En una causa en la que ya estaban procesados otros ex funcionarios del Gobierno nacional, ayer el juez federal Claudio Bonadio dictó la misma medida para 92 intendentes de diferentes poblaciones del interior, entre los cuales figuran quienes ejercieron ese cargo en Paso de la Patria, Curuzú y Caseros. De acuerdo a su dictamen, el citado magistrado considera que podrían ser responsables de presuntas anomalías en la administración de fondos que recibieron para ejecutar obras destinadas al tratamiento de residuos.
La noticia, que se conoció ayer a través de medios nacionales, responde a una causa que se inició a fines del 2016 luego de una auditoría interna realizada por la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación y la jefatura de Gabinete. De acuerdo a los datos recabados por El Litoral, el convenio con el Municipio de Paso de la Patria data del 2014, por el cual habría recibido unos $5.161.000. Esos fondos, de acuerdo al proyecto aprobado, estaban destinados para la construcción de una planta, un galpón, un cerco perimetral de un predio de una hectárea, la instalación de carteles, distribución de folletería, como así también para la adquisición de dos camiones, un grupo electrógeno, un rollo de geomembrana y elementos para el personal.
Pero las rendiciones que la Comuna presentó en abril del 2015 no coincidirían -en gran parte- con la mencionada lista de adquisiciones y obras presupuestadas. Por ello, si bien la planta de tratamiento de residuos funciona en la comuna, sólo lo haría de manera parcial. Es que los trabajos solventados por Nación estarían inconclusos ya que faltaría realizar el área de oficinas, vestuarios y otras tareas en la planta. A esto se sumaría que el predio no posee cerco perimetral, tampoco grupo electrógeno ni los camiones presupuestados. “Hay uno, pero que fue adquirido por la gestión anterior a través de otro plan”, admitieron fuentes vinculadas al caso.
Rendiciones
En el caso de Curuzú, en agosto del año pasado, el ex intendente Ernesto Domínguez fue citado a declarar -en carácter de imputado- ante el Juzgado Federal Nº 11. Previo a su declaración, había dicho a El Litoral que estaba tranquilo “porque sé que no cometí irregularidades”. Sobre esto, comentó que las rendiciones por el dinero que recibió de Nación ($1.782.000) para la adquisición de rodados destinados al servicio de recolección, fueron hechas, “inclusive en el Municipio debe estar la documentación porque el mismo profesional que estuvo a cargo de esos planes por parte de la Comuna continúa en la actual gestión”. Esto mismo, de acuerdo a su defensa, fue lo que declaró en el Juzgado Federal.
Este diario intentó comunicarse con los ex funcionarios mencionados, pero hasta el cierre de esta edición no logró establecer contacto.
Por su parte, quien fue intendente de Caseros, Eduardo Galantini, afirmó a El Litoral que “todavía no fui notificado del procesamiento”. Atribuyó esto a que su representación está a cargo de defensores oficiales, por lo que indicó que la comunicación no es tan fluida. Pero más allá de eso, dijo estar sorprendido porque “las obras que consistían en un galpón, calles internas y un cerco perimetral de un predio de tres hectáreas se inauguraron con la presencia de intendentes de la zona”. “Si bien eso fue justo unos días antes de terminar mi gestión, dejé todas las rendiciones en la Municipalidad y eso consta en las actas de traspaso de la gestión”, señaló. Agregó después que “inclusive hace 2 años le advertí sobre este caso al Concejo y ellos aprobaron una resolución instando al Ejecutivo a que remitiera esa información a Nación. No obstante, yo, cuando declaré hace dos meses, también llevé documentación y fotografías”.
