meses del año. Había adelantado su promesa original, ya que ante la Asamblea Legislativa había dicho que lo harían en cuatro años.
La construcción de viviendas fue otras de las promesas al asumir. El Gobierno logró avanzar en un banco de tierras estatales. Para eso reunió a cada intendente y les encomendó esa tarea.
La mayoría de los jefes comunales ya lo hizo. La segunda etapa del plan consistía en al búsqueda de financiamiento.
Sin embargo, la corrida cambiaria truncó los planes originales, enfocados en que el Banco de Corrientes, a través de créditos, financiará la construcción de viviendas sociales.
Ante esta situación, la alternativa ideada por el Gobierno fue la creación de un fideicomiso, proyecto que estaría terminado, pero que aún no fue remitido a la Legislatura.
Parte de esas casas se harían con madera, de hecho, el Instituto de Viviendas avanzó con varios prototipos en el interior.
El mandatario logró anticiparse a varios reclamos sociales como, por ejemplo, mejora de salarios y bono navideño.
Corrientes fue noticia porque Valdés había anunciado una política salarial mayor al techo que había fijado el Gobierno nacional.
Claro que el cimbronazo económico tras la corrida cambiaria y el repunte inflacionario licuaron ese logro.
Ante ello, el Gobierno adelantó tramos del aumento salarial previsto para todo el año y anunció un bono de $6 mil, además de los plus mensuales.
No pudo evitar conflictos con algunos intendentes opositores y tuvo, en la jefa comunal de Mercedes, una férrea oposición que incluyó airados reclamos.
Sin embargo, logró que el resto de los intendentes firmara convenios con la Provincia para resarcir la caída del Fondo Sojero. La situación evitó una andanada de litigios judiciales contra la Nación.
Logró también que todos los municipios firmaran el Pacto Fiscal y se adhirieran al Consejo de Responsabilidad Fiscal.
Consiguió, por otro lado, que la Entidad Binacional Yacyretá comenzara a realizar obras en la provincia y sostuvo un airado reclamo por el pago y costo de las regalías. Intentó, aunque sin mucho éxito, avanzar en una política ambiental integral en toda la provincia, con eje en el tratamiento de la basura. En algunos municipios, el proyecto superó varios etapas y continúa su marcha.
Se animó a abrir el debate por la paridad de género y el voto joven. Pero la cuestión se truncó en la Legislatura, aunque todo hace suponer que en 2019 el debate continuará.
Por último, cierra el año como lo empezó, con presupuesto aprobado y un aval de créditos por $7 mil millones, el más alto en la región.
