Por el Agr. Julio J. Palmeyro
En el plano Jurídico institucional, el Norte Grande es una región creada por las 9 provincias en el marco de lo prescripto por la Constitución Nacional (Reforma 1994).
La región ha dado su propia organización institucional mediante el Tratado de Integración (09/04/99); sus leyes provinciales ratificatorias; la correspondiente Comunicación al Congreso nacional; y el respectivo Estatuto de Funcionamiento del Consejo Regional del Norte Grande (Asamblea de Gobernadores año 2004). Es un sujeto de Derecho Público, con plena capacidad institucional.
La máxima autoridad (política) del Consejo Regional es la Asamblea de Gobernadores.
La ejecución de las acciones, que como región se emprendan están a cargo de la Junta Ejecutiva, y por debajo de ella el Comité Coordinador. Cada Estado miembro debe designar un representante en la Junta Ejecutiva.
Todo lo referido es lo que establecen el Tratado de Integración y el Estatuto del Consejo Regional.
Si las provincias designaran sus representantes en la Junta Ejecutiva, con sólo eso, se daría continuidad al proceso de integración.
Cumplida esa medida, la región, en el plano Político- Institucional, tendría efectiva capacidad de acción.
Las causas y las consecuencias
Sabiendo, como saben en sus fueros más íntimos los Sres. Gobernadores, y que algunos expresan claramente y en forma pública, que el federalismo no existe; que la regionalización, como expresión institucional de la integración, sería una poderosa herramienta para darle real vigencia a ese precepto incumplido históricamente; que jamás tendremos una Argentina Federal si no impulsamos y concretamos el imprescindible rebalanceo geo-político del país, que a través de la regionalización sin duda alguna se produciría; que tenemos, como región, 27 senadores y más de 65 diputados en el Congreso nacional; que siendo región, y actuando como tal, se puede tener presencia e ingerencia real en los procesos de concreción de los Grandes Emprendimientos Regionales cuyas sumas de previsión de Inversiones sobrepasa los USD 11.000 millones, y cuyos ámbitos de decisión escapan totalmente a las posibilidades de acción de cada provincia individualmente considerada; que aún en el marco de los intereses superiores de la Nación, debe existir una visión regional de nuestra realidad y nuestras necesidades, traducidas en políticas y estrategias que se plasmen en Planes Directores Regionales, al estilo del Plan Director Regional de Trasporte del Norte Grande, que ya existe desde el 2002; que en ese camino recorrido, entre 1998 y 2003, hubo 14 Acuerdos de Acción Conjunta en el seno de la Comisión Interministerial Regional, sin continuidad posterior por no estar conformada la Junta Ejecutiva que prevé el Estatuto.
Ahora bien. Si todo esto se sabe, ¿Cuál es la causa por la que se mantiene “suspendido” el proceso de Integración del Norte Grande, en el que sólo bastaría la mencionada designación de Representantes en la Junta Ejecutiva para darle plena vigencia?
La causa es una omisión de acción, esa que ya señalamos en cuanto a la falta de designación de los Representantes en la Junta Ejecutiva. ¿Y entonces? ¿Hay razones que la justifiquen?
Las respuestas no son sencillas. Están en el plano político.
La respuesta objetiva es no. No hay ninguna razón para frenar un proceso que implicaría una base sólida, y estable por décadas, de transformación estructural de nuestra realidad económica y de nuestra realidad social a nivel de toda la Región del Norte Grande.
Pero la respuesta subjetiva fue, hasta ahora, sí.
Hubo razones para tal omisión.
Humanas. Comprensibles. Pero subalternas.
Hubo Gobiernos provinciales que prefirieron sacar individualmente las ventajas que les podría asegurar una circunstancial relación privilegiada con el Gobierno nacional. Pero eso no sirve a mediano y largo plazo. Eso atenta contra la integración. Y, además, conlleva el riesgo seguro, pues la tortilla se da vuelta alguna vez, que sus pueblos paguen con sufrimiento ese “error” en términos de alta política.
Y, como consecuencia de esa omisión (que congeló el proceso de integración del Norte Grande) podemos ir al terreno práctico de los ejemplos.
Los créditos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habilitó para el “Programa de Integración y Desarrollo del Norte Grande” por más de USD 2.350 millones no los administró ni administra la región (pues por falta de Junta Ejecutiva no tuvo ni tiene capacidad de acción concreta), sino que los administró desde el año 2007 el Gobierno nacional discrecionalmente. ¿Está claro no? Por ejemplo la provincia de Corrientes, hasta septiembre del 2010, con más de 2 años de vigencia del programa citado, no había tenido acceso a un sólo dólar. En 2012, como para que los correntinos no podamos seguir diciendo lo mismo, se le autorizó a Corrientes una licitación por USD 30 millones. No cambia nada. La omisión (de la existencia de la Junta Ejecutiva) tuvo a esta del ejemplo, como una de sus consecuencias palpables. Y, otras consecuencias menos graves, pero que sólo suman confusión y mal gasto. Como por ejemplo, con la intervención de consultores contratados en el marco del P.N.U.D., la generación de procesos de integración del NOA, por un lado, y del NEA por otro lado, cuando que ya existe el Norte Grande bajo un Tratado de Integración, ratificado por leyes provinciales, y con un Estatuto de Funcionamiento del Consejo Regional.
El actual Gobierno nacional, Transformó el “Plan Belgrano” en una Unidad Operativa con Real Capacidad de Ejecución.
Esa es una decisión política muy importante para el Norte Argentino.
Coincido plenamente con la opinión vertida respecto al proceso de Integración del Norte Grande, por el Sr. Hipólito Ruiz en Norte del 11/11/20, Pág. 8 (Rural): este es el momento de que la región tenga voz y acción, en coordinación con la Unidad Plan Belgrano Norte Grande creada a nivel nacional.
Conclusión y algunas consideraciones finales
La principal conclusión es que la integración regional debe ser incorporada como Política de Estado a nivel de cada Gobierno, de cada una de las Provincias del Norte Grande, pues lo que está en juego es demasiado importante para descuidarlo: el posible mayor bienestar de nuestros pueblos.
En cuanto a qué se debería tener en consideración:
Que el pequeño paso que falta para dar a la región real capacidad de acción, dándole continuidad al proceso de integración, está exclusivamente en ámbito de decisión de los Poderes Ejecutivos de las provincias.
Que, en términos de la alta política transformadora que Argentina necesita, la regionalización es un salto cualitativo equiparable a cualquiera de las grandes epopeyas de nuestra historia nacional. Esa es la real dimensión.
