Con dos votos negativos del senador Mauricio Espínola y Pedro Braillard Poccard, contra uno positivo, de la senadora Ana Almirón, el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina fue convertido en ley ayer en el Senado de la Nación con 38 votos positivos sobre 29 negativos y una abstención.
Luego de la aprobación de la IVE el senador nacional por Corrientes Pedro Braillard Poccard, en diálogo con Radio Sudamericana “No se puede comparar este proyecto con ningún otro porque acá se trata de la vida, no de derechos ni de relaciones como pasaba con el divorcio y el sufragio femenino. Ni el propio ministro de Salud supo definir lo que era el feto, diciendo que era “un fenómeno”, destacó el senador correntino.
Por otro lado, también se refirió a la concepción que se tiene de Corrientes como una provincia “pro vida”. “Obvio que nadie puede reflejar la opinión de la sociedad, sino que acá nos referimos a lo institucional. No hay necesidad en el medio de una pandemia de tratar esto, sinceramente. La responsabilidad que esta ley les pone a los profesionales de la salud es algo que no puedo entender. Lo que no está resuelto aún es el tema de las provincias que tienen legislaciones y constituciones propias”, amplió Pedro Braillard Poccard.
“Reconozco que soy hombre y es mucho más cómoda mi parte en esta cuestión, pero debo decir que la mayor vehemencia en la defensa de esta posición la tienen las senadoras, tanto en contra como a favor de este proyecto”, concluyó el senador correntino.
Movilidad
Mientras se trataba la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado Nacional, en la Cámara Baja del Congreso se debatía la nueva movilidad jubilatoria y en este sentido, la diputada nacional Ingrid Jetter del PRO, comenzó su alocución diciendo que “antes de empezar quiero dejar plasmado que esto es una estafa y no lo podemos negar, por algo organizaron el mismo día que el aborto, si era un festejo y algo bueno, hubieran organizado otro día”.
“En el 2017 se sancionó una ley de movilidad jubilatoria. Su fórmula preveía un 70 por ciento basado en el índice de precios y el 30 por ciento en los salarios. El 21 de diciembre se sancionó la famosa Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que dejó sin efecto esa ley y dio discriminatoriamente al Presidente de la Nación por 180 días la atribución de dar por decreto los aumentos a los jubilados. También se formó una comisión, que fue una falacia. Hubo gente que trabajó en esa comisión, pero fue una cortina de humo, porque finalmente se prorrogó la atribución del Presidente hasta el 31 de diciembre para seguir aumentando por decreto. Y al fórmula no salió de esa comisión, salió del Ejecutivo y la terminó de definir la vicepresidente. El proyecto que hoy estamos debatiendo viene del Senado”.
“En el 2020, los decretos del Presidente hicieron que los jubilados de la mínima tuvieran un 35 por ciento de aumento y los de la máxima un 24 por ciento y si hubiera seguido la Ley de Movilidad del 2017 hubieran tenido un 42 por ciento de aumento. No apoyo esta fórmula porque no protege a los jubilados de la inflación, porque es inconstitucional, porque no es trasparente. Lamento que también va a perjudicar a los jubilados del futuro”, dijo.
En síntesis, los diputados nacionales por Corrientes Jorge Vara, Estela Regidor, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, en Juntos por el Cambio votaron en contra, en tanto, los diputados Antonio Romero, Nancy Sand y José Arnaldo Aragón en el Frente de Todos, votaron a favor de la nueva norma que incluye una nueva fórmula previsional que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial.
