La región de La Tosquera, ubicada en el barrio Río Paraná, se convirtió en las últimas semanas en una “zona de conflicto habitacional” a raíz de los desalojos que se produjeron en terrenos que pertenecen a la Municipalidad y que motivaron diversas intervenciones del Estado. Por un lado, ayer un numeroso grupo de personas se manifestó frente a la Comisaría 15ª, donde reclamaron que dejen de producirse retiros de los predios por la fuerza y que no destruyan más las pertenencias ni construcciones ubicadas en el lugar.
Por otro lado, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia manifestaron que se reunirán con autoridades de la Municipalidad para evaluar la situación de los terrenos en conflicto de donde semanas atrás fueron desalojadas unas once familias que habitaban en el lugar hace unos cinco años y que inclusive contaban con el certificado del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que es emitido por la Anses.
En la tarde de ayer, un numeroso grupo de personas se manifestó frente a la Comisaría 15ª del barrio Río Paraná reclamando que no haya más desalojos por la fuerza en la zona conocida como La Tosquera. Además, los manifestantes pidieron que les concedan tierras para poder continuar trabajando y cultivando, así como también denunciaron que sus construcciones y casillas instaladas en las cercanías de la costa del río fueron derribadas y destruidas días atrás.
Por otra parte, hace aproximadamente dos semanas unas once familias fueron desalojadas con topadoras de terrenos públicos en los que se encontraban viviendo hace poco más de cinco años y desde el Estado se encuentran evaluando la posibilidad de solucionar la situación habitacional en la que se encuentran. “Vamos a reunirnos con gente de la Municipalidad para determinar el estado en el que se encuentran los terrenos de los cuales estas familias vulnerables fueron desalojadas, y poder evaluar la posibilidad de encontrarles una solución a esas once familias, porque inclusive cuentan con el certificado de Renabap que emite la Anses. Algunas están ahí desde hace unos cinco años”, explicó en diálogo con El Litoral el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Manuel Cuevas.
