El Estado nacional solicitó a la Corte que revise la condena a un ex concejal

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en representación del Estado, se presentó ayer como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia por la causa del ex concejal de Goya, Ariel Pereira, quien fue condenado a dos años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un presunto fraude a la administración pública. Acusación que desde su defensa sostienen que carece de validez e insisten en que no se respetó el debido proceso y que inclusive su detención -en octubre del 2019- se concretó de manera irregular.

En agosto del año pasado, el abogado defensor de Pereira, Pablo Fleitas, presentó un recurso de queja en la Corte a través del cual solicitó la nulidad de la condena del mencionado dirigente por una serie de supuestas anomalías que se habrían registrado durante el proceso judicial.

Y precisamente, quien es esposa del ex edil y actual concejal de Goya, Lorena Pérez Carballo, tiempo atrás también denunció esas presuntas irregularidades ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Tras analizar lo expuesto, Horacio Pietragalla -en carácter de titular del mencionado organismo- solicitó que la secretaría “sea tenida como amicus curiae en el presente recurso”. Una determinación que fundamentó con una serie de hechos registrados en la causa contra el ex concejal.

Según lo expresado por Fleitas a El Litoral, el primer argumento esgrimido  es que Pereira quedó absuelto del juicio político porque en ese proceso se determinó que no presentó ninguna documentación apócrifa para cobrar un adicional de $238 por un título universitario que no tenía. Y como percibió ese monto durante 19 meses, el total de lo cobrado fue de $4.525. Una cifra que Pereira inclusive planteó devolver. Sin embargo, no le dieron lugar a su propuesta.

El segundo ítem planteado por Pietragalla en base a lo denunciado por Pereira es que el mismo juez que ejerció ese rol en la instrucción, también actuó en el juicio, “lo que viola la garantía de juez imparcial”, acotó. Pero además de eso, señaló que dicho magistrado “se desempeñaba como jefe de personal de la Municipalidad y era el responsable de los pagos de los adicionales”, entre ellos, por el cual condenaron a Pereira.

Pero además, lo que consta en el amicus curiae es que “considerando ese antecedente, el juez no solo no se inhibió sino que sobreseyó a las otras 19 personas -tres empleadas del Concejo y las demás del Ejecutivo- que estaban en la misma situación que mi defendido. Es decir, ante una misma situación el juez condenó a Pereira y sobreseyó a todos los demás”, comentó Fleitas a este medio gráfico.

A lo que agregó: “También fueron desechadas todas las pruebas documentales que presentamos y hasta los testigos. Y el argumento siempre fue que los escritos o testimonios eran rubricados por amigos o integrantes del mismo partido político que Pereira. Hasta cuando fundamentaron que la prisión fuera efectiva, el sustento fue que su pareja es concejal del mismo signo político que él. Claramente, si Pereira no tuviera una determinada ideología no estaría condenado y menos aún privado de la libertad”.

Argumento

Precisamente, cada una de esas presuntas anomalías fueron expuestas por Pérez Carballo ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Un organismo que consideró “verosímil la denuncia”, en especial “teniendo en cuenta la levedad del delito por el cual ha sido condenado Pereira, y la llamativa circunstancia de que se le halla ordenado el cumplimiento efectivo de la pena de prisión cuando por el tiempo de la condena (2 años) y su falta de antecedentes, lo adecuado hubiese sido una condena condicional, tal como solicitó la parte acusadora (fiscal)”.

Luego, en la presentación remarcaron: “El interés de esta Secretaría radica exclusivamente en que sea abierta la queja interpuesta por la defensa de Pereira y que se trate el recurso extraordinario federal con el único fin de que otros jueces por fuera del ámbito provincial puedan evaluar el cumplimiento o no del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de razonabilidad y no discriminación por razones políticas para la imposición de la pena de prisión efectiva e inhabilitación perpetua”.

Mientras que en el tramo final del escrito, desde la Secretaría de Derechos Humanos se refirieron a las funciones que cumplen y, en este sentido, destacaron que “se presenta ese amicus curiae con el objetivo de hacerle llegar nuestra preocupación por que se abra el recurso de hecho interpuesto en la presente causa con el fin de evitar cualquier violación a los tratados internacionales de derechos humanos”.

Detención

En paralelo a esta presentación, cabe recordar que Pereira aguarda una respuesta al recurso que tiempo atrás presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) porque considera que su detención es ilegal. Una cuestión no menor considerando que el ex concejal está detenido hace más de cuatro meses.