El conflicto surgió hace aproximadamente 20 días cuando choferes que trasladan camiones 0 km para una empresa brasilera hacia Chile, comenzaron a ser demorados por la Gendarmería en Uspallata (Mendoza). Como informó este diario en ediciones anteriores, les exigirían la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti) que ellos consideran no necesaria ya que no trasladan pasajeros ni carga y que además, tiene un costo elevado. Una de las empresas cuenta con 120 choferes, y entre las demás que serían 3 ó 4, la cantidad de trabajadores llegaría a 200. Aguardan ser recibidos por organismos oficiales, entre ellos, la Municipalidad local. Tras movilizarse, representantes de los choferes fueron recibidos por el director de Tránsito de Santo Tomé, Mario Rito Hernández, quien comenzó diversas gestiones para intentar destrabar la situación. El funcionario se contactó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes le comunicaron que no existe ninguna normativa que les impida circular, y quedaron en remitirles algún tipo de resolución al respecto, pero al cierre de esta edición no tuvieron novedades. Asimismo, Hernández manifestó a El Litoral que había acordado un encuentro con el intendente y el secretario de Gobierno de Santo Tomé, pero la reunión aún no se concretó. En este contexto, en diálogo con este diario, Emanuel Acuña, representante de los trabajadores del volante, manifestó que en las últimas horas “compañeros nos comunicaron que volvieron a ser demorados en Uspallata por la Gendarmería. Estuvieron más de 6 horas parados y les amenazaron que les van a sacar los camiones. Precisamos la mayor ayuda posible, realmente no queremos perder el trabajo”. En este sentido, comentó que como no transportan cargas ni pasajeros, sino camiones okm, no están afiliados al gremio de los camioneros y por ende no cuentan con apoyo sindical. Tanto el director de Tránsito como los propios choferes, indicaron que desde el destacamento local de Gendarmería les informaron que ellos no cuentan con ningún memorándum interno que les ordene impedir la circulación en ese caso particular, por lo que los trabajadores entienden que se trata de un criterio erróneo el que aplica la fuerza apostada en Mendoza. Mientras tanto, esperan que algún organismo pueda interceder para evitar perder sus fuentes laborales.
