Las compensaciones al transporte y a la energía, debates que desembarcan en 2019

En la provincia, aún no se han oficializado los mecanismos de compensaciones  por la quita de los subsidios nacionales al transporte y a la energía eléctrica. Esta es una discusión que ya encendió el alerta en el interior, donde los empresarios del sector manifestaron la necesidad de conocer la modalidad de su implementación.

Con la firma del Consenso Fiscal, que luego fuera ratificado por el Congreso de la Nación, las provincias asumieron la responsabilidad de establecer las tarifas diferenciales tanto del transporte público de pasajeros como del servicio eléctrico residencial, tras recibir mayores ingresos de Coparticipación. En diciembre, luego de brindar su balance de gestión, el gobernador Gustavo Valdés había afirmado que las conversaciones iniciarían en enero.

El Presupuesto Provincial contempla 300 millones de pesos para los servicios de transporte público de pasajeros. En este contexto, en  principio, estaba previsto que la distribución de las compensaciones estarían un 50 por ciento a cargo del Gobierno provincial, un 25 por ciento de las comunas, y el 25 por ciento restante de las empresas. 

Por el momento, no se ha oficializado o al menos difundido su implementación.  Sólo Capital requería unos 900 millones de pesos. Sin embargo, con la aprobación del Presupuesto Nacional, el Ministerio de Transporte de la Nación habilitó un fondo de 6.500 millones de pesos para las provincias. De esta manera, se intentaría morigerar el impacto de la quita de subsidios, que rondará los 45 mil millones de pesos.

Semanas atrás, el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, había expresado a El Litoral que mantienen conversaciones con autoridades provinciales por el transporte. Además, señaló que el nuevo esquema tarifario forma parte de estos avances. En este escenario, Capital autorizó un incremento de 11 a 19 pesos de la tarifa plana.

Sin embargo, una luz de alerta se encendió desde el interior. La Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes (Cetic) manifestó que urge definir un nuevo esquema de compensaciones a nivel provincial porque, de lo contrario, “será insostenible continuar brindando las mismas prestaciones que estaban vigentes hasta ahora”. Los referentes volverán a reunirse el martes.

Otra de las compensaciones que se evalúan en 2019 es para los usuarios con menores recursos socioeconómicos del servicio eléctrico. Desde enero el Gobierno nacional  dejó sin efecto la tarifa social que establecía un subsidio para los usuarios residenciales, que percibían ingresos correspondientes al  equivalente de dos salarios mínimos. El NEA es una de las regiones con mayor cantidad de usuarios que contaban con esta subvención, entre ellos, jubilados y pensionados.

En Corrientes evalúan cómo continuará el esquema tarifario referido a los ex beneficiarios de este subsidio. Además, se analiza un nuevo cuadro general por los aumentos en el mercado mayorista eléctrico, anunciado en la última semana de diciembre de 2018 por la Secretaría de Energía de la Nación.

Algunas provincias anunciaron el camino que seguirán para amortiguar los efectos de la quita de subsidios nacionales. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua anunció que destinará más de 1.100 millones de pesos durante 2019 para compensar la poda nacional.

La Provincia aportará al sistema de transporte público 500 millones de pesos durante 2019 para evitar un mayor incremento en el valor del boleto. También, invertirá  600 millones de pesos para mantener el 50 por ciento de la tarifa social de la energía eléctrica. El beneficio alcanza a unos 120 mil beneficiarios con consumos de hasta 500 Kw y bajos ingresos. En Corrientes, en tanto, son al menos 102 mil los usuarios que dependían de este beneficio.

En Buenos Aires, la provincia llegó a un acuerdo con Nación para establecer un nuevo esquema de subsidios. Allí, las erogaciones alcanzarán los 25 mil millones de pesos para el pago de compensaciones tarifarias, el precio diferencial del gasoil, con destino a las empresas prestadoras del servicio público de transporte en dicha jurisdicción.