El plan de Alberto

Por Emilio Zola

Especial para El Litoral

La visita del presidente Alberto Fernández al premier israelí Benjamín Netanyahu encierra el objetivo central del jefe de Estado para los primeros meses de su gobierno, en los que necesita imperiosamente renegociar los vencimientos de la deuda con los acreedores externos para dedicarse a la recuperación económica prometida en campaña.

El encuentro con el hombre fuerte de Israel resume los objetivos de un Gobierno que hasta ahora concentró sus energías en garantizar liquidez para cumplir con las obligaciones financieras heredadas, con una batería de medidas que trasladó el peso tributario a la clase media y a los exportadores, mientras tejió una red de contención para los sectores más vulnerables.

Los aumentos a la AUH, la Tarjeta Alimentaria, las sumas fijas a los jubilaciones mínimas y la prometida reanudación de paritarias docentes, entre otras decisiones que apuntan a revitalizar el consumo en la base de la pirámide social tienen sabor a poco en un escenario de crisis donde la inflación no cede y a cada minuto aparecen bombas de tiempo que amenazan con disparar el precio del dólar, con todo lo que eso implicaría para los precios de la canasta básica.

En ese campo minado el presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, trazaron un diagnóstico descarnado de la realidad al advertir sobre un stock de deuda que compromete el 90 por ciento del PBI y asciende a 300.000 millones de dólares que condicionan cualquier plan económico.

Allí cobra sentido el viaje de Fernández a Israel, en la primera visita de un presidente argentino a tierra hebrea en 29 años. El objetivo fue claro: producir un acercamiento con uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos como es Benjamín Netanyahu, en una clara demostración de que la política internacional del actual Gobierno argentino poco tendrá que ver con lo dogmático.

Alberto Fernández encabeza una alianza que es definida por la prensa extranjera como “de izquierda”. Pero el Frente de Todos (en el que se incluyen a sectores políticos con pensamientos disímiles), que aglutina tanto al kirchnerismo más rancio como al peronismo federal de los gobernadores, es una arquitectura mucho más compleja en la que reina la lógica del peronismo, ese espacio tan difícil de etiquetar que en los 90 privatizó las empresas del Estado y en los 2000 volvió a estatizarlas.

Desde esa elasticidad ideológica hay que analizar la gestión Fernández, que no vacila en pendular entre medidas de corte social y coqueteos con los líderes del capitalismo mundial. Solamente de esa manera se puede entender su política de achatamiento de la pirámide salarial en beneficio de los que menos tienen y, de consumo, su acercamiento a Estados Unidos en busca de un salvoconducto para estirar los vencimientos de la deuda.

El problema que se plantea en el horizonte cercano es que las palmadas en la espalda de los amigos de Donald Trump puede que ayuden para lograr los votos necesarios en el Fondo Monetario Internacional, pero cualquier negociación que implique un alargamiento de los plazos de pago implicará requisitos que chocan con el esquema de asistencia social instrumentado por el presidente argentino.

El FMI tiene a disposición de sus deudores un plan de pago con plazos más acomodados a la situación de nuestro país. Se trata del plan de facilidades extendidas o EFF (Extended Fund Facility), que exige determinadas metas fiscales y reformas estructurales en el plano previsional y laboral.

Alberto Fernández tendrá que mostrar señales concretas de que tiene herramientas para controlar el déficit fiscal si quiere acceder a la reprogramación de los vencimientos del Fondo. Es por eso que desactivó la movilidad jubilatoria regida por la fórmula de aumentos atados a la inflación que había instrumentado el ex presidente Mauricio Macri.

Por el momento, la respuesta a los jubilados fueron sumas fijas que buscan recuperar el ingreso de los más desvalidos mientras disminuye el ritmo de la recomposición en los niveles más altos de la pirámide. Mientras tanto se diseña un nuevo esquema de mejoras previsionales que no comprometa más de la cuenta el presupuesto nacional, en un momento histórico donde nadie niega que los sistemas jubilatorios de reparto se hallan sumidos en una crisis de financiamiento que obliga a una reconfiguración profunda.

En el plano laboral las decisiones del Gobierno argentino fueron menos impactantes. Se limitaron a sostener las plantillas de trabajadores estatales sin nuevas incorporaciones, mientras que en el campo privado se negociaron aumentos a cuenta de paritarias que no estuvieron a la altura de la escalada inflacionaria (que cerró en 2019 con un porcentaje récord cercano a los 56 puntos).

¿Por qué espera Alberto para abrir formalmente las negociaciones con los gremios? Aspira a una disminución del ritmo inflacionario que resulte palpable en marzo, de forma que las proyecciones para lo que reste de 2020 resulten menos preocupantes. Así, los parámetros de acuerdo salarial –se supone– estarán basados en aspiraciones más racionales que les restarán argumentos a los gremios más insistentes (y poderosos).

Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional tomó en las últimas horas otra medida que apunta a cumplir con las exigencias del Fondo Monetario en el aspecto laboral. Autorizó la creación de nuevos sindicatos en distintos rubros tanto a nivel provincial como nacional, en un evidente movimiento que tiende a recortar el poder de los gremios más influyentes. Entre ellos, se otorgó el visto bueno para el surgimiento del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas, y el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias.

Estas nuevas organizaciones representan una provocación para las agrupaciones que encabezan dos aliados del Gobierno, el camionero Hugo Moyano y el bancario Sergio Palazzo, cuyos afiliados tendrán por primera vez la opción de buscar respaldo sindical en otros derroteros. La tensión que esta decisión generó es evidente, pero la necesidad del Gobierno pesa más: Alberto Fernández busca quebrar el monopolio sindical para negociar sin las amenazas de paralización que en su momento sufrieron tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri.

Blanco sobre negro, el Gobierno nacional aplica una receta mixta en la que por un lado toma decisiones de espíritu igualitario y, por otro, no vacila en anticipar que buscará contener al máximo posible los aumentos salariales para disminuir el peligro inflacionario.

Sin ataduras ideológicas, su plan tiene lógica y resulta atractivo para los mercados por cuanto muestra voluntad de pago, mantiene el dólar pisado por cepo que instauró el macrismo en sus estertores y aplica una carga impositiva extra a los sectores menos afectados por la crisis.

De la misma forma, resta capacidad de atesoramiento de dólares a los pequeños ahorristas y busca estimular el gasto doméstico en bienes de consumo. En el rubro turístico este fenómeno se expresa en la exitosa temporada de verano en los destinos típicos de nuestro país.

La pregunta es si todo esto alcanza para convencer a los acreedores que la Argentina es viable y digna de ser favorecida con una nueva mecánica de repago. La figura de Martín Guzmán pesa a favor de esa posibilidad y el abrazo con Netanyahu fortalece tal posibilidad, pero nada hasta ahora, nada está garantizado.

Por las dudas, Alberto cubrirá también el flanco religioso con una plegaria en pleno Vaticano y la no menos gravitante bendición de Francisco, el Papa argentino.