En el decreto 388/19, firmado por Macri y todo su gabinete, sin embargo, aclara que “la medida que se propone no altera el espíritu” de la ley.
La observación se dio en el inciso “i” del artículo 5, donde establecía que los partidos políticos no podrían aceptar aportes o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren “imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente o que sean sujetos demandados de un proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva”.
Fuentes oficiales explicaron que el Tribunal Fiscal de la Nación “es un organismo que recibe reclamos de los contribuyentes contra resoluciones dictadas por la AFIP”, y aclararon que el contribuyente “no es el demandado sino el que demanda si cree que no le corresponde pagar un impuesto".
En el decreto se argumentó que "el término sujetos demandados no resulta técnicamente correcto, por cuanto de acuerdo con la Ley N° 11.683 de Procedimiento Tributario, el Tribunal Fiscal de la Nación -más allá de la naturaleza jurídica de sus facultades- es una instancia administrativa ante la cual los contribuyentes pueden recurrir la intimación de la AFIP al pago de sanciones o tributos, por lo que no hay sujetos demandados ante dicho tribunal sino que, por el contrario, ante el ejercen las personas humanas y jurídicas un derecho que se les otorga frente a los posibles incumplimientos de la administración".
Las fuentes precisaron que se trata de una cuestión técnica contemplada en el texto que aprobó el Senado el 16 de abril y que no fue corregida en su paso por Diputados –donde fue convertida en ley el pasado 15 de mayo- para que el proyecto no tuviera que volver con cambios a la cámara alta y se demorara así su sanción definitiva.
El proyecto había sido motorizado por Cambiemos, y en su paso por Diputados tuvo el respaldo del massismo, Alternativa Federal y algunos bloques provinciales. Mientras que lo rechazaron el kirchnerismo, Red por Argentina y la izquierda.
Entre sus aspectos centrales, largamente reclamado por los organismos de la sociedad civil que promueven la transparencia política, el proyecto establece que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones.
