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Diputados introducirán el debate sobre tarifas, emergencia alimentaria y aborto

Parte del bloque peronista pedirá la emergencia por 180 días. También ingresó la Ley Micaela impulsada por el senador radical Noel Breard. Por otra parte, Meixner,  planteó la adhesión local al protocolo ILE.
 

Proyectos sociales, con perspectiva de género y productivos, ingresaron ayer a la Cámara de Diputados. Luego de los meses de aparente calma e incluso de letargo discursivo por el período electoral, la Legislatura introduce una serie de propuestas que actualmente generan debate público, como la emergencia alimentaria y la adhesión local al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El cuerpo tratará hoy el proyecto de ley que propone un sistema de gerenciamiento de plantas celulosas en la provincia. Cuenta con despacho favorable de la comisión de Producción y podría tener media sanción. Además, se tratará la próxima semana el expediente del Ejecutivo provincial de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.487 de Inversiones Forestales, que implica la prórroga y modificación de la Ley Nacional Nº 25.080 para la inversión de bosques cultivados.
Además, un grupo de diputados peronistas presentó la declaración local de la emergencia alimentaria. La propuesta, que tomará estado parlamentario hoy, es de autoría de Martín Barrionuevo, Alicia Locatelli y Marcos Bassi. Está en consonancia con la normativa nacional que impulsa la oposición en el Congreso de la Nación, la cual podría tratarse este jueves en sesión especial; y con las demandas de movimientos sociales y organizaciones gremiales del país.
La iniciativa propone la declaración de la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia de Corrientes por 180 días. También crea un ámbito de coordinación interinstitucional entre los municipios y representantes del Poder Ejecutivo y de ambas cámaras legislativas.
Por su parte, el diputado peronista Ernesto Meixner presentó la adhesión local al protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Corrientes, al haberse pronunciado por decreto como provincia provida durante  el gobierno de Ricardo Colombi, con apoyo de líderes religiosos, no avanzó con la creación de un protocolo de actuación en las provincias,  como lo había sugerido el Ministerio de Salud de la Nación para los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, desde 1921.
En marzo de 2012, a través del fallo FAL, por unanimidad la Corte Suprema sentó jurisprudencia favorable al aborto no punible, al haber confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que autorizó el procedimiento para una adolescente de 15 años que había quedado embarazada producto de una violación. Entonces, el máximo tribunal expuso la necesidad de garantizar el acceso de las víctimas sin recurrir a sede judicial.
También ingresó a Diputados la adhesión provincial a la Ley Micaela. Esta cuenta con media sanción del Senado y prevé capacitaciones obligatorias en género para las personas que integren los tres poderes del Estado. La iniciativa fue impulsada por el senador radical Noel Breard. El miembro del bloque de la UCR, el diputado Manuel Aguirre, presentó otra iniciativa con perspectiva de género. Promueve la creación del Registro Provincial de Datos Genéticos,  vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, cometidos en la geografía provincial.
Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj), Telmo Fernández, confirmó a El Litoral que volvieron a impulsar un proyecto de ley sobre violencia laboral. El objetivo es erradicar estas prácticas en el ámbito laboral del Estado.
Señaló que la iniciativa se había presentado años atrás, sin embargo, no prosperó. En el período en curso, reiteraron la presentación en Diputados y esperan que  los legisladores de tomen el guante para su análisis.
La semana pasada, en tanto, la Cámara baja dio media sanción al acuerdo de Anses y el Gobierno provincial. El secretario gremial de ATE Corrientes, Walter Zamudio expresó a El Litoral su preocupación porque esto implica “la armonización de la caja provincial”.
“Se perderá el 82 por ciento móvil”, aseveró el referente gremial, quien indicó, buscarán avanzar con una serie de reuniones con otros gremios y autoridades provinciales. El proyecto de aprobación del financiamiento por convenio bilateral entre Anses y la Provincia se remitió al Senado.
Por otra parte, el diputado provincial por el Partido Popular, Javier Saez, impulsó un pedido de informe a la empresa Aguas de Corrientes sobre los motivos de aumento de tarifas. El expediente será tratado la próxima semana.
En tanto, el diputado del monobloque Angel Santos, de origen radical, Diego Pellegrini, promovió una iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo realice las gestiones necesarias para que se revea y deje sin efecto el aumento de tarifas de los peajes concesionados. La propuesta obtuvo despacho favorable de la comisión de Defensa del Consumidor.
De igual modo, se prevé el tratamiento para la próxima semana del proyecto de resolución de Martín Barrionuevo. Solicita a los diputados y senadores nacionales que impulsen la sanción  de una ley de emergencia del sistema para el fomento de la inversión en vivienda para las personas que contrajeron créditos hipotecarios en valores UVA o UVI.
Cabe mencionar, además, que comenzaron las reuniones de la Comisión Mixta que analiza las Cuentas de Inversión que remitió el Ejecutivo Provincial a la Legislatura. 

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Diputados introducirán el debate sobre tarifas, emergencia alimentaria y aborto

Parte del bloque peronista pedirá la emergencia por 180 días. También ingresó la Ley Micaela impulsada por el senador radical Noel Breard. Por otra parte, Meixner,  planteó la adhesión local al protocolo ILE.
 

<p>Cuentas. La Comisión Mixta mantiene reuniones para analizar los números de la Provincia.</p>

Cuentas. La Comisión Mixta mantiene reuniones para analizar los números de la Provincia.

Proyectos sociales, con perspectiva de género y productivos, ingresaron ayer a la Cámara de Diputados. Luego de los meses de aparente calma e incluso de letargo discursivo por el período electoral, la Legislatura introduce una serie de propuestas que actualmente generan debate público, como la emergencia alimentaria y la adhesión local al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El cuerpo tratará hoy el proyecto de ley que propone un sistema de gerenciamiento de plantas celulosas en la provincia. Cuenta con despacho favorable de la comisión de Producción y podría tener media sanción. Además, se tratará la próxima semana el expediente del Ejecutivo provincial de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.487 de Inversiones Forestales, que implica la prórroga y modificación de la Ley Nacional Nº 25.080 para la inversión de bosques cultivados.
Además, un grupo de diputados peronistas presentó la declaración local de la emergencia alimentaria. La propuesta, que tomará estado parlamentario hoy, es de autoría de Martín Barrionuevo, Alicia Locatelli y Marcos Bassi. Está en consonancia con la normativa nacional que impulsa la oposición en el Congreso de la Nación, la cual podría tratarse este jueves en sesión especial; y con las demandas de movimientos sociales y organizaciones gremiales del país.
La iniciativa propone la declaración de la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia de Corrientes por 180 días. También crea un ámbito de coordinación interinstitucional entre los municipios y representantes del Poder Ejecutivo y de ambas cámaras legislativas.
Por su parte, el diputado peronista Ernesto Meixner presentó la adhesión local al protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Corrientes, al haberse pronunciado por decreto como provincia provida durante  el gobierno de Ricardo Colombi, con apoyo de líderes religiosos, no avanzó con la creación de un protocolo de actuación en las provincias,  como lo había sugerido el Ministerio de Salud de la Nación para los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, desde 1921.
En marzo de 2012, a través del fallo FAL, por unanimidad la Corte Suprema sentó jurisprudencia favorable al aborto no punible, al haber confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que autorizó el procedimiento para una adolescente de 15 años que había quedado embarazada producto de una violación. Entonces, el máximo tribunal expuso la necesidad de garantizar el acceso de las víctimas sin recurrir a sede judicial.
También ingresó a Diputados la adhesión provincial a la Ley Micaela. Esta cuenta con media sanción del Senado y prevé capacitaciones obligatorias en género para las personas que integren los tres poderes del Estado. La iniciativa fue impulsada por el senador radical Noel Breard. El miembro del bloque de la UCR, el diputado Manuel Aguirre, presentó otra iniciativa con perspectiva de género. Promueve la creación del Registro Provincial de Datos Genéticos,  vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, cometidos en la geografía provincial.
Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj), Telmo Fernández, confirmó a El Litoral que volvieron a impulsar un proyecto de ley sobre violencia laboral. El objetivo es erradicar estas prácticas en el ámbito laboral del Estado.
Señaló que la iniciativa se había presentado años atrás, sin embargo, no prosperó. En el período en curso, reiteraron la presentación en Diputados y esperan que  los legisladores de tomen el guante para su análisis.
La semana pasada, en tanto, la Cámara baja dio media sanción al acuerdo de Anses y el Gobierno provincial. El secretario gremial de ATE Corrientes, Walter Zamudio expresó a El Litoral su preocupación porque esto implica “la armonización de la caja provincial”.
“Se perderá el 82 por ciento móvil”, aseveró el referente gremial, quien indicó, buscarán avanzar con una serie de reuniones con otros gremios y autoridades provinciales. El proyecto de aprobación del financiamiento por convenio bilateral entre Anses y la Provincia se remitió al Senado.
Por otra parte, el diputado provincial por el Partido Popular, Javier Saez, impulsó un pedido de informe a la empresa Aguas de Corrientes sobre los motivos de aumento de tarifas. El expediente será tratado la próxima semana.
En tanto, el diputado del monobloque Angel Santos, de origen radical, Diego Pellegrini, promovió una iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo realice las gestiones necesarias para que se revea y deje sin efecto el aumento de tarifas de los peajes concesionados. La propuesta obtuvo despacho favorable de la comisión de Defensa del Consumidor.
De igual modo, se prevé el tratamiento para la próxima semana del proyecto de resolución de Martín Barrionuevo. Solicita a los diputados y senadores nacionales que impulsen la sanción  de una ley de emergencia del sistema para el fomento de la inversión en vivienda para las personas que contrajeron créditos hipotecarios en valores UVA o UVI.
Cabe mencionar, además, que comenzaron las reuniones de la Comisión Mixta que analiza las Cuentas de Inversión que remitió el Ejecutivo Provincial a la Legislatura.